8 de julio de 2016
Interior reabre el CIE de Barcelona pese a la orden de cierre de Colau
Interior reabre el CIE de
Barcelona pese a la orden de cierre de Colau
La alcaldesa advierte al Ministerio de que puede multarle o precintar el
CIE si lo reabre
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Barcelona 7 JUL 2016 - 11:02 BRT
El CIE de la Zona Franca de Barcelona. M. MINOCRI / EL PAÍS VÍDEO
El Ministerio del Interior decidió este jueves precipitar la apertura
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en
Barcelona, después de que la alcaldesa Ada Colau ordenase el
cierre alegando que no tiene una licencia de actividad adecuada. El CIE llevaba ocho meses clausurado por unas obras de reforma
instadas judicialmente para cumplir con los derechos de los internos. Desde
entonces, Colau dejó clara su intención de que no volviese a funcionar. “Es una
provocación y un menospreció al Ayuntamiento”, criticó el teniente de alcalde
Jaume Asens, que tomará medidas “coercitivas”, como multar o precintar el
centro. Llegado este último caso, el precinto se notificaría con 48 horas de
antelación.
El pulso entre ambas administraciones empezó el miércoles por la tarde,
cuando la alcaldesa Colau llamó a la delegada del Gobierno en Cataluña, María
de los Llanos de Luna, para decirle que había dictado una resolución conforme
ordenaba el cierre. Al día siguiente, el Ayuntamiento envió una notificación
formal a la Jefatura Superior de Policía.
Poco después, a las diez y media de la mañana, el teniente de alcalde
Asens, un abogado reconocido en su lucha contra este tipo de instalaciones, dio
una rueda de prensa en la que dejaba claro que no pensaban permitir la
reapertura del CIE, que definió como “un agujero negro de la democracia”.
“Tiene una licencia para unas actividades que no se corresponden con lo que
hacen”, dijo, y citó como ejemplo que en la definición de las mismas constaba
una enfermería para animales o una galería de tiro. El CIE de la Zona Franca
abrió en 2005 y desde entonces “ha estado en situación irregular, fuera de
derecho, sin licencia ni satisface los requisitos de seguridad”.
Prácticamente a la vez, desde el Ministerio se fraguaba la respuesta al
desafío municipal. Pasada la una de la tarde, se comunicaba oficialmente a los
policías que trabajaban en el CIE, que se encontraban en nuevos destinos, que
debían presentarse a primera hora de la mañana de hoy en las instalaciones. El
Ministerio todavía no lo reconocía oficialmente, pero eso de facto suponía el
primer paso para la reapertura.
Dos horas después, y ya de manera oficial, la Delegación del Gobierno
informaba de la reapertura, que se hizo efectiva a las cuatro de la tarde. Al
complejo llegaron los primeros policías, aunque el centro no estará a pleno
rendimiento hasta dentro de unos días, cuando se trasladen a los internos que
se reubicaron en los CIE de Valencia y Madrid. También avisó a la Fiscalía, a
los juzgados que tutelan la instalación —el 1 y el 30 de Barcelona— a la juez
decana de la ciudad, y advirtió que recurrirán judicialmente la decisión del
consistorio. Su principal argumento es que una instalación de ese tipo no
necesita licencia de actividad.
La contienda acabó con otra rueda de prensa municipal. “Es una
provocación y un menosprecio al Ayuntamiento de Barcelona”, criticó Asens, que
compareció flanqueado por concejales de ERC, CiU, PSC y la CUP, que apoyaron la
decisión del ejecutivo municipal. Explicó que el primer paso que darán será
comprobar que realmente se ha retomado la actividad. Luego decidirán si multan
o si decretan el precinto de las instalaciones.
El CIE cerró el 5 de noviembre del año pasado después de que los jueces
que lo supervisan ordenasen una serie de mejoras en el centro, como que las
habitaciones tengan baños, que se pueda regular el agua de las duchas, que no
haya objetos punzantes o que se eliminen las separaciones físicas en las salas
de visitas.
El Parlamento catalán, la Generalitat, el Ayuntamiento y la plataforma
Tanquem els CIE’s aprovecharon para pedir que no se volviese a reabrir el
centro porque consideran que vulnera los derechos de las personas que por
cometer una infracción administrativa, como no tener regularizada su residencia
en España, pueden estar 60 días encerrados y luego ser deportados.
El Ministerio ya advirtió en todo momento que lo reabriría. Y señaló que
la instalación era fundamental para expulsar a inmigrantes con antecedentes
policiales o aquellos con condenas que se les conmuta por la expulsión. La
Policía señaló que de las 366 personas que expulsaron del CIE de Zona Franca,
362 tenían antecedentes. Asens rebatió que Barcelona ha funcionado ocho meses
sin CIE y no ha pasado nada. Aun así, fuentes policiales aseguran que se han
seguido derivando inmigrantes a los centros de Valencia, Madrid y Murcia, lo
que ha provocado saturación en los mismos.
Interior tenía previsto inicialmente que la infraestructura funcionase
de nuevo el 14 de junio. Y así se lo hizo saber los policías, que empezaron a
prepararse. Pero después de que la fecha se hiciese pública, el Ministerio
reculó y pospuso la reapertura a después de las elecciones.
A partir de entonces todo fue una gran incógnita. Desde la Jefatura, no
acabó de darse una fecha definitiva a los agentes. Y la situación pasó de
“apertura inminente” a quedar postergada por “flecos administrativos”. Fuentes
policiales aseguran que la puesta en marcha precipitada de ayer respondió
únicamente a la ofensiva del Ayuntamiento.
“Todo el apoyo a Ada Colau y al cierre del CIE. Se demuestra, sin
embargo, que para vivir sin CIE tenemos que vivir antes sin un Estado en
contra”, escribió a través de Twitter el consejero de Asuntos Exteriores, Raül
Romeva. La titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, también se
postuló a favor del cierre del CIE y pidió que se busquen otras fórmulas para
tratar el problema de los extranjeros en situación irregular. Asens avisó de
que en septiembre técnico del Consejo de Europa visitarán el CIE para comprobar
si cumple con los estándares de Derechos Humanos.
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