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6 de diciembre de 2018

El Rey: “Transcurridos 40 años, la democracia está firme y consolidada”


El Rey: “Transcurridos 40 años, la democracia está firme y consolidada”
Felipe VI insta a sumar los logros de la Ley Fundamental a los cambios en la manera de vivir de los españoles


EL PAIS -  Madrid 6 DIC 2018 - 17:23 BRST

La Reina y la Princesa de Asturias aplauden la intervención de Felipe VI en el Congreso de los Diputados en los actos de conmemoración del 40º aniversario de la Constitución. KIKO HUESCA EFE

La Constitución, “el pacto por la convivencia de los españoles” como lo definó este jueves el Rey en el acto celebrado en el Congreso de los Diputados, ha cumplido cuatro décadas con los partidos bregando por su reforma sin consensoy en medio de una convulsión política con riesgo de secesión territorial y regresión. El jefe del Estado afirmó que, transcurridos 40 años, “la democracia está firme y plenamente consolidada”, aunque “para avanzar”, instó a “sumar ese inmenso patrimonio de libertades, derechos y bienestar” logrado con la Constitución a la “voluntad de ir adaptando” la manera de vivir los españoles “a la realidad de cada momento”.

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Las palabras del Rey no desentonaron en un contexto en el que varias formaciones demandan adaptar la Ley Fundamental a las nuevas circunstancias de España. Sin embargo, el Rey, centrado en el papel que le reserva la Constitución, no hizo ninguna alusión directa a esa posibilidad, aunque sí se refirió a las guías sobre las habría de transcurrir ese proceso, que no son distintas a las que propiciaron hace 40 años ese “pacto de convivencia de los españoles”.
Para el jefe del Estado, la de 1978 “no es una Constitución más” en la historia de España, sino “la primera realmente fruto del acuerdo”, “la primera que no divide a los españoles sino que los une”, la que pone de manifiesto que “la España de hoy es muy diferente a la de aquel 6 de diciembre de 1978”, cuando se aprobó en referéndum.

Felipe VI no se limitó a recordar, reconocer y reivindicar los ideales y valores en los que entonces confluyeron los españoles, cuando la Constitución permitió a España el acceso a la democracia y a la modernidad. El Rey miró hacia el futuro y, remarcando la vigencia de esos pilares esenciales, apeló a mantener ese “espíritu de reconciliación” que propició el instrumento que “ha traído el mayor desarrollo de la historia de España”.

“La Constitución es un mandato permanente de concordia entre los españoles; la voluntad de entendimiento, a través de la palabra y la razón y el derecho; la vocación de integración respetando nuestras diferencias y nuestra diversidad; y el ánimo, solidario y generoso, que edifica y cohesiona la fibra moral de nuestra sociedad”, destacó en un acto que reunió a los poderes del Estado y a los actores de la Transición, así como a los representantes de la mayoría de los partidos.

En el largo discurso del Rey no hubo hueco para los problemas derivados del intento de secesión de Cataluña, aunque planearon en el contexto de su defensa de la Constitución como “la culminación de un proceso que supone el mayor éxito político de España”. En ese sentido, resaltó el espíritu integrador de la sociedad española: “una vocación integradora que no supone uniformidad, ni significa olvidar o suprimir la diversidad territorial, ni negar la pluralidad, sino asumir y reconocer a todas ellas en una realidad nacional común en la que caben diferentes modos de pensar, de comprender y de sentir”. “Una España”, añadió, “que es de todos, construida por todos y sentida y compartida por todos”.

Los Reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, en el hemiciclo.
Los Reyes eméritos Juan Carlos y Sofía, en el hemiciclo. ZIPI EFE

Felipe VI reconoció el trabajo de su padre y de los ponentes de la Ley Fundamental, tuvo palabras de recuerdo para “los españoles que perdieron su vida por la sinrazón terrorista” y celebró que los valores constitucionales impregnen la vida diaria, personal y colectiva de los españoles. “El sentimiento constitucional, consciente o a veces inconscientemente, está hondamente asentado en nuestras actitudes porque la Constitución es el alma viva de nuestra democracia. Una democracia que no tiene vuelta atrás en el sentir y las conciencias de los españoles”, defendió.

El acto celebrado en el Congreso, al que, junto a los Reyes, asistieron don Juan Carlos, doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía, transcurrió con normalidad, solemnidad y sin el menor incidente, a pesar del habitual clima de tensión política que soporta el hemiciclo. Los diputados de Unidos Podemos se limitaron a no aplaudir a los Reyes y a exhibir un pin alusivo a la República para manifestar su exigencia de reforma constitucional y su posición contra la Monarquía. El Rey, que terminó su discurso con un agradecimiento en las cuatro lenguas del Estado, afirmó que “la Corona está ya indisolublemente unida —en la vida de España— a la democracia y a la libertad”.

