Esta sentencia firme representa el primer caso de exhumación judicial en el Valle de los Caídos que aplica el articulado de la perpetua memoria. Este procedimiento de jurisdicción voluntaria, utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias, fue rescatado por el Tribunal Supremo en un auto de 2012 donde cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que datan de 1881, a los que el abogado Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. Esto no afectó al procedimiento de la famila Lapeña porque su proceso había comenzado antes del cambio.
27 de julio de 2016
Patrimonio Nacional da luz verde a la primera exhumación en el Valle de los Caídos
Patrimonio Nacional da luz
verde a la primera exhumación en el Valle de los Caídos
El Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial ha
autorizado a la recuperación de los restos de dos hermanos que fueron fusilados
en Calatayud (Zaragoza)
Dos turistas
visitan el Valle de los Caídos. FRANCISCO SECO AP
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EL PAIS - Madrid 26 JUL 2016 - 15:56 BRT
Los restos de Manuel y Antonio Lapeña, hermanos asesinados en 1936 por
falangistas, deben ser exhumados del Valle de los Caídos. El juzgado 2 de San Lorenzo de El Escorial reconoció en mayo “el derecho a digna sepultura” reclamado por familiares de las víctimas.
Patrimonio Nacional, responsable del Valle de los Caídos, dijo ayer que cumpliría las resoluciones judiciales "escrupulosamente" y
“en cuanto se notifiquen”. La
notificación ha llegado, pero el organismo reclama ahora dos informes antes de
abrir el mausoleo franquista. “Aún no nos ha autorizado”, denuncia el abogado
de la familia. “Está dilatando la aplicación de una sentencia firme”.
En julio de 1936, Manuel Lapeña fue sacado de la cárcel de Villarroya de
la Sierra, localidad cercana a Calatayud, por miembros de la Falange. Estaba en
prisión porque era uno de los fundadores de la delegación comarcal del
sindicato CNT. Fue fusilado en el barranco de la Bartolina, a las afueras del
pueblo zaragozano. Allí mismo fue enterrado en una fosa común. Su hermano
pequeño, Antonio, había conseguido escapar de los falangistas, pero decidió
entregarse a los franquistas; le asesinaron en la tapia del cementerio del
pueblo. Su cuerpo acabó en el mismo paraje que el de su hermano.
Más de dos décadas después, en 1959, el Ministerio de Gobernación de
Franco (homólogo al Ministerio de Interior actual) decidió trasladar los
cuerpos de varias fosas comunes al Valle de los Caídos. Entre ellas estaba la
que se ubicaba cerca del Barranco de la Bartolina. Así lo certificó el abad
benedictino de la basílica de Cuelgamuros. Los apuntes son tan exhaustivos que
incluso detallan la posición de los restos procedentes de esa comarca: en el
columbario del tercer piso de la Cripta del Sepulcro. Los hermanos Lapeña
acabaron enterrados junto a Franco y Primo de Rivera.
“Mi padre está enterrado junto al asesino, al mayor
criminal. ¡Es un insulto!”,
contaba el pasado mayo a EL PAÍS Manuel Lapeña, de 93 años. “Quiero enterrarlo
como es debido, junto a mi madre, en su pueblo”. Hace dos meses, el juzgado de
Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial reconoció “el derecho
a la digna sepultura” reclamado por la familia Lapeña: avaló exhumar los
cuerpos. Pero Patrimonio Nacional, organismo que gestiona el Valle de los
Caídos, dijo que la sentencia no era firme. Ahora lo es.
“En un primer momento [la demanda comenzó en 2012 por la vía penal y
arrancó de nuevo en 2014 por la civil] Patrimonio aportó un informe que
afirmaba que no se podía exhumar en el complejo. Después, el organismo se negó
a acatar la sentencia y reclamó la firmeza de la decisión judicial. “Ahora nos
encontramos que dicen que dan luz verde a la exhumación, pero han pedido dos
informes más”, lamenta Eduardo Ranz, abogado que ayuda desinteresadamente a
familiares de represaliados y que representa a la familia Lapeña. Aunque
Patrimonio repite que cumplirá “escrupulosamente” las resoluciones judiciales
en cuanto se notifiquen, ha solicitado un informe al Consejo Médico Forense,
órgano consultivo del Ministerio de Justicia, y otro al Instituto de Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja, en Zaragoza, para estudiar el estado de las
galerías. “Lo hacen ahora, cuando podían haberlo hecho antes”, apunta el
abogado Ranz. El organismo repite que en cuanto tenga ambos informes, procederá
a cumplir la sentencia: abrirá las puertas del mausoleo franquista.
Las primeras reclamaciones de la familia Lapeña arrancaron en 2012: “En
noviembre de 2012 fuimos por la vía penal”, recuerda el abogado de la familia
Eduardo Ranz. El proceso lo inició Purificación Lapeña, nieta y sobrina nieta
de los asesinados, y su padre Manuel, de 93 años. El caso pasó por el
Constitucional y llegó a la Corte de Estrasburgo, pero nunca se les reconoció
el derecho a la exhumación de los cuerpos de sus familiares.
En 2014 iniciaron la reclamación por la vía civil. Y en mayo de este año
un juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) dio la razón a la familia.
Patrimonio consideró que la sentencia no era firme. Ahora lo es y la familia
puede exhumar los restos.
“Esa respuesta en ningún caso se corresponde con el cumplimiento del
auto”, denuncia Ranz, que se queja de que “están dilatando la entrega inmediata
de los cuerpos”. “Así no están haciendo ningún favor a nadie. Deberían cumplir
la Constitución”, añade el letrado.
Esta sentencia firme representa el primer caso de exhumación judicial en el Valle de los Caídos que aplica el articulado de la perpetua memoria. Este procedimiento de jurisdicción voluntaria, utilizado a principios del siglo XX para cuestiones de herencias, fue rescatado por el Tribunal Supremo en un auto de 2012 donde cerraba la vía penal para investigar los crímenes del franquismo, pero señalaba la civil. Sin embargo, el año pasado, el Gobierno de Rajoy derogó los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que datan de 1881, a los que el abogado Ranz había recurrido para solicitar la exhumación. Esto no afectó al procedimiento de la famila Lapeña porque su proceso había comenzado antes del cambio.
De Cervantes a Neruda
La familia ya cuenta con la ayuda de un reconocido equipo forense: el de
Francisco Etxeberria, que ha abierto cerca de 200 fosas comunes del franquismo
y ha examinado los restos de Miguel de Cervantes, de Lasa y Zabala, del
expresidente chileno Salvador Allende o del poeta Pablo Neruda. Exhumar en el
Valle de los Caídos sería uno de sus grandes retos profesionales: “No hay
ningún sitio igual en el mundo”, reconoce el forense.
Por ahora tendrán que esperar a los informes reclamados por Patrimonio:
“Puede retrasar la aplicación de la decisión judicial más o menos un año”, dice
Ranz, “pero se la sentencia es firme y se va a aplicar”. Han pasado 57 años desde que los cuerpos de los
hermanos Lapeña fueran trasladados al Valle de los Caídos. Un año parece poco tiempo, pero para Manuel Lapeña es demasiado: tiene
93 años y quiere enterrar a su padre y a su tío con su familia.
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