El Gobierno pide al
Constitucional que abra la vía penal contra Forcadell
La presidenta del Parlamento catalán dice que el Ejecutivo "está
coartando la libertad de expresión"
La presidenta del
Parlamento catalán, Carme Forcadell. ALEJANDRO GARCÍA EFE
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Madrid 29 JUL 2016 - 08:53 BRT
El Gobierno en funciones ha pedido este viernes al Tribunal
Constitucional que abra la vía penal de la presidenta del Parlamento de
Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias. La número dos del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha informado tras el Consejo
de Ministros de que este es uno de los puntos del incidente de ejecución
que presentará ante el Constitucional.
La
vicepresidenta ha explicado que el Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del
Parlament, un
requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la
Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con
esa resolución y que el Constitucional deduzca testimonio de particulares para
exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por
incumplir el mandato.
Forcadell
ha considerado, sin embargo, que "sería profundamente
antidemocrático" ser inhabilitada a causa de la aprobación de las conclusiones
de la comisión de estudio del proceso constituyente,
que se votaron a pesar de que el Constitucional había advertido de que
vulneraban la Constitución. La presidenta de la Cámara ha señalado, además, que la decisión del Gobierno central no servirá para resolver la
cuestión catalana. "El Gobierno está coartando la libertad de expresión
del Parlament y de los diputados. No quieren que debatamos. Es muy
triste", ha dicho en declaraciones a TV3, justo después del anuncio de la
vicepresidenta. Según Forcadell, ella se limitó a "hacer lo que tenía que
hacer". "No se puede pedir ni a la presidenta del Parlament ni a
nadie que renuncie a sus ideas", ha dicho.
El Gobierno ha decidido en el Consejo de Ministros presentar ante el
Constitucional un incidente de ejecución para forzar su pronunciamiento contrala resolución del Parlamento de Cataluña que ha
aprobado las conclusiones del denominado proceso constituyente
y que abren una vía unilateral a la independencia. Ese ha sido el encargo a la
Abogacía del Estado que estudió y acordó la comisión de subsecretarios y
secretarios de Estado, dirigida por Santamaría. La vicepresidenta en funciones
justificó esta acción, que ya se ha tomado en otras ocasiones durante la deriva
independentista, ante la "contumacia" en la actuación de los
representantes del Parlamento catalán contra los intereses y derechos de todos
los españoles.
La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y
la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar conclusiones de la comisión de estudio del proceso
constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía
unilateral de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de
noviembre, y el prólogo de la cuestión de confianza de Carles Puigdemont. La
unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa
prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones,
se negó a votar.
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