A su llegada a la carrera de San Jerónimo, los Reyes fueron recibidos por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; los del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero; el del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas. Felipe VI y Juan Carlos I fueron saludados ya en el Salón de los Pasos Perdidos por los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como los ponentes de la Constitución Miquel Roca, Miguel Herrero de Miñón y José Pedro Pérez Llorca.

RECONOCIMIENTO A JUAN CARLOS I
La ceremonia del aniversario de la Constitución también supuso un acto de reconocimiento de los poderes del Estado a la figura de Juan Carlos I por su labor en el tránsito de España a la democracia. Subsanado el error que lo orilló en el 40º aniversario de las primeras elecciones democráticas, su presencia destacada, junto a los presidentes y los ponentes, significó su recuperación como activo de la Corona tras los escándalos que forzaron su abdicación y lo apartaron de la primera línea de la agenda de La Zarzuela. Juan Carlos I fue recibido en el hemiciclo con un sostenido aplauso de la mayoría de diputados, excepto los de Unidos Podemos, que permanecieron de pie guardando el respeto. Con la presencia de los dos reyes y la princesa Leonor, la ceremonia trató de proyectar la idea de solidez y continuidad de la Corona hacia el futuro.


11 de diciembre de 2017

TRIBUNA Los enemigos de la Constitución

Los enemigos de la Constitución
El independentismo catalán no es la enfermedad, sino el síntoma más grave de la pérdida de ilusión en algo que nos una en España. La confianza entre ciudadanos y sus representantes se ha roto


EDUARDO ESTRADA


Los enemigos de la Constitución
La Constitución roza los 40 años, la edad del demonio meridiano contra el que proviene el salmo 91. El azote que devasta en las horas centrales del día, las de mayor calor, cuando uno está más débil. En la tradición monacal, a esa hora se produce el peor ataque: la acedía, la tentación por la que el monje se vuelve perezoso y descuidado… y pierde la esperanza. España vive una crisis de acedía democrática, de pérdida de ilusión en algo que nos una; es un tiempo de echar las culpas siempre al otro, de pereza e incluso de crispación para convivir. El independentismo catalán no es la enfermedad, sólo el síntoma actual más grave.
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El constitucionalismo se enfrenta en todo el mundo a poderosos enemigos culturales. La realidad económica es tan cruda y la política tan frustrante porque sabemos que el futuro puede ser peor que el presente. Ahora, la división política más profunda está entre quienes aceptan esta verdad incómoda como punto de partida del análisis y la de quienes no la aceptan y se instalan, por ignorancia o por cinismo, en la pos-verdad, es decir, quienes eligen creer mentiras. Evidentemente, a partir de la realidad se pueden configurar diferentes políticas, pero la cuestión política central hoy es la de enfrentar o no la áspera realidad. Juan de Mairena observó: “Lo corriente en el hombre es la tendencia a creer verdadero cuanto le reporta alguna utilidad; por eso hay tantos hombres capaces de comulgar con ruedas de molino”.

Los dos principales enemigos culturales del constitucionalismo democrático (y lo son porque están instaladas dentro del sistema y no enfrente como el comunismo o el fundamentalismo) son dos corrientes de pensamiento que se sitúan confortablemente en la mentira: el populismo y el nacionalismo independentista. Ambas tienen bastante en común. De hecho, algunos populismos (los del centro y norte de Europa) son también nacionalistas y de derechas; y algunos populismos nacionalistas son de izquierda (ERC, CUP, etcétera).

Nacionalistas y populistas dividen porque crean sus respectivos enemigos
Populistas y nacionalistas inventan la comunidad ideal (el pueblo, los catalanes, los vascos, etcétera) oprimida y saqueada por otros (España, la casta). No es casual que desde posiciones populistas se hable, incluso, de “fraternidad”, pero sólo entre los miembros del grupo de las víctimas llamado a redimirse por el nuevo movimiento. Algo así hizo Robespierre cuando acuñó el concepto contemporáneo de “fraternité” a fin de establecer el servicio militar obligatorio (el pueblo en armas) frente a la monarquía absoluta y los aristócratas (la casta del momento).

Nacionalistas y populistas dividen profundamente porque crean sus respectivos enemigos: habría españoles buenos y malos; o incluso habría españoles que no son españoles. No celebran el día de la Constitución porque el significado profundo e inicial de nuestra Constitución, de cualquier Constitución, es la de crear la comunidad política, el Estado español: artículo primero, apartado segundo, la soberanía nacional reside en el pueblo español. Nacionalistas y populistas niegan la existencia de este pueblo español: impugnan el “nosotros”, que es la cuestión constitucional central.

Nacionalistas y populistas coinciden en inventar imaginarios emocionales pero intelectualmente falsos sobre el presente y sobre la historia, por supuesto, reinventada a propia conveniencia. Historias y no historia. De ahí su éxito. Populistas y nacionalistas prometen imposibles ilusionantes; son un destello de luz en medio de la oscuridad más tenebrosa: la independencia o el ascenso al poder de los “puros” arreglará, per se, todos los problemas. Demagogos “tropicalizando” el constitucionalismo en medio de un pueblo  [enfadado]. El bosque abrasado por el calor y la llama en el momento oportuno.

La primera reforma necesaria es la electoral, para no depender de los partidos autonómicos
Pero nacionalistas y populistas no son los únicos enemigos. Citaré en estrados otros dos: el pensamiento de izquierdas que considera que la Constitución es una hija (quizá no deseada, pero hija) del franquismo y que remite la auténtica legitimidad democrática a la República. Y, por supuesto, los casos de corrupción y su aparente laxo manejo. Todo esto hace que se haya roto la confianza entre los ciudadanos y sus representantes. Sobre todo entre los jóvenes. La juventud es el problema político fundamental de nuestro país.

Hace falta reformar en profundidad nuestra Constitución, pero no se dan las condiciones porque hemos perdido por el camino el ingrediente previo y principal, que sí tenían los constituyentes de 1978: el espíritu de concordia: “Con-cor”, un solo corazón. Algo que va más allá del consenso, que es un método inteligente de resolver problemas: elegimos no lo tuyo ni lo mío, pero sí algo que podamos admitir ambos. El consenso es el punto de llegada de la reforma y la concordia, el punto de partida. Es el deseo de vivir unidos con un proyecto de convivencia en común. Justo lo que niegan los enemigos de la Constitución.

La única buena noticia es que, a pesar de nacionalistas, populistas, corruptos y republicanos historicistas, la vieja Constitución resiste. Que se lo pregunten a los indepes. Hay que reformarla, pero ¿por dónde empezar? Un grupo de colegas ha presentado unas ideas interesantes. Pero me parece que la cuestión primordial ahora ya no es traer al redil constitucional a los independentistas. Eso es imposible. Jamás se contentarán con menos de lo que pretenden. Y, además, consolida una evolución de nuestro Estado territorial que premia a los más ricos (con cupos fiscales que incrementan la insolidaridad) y a los que peor se portan (los independentistas). Estos tendrán que aprender a convivir con su deseo frustrado; como lo hace el tercio de españoles, por ejemplo, que según el CIS querrían abolir por completo las autonomías (una suma de gente superior a todos los indepes sumados, y creciendo, aunque no hagan ruido… por ahora).

En este contexto, la primera reforma a acometer es, creo, la del sistema electoral del Congreso para evitar depender tanto en las políticas estatales de los partidos nacionalistas autonómicos. Esquerra, la ex-Convergencia, PNV y Bildu, con el 6,6% de los votos nacionales, tienen 24 escaños vitales. Hay que encontrar una fórmula electoral que deje de privilegiarlos. Eso tenía sentido en 1978 pero no en 2018. Estos partidos ya tendrían el Senado (y mejor si es tipo alemán) para obtener representación y participar en la toma de decisiones estatales.

Fernando Rey es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y consejero de Educación de Castilla y León.


21 de noviembre de 2017

Expertos juristas plantean una reforma federal de la Constitución

Expertos juristas plantean una reforma federal de la Constitución
Los catedráticos proponen fijar las competencias estatales y reorganizar el Senado con el modelo alemán o austriaco

Presentación del documento "Ideas para una reforma de la Constitución" este lunes.
Ampliar fotoPresentación del documento "Ideas para una reforma de la Constitución" este lunes. JULIAN ROJAS EL PAÍS
Una decena de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo, coordinados por Santiago Muñoz Machado, propuso ayer reformar la Constitución de 1978 y poner al día el modelo territorial español aplicando “técnicas del federalismo” vigentes otros países europeos. Los expertos, que actúan por iniciativa propia ante la crisis catalana, plantean que los Estatutos de Autonomía dejen de ser leyes orgánicas y, por tanto, no sean aprobados por las Cortes. También proponen fijar con claridad las competencias estatales en la Carta Magna y reorganizar el Senado a semejanza del modelo alemán o austríaco.

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La crisis independentista catalana se convertido en la manifestación más extrema, pero no la única, de la “fatiga de materiales” que aqueja a la Constitución Española de 1978, y es “urgente” reformar el modelo territorial que esta consagra. Los juristas coordinados por Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense, se han reunido durante cuatro meses para redactar un documento titulado Ideas para una reforma de la Constitución, que se presentó este lunes en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los expertos proponen aplicar las “técnicas y soluciones” federales a la actual configuración autonómica.

El documento niega que la reforma “pueda hacerse pensando solo en Cataluña”, defiende la aplicación del artículo 155 de la Constitución contra el desafío secesionista y rechaza que los “grupos que han apoyado la intentona independentista” puedan ser los interlocutores exclusivos de este proceso. Pese a ello, el manifiesto incluye un capítulo dedicado a Cataluña. En él, se recoge la sugerencia, defendida por “algunos miembros del grupo”, de incorporar a la Constitución una nueva Disposición Adicional que establezca un “régimen jurídico singular” para esa comunidad y una “relación bilateral” con el Estado, siempre con el acuerdo del resto de comunidades y para aquellas cuestiones que no afecten al conjunto.

El “voluntariado cívico” de este grupo de juristas, coordinados por Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense de Madrid deriva de su preocupación por la “situación crítica” que vive España por el desafío independentista catalán. Según su diagnóstico, la “parálisis o incapacidad” de los partidos para reformar la Constitución “pone en peligro el propio sistema político”, y solo una reforma que afronte los problemas del actual sistema autonómico en su conjunto permitirá encauzar la situación de Cataluña.

Cinco de los firmantes —Eliseo Aja, Francesc de Carreras, Enric Fossas, Victor Ferreres y Joaquín Tornos— pertenecen a universidades catalanas. El resto de los catedráticos ejercen en Andalucía —Ana Carmona (Universidad de Sevilla) y José Antonio Montilla (Granada)—, el País Vasco (Alberto López Basaguren) y la Complutense de Madrid (Javier García Roca).
Estos juristas defienden la necesidad de abrir un “tiempo de reformas”, en el que de forma paulatina y sucesiva se pueda incorporar a la Constitución una “cláusula europea” en el que se aclare que la norma española es compatible con la normativa comunitaria; se suprima la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona o se reconozca la garantía de ciertos derechos sociales. Sin embargo, lo que consideran “urgente” y “prioritario” en este momento es la reforma que permita “construir un modelo territorial sólido que haga más difícil su deslegitimación”.

Aunque los juristas no quieren “dar excesiva importancia al término”, reconocen que la reforma “deberá hacerse en la línea de los sistemas federales”. Los juristas plantea acabar con la doble condición de los Estatutos como “norma institucional básica” de la comunidad y, al mismo tiempo, ley orgánica que debe ser aprobada por las Cortes. “Sería conveniente configurar al Estatuto como el equivalente a las constituciones de los territorios en los sistemas federales; subordinado, obviamente, a la Constitución”. Según este criterio, los Estatutos solo deberían ser aprobados por el Parlamento autonómico.

Competencias blindadas
El escrito defiende remodelar por entero el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, cuyo carácter inconcreto ha terminado convirtiendo al Tribunal Constitucional en el árbitro de ese reparto. Los firmantes se inclinan por que la Constitución fije claramente las competencias del Estado y deje las autonómicas a lo que establezca cada Estatuto.

La parte troncal del documento se centra en la necesidad de reforzar los mecanismos para que las Comunidades Autónomas participen en las decisiones del Estado y en la Unión Europea. El papel del Senado debería cambiar radicalmente. El modelo preferido es del del Bundesrat alemán, cuyos miembros son designados por los Gobiernos de los länder. También se sugiere el modelo austríaco, donde los parlamentos regionales nombran a los parlamentarios de la Cámara alta.

Los académicos defienden que la Constitución incluya normas fundamentales sobre financiación autonómica. Estas deben conjugar criterios de solidaridad con la atribución de los recursos según las capacidades de ingreso de las regiones
Los firmantes reclaman a los partidos que emprendan el diálogo reformista que, según ellos, debería haberse iniciado en 2010 tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló una serie de artículos del Estatuto de Autonomía catalán de 2006.


Este diálogo, defienden, debe producirse en el Congreso y estar liderado por el Gobierno. “Se trata de buscar un nuevo marco de autogobierno que sea sometido a referéndum tanto en Cataluña como en el conjunto de España”, a través de la revisión del Estatuto de Autonomía y de la propia Constitución. Los redactores del documento rechazan la idea de que una reforma constitucional deba lograr un consenso similar al obtenido en su día en las Cortes constituyentes, donde votaron afirmativamente 325 de los 350 diputados. Los catedráticos recuerdan que las propias mayorías que recoge la Carta Magna —tres quintos o dos tercios de la Cámara, según los casos— “son las únicas mayorías vinculantes”.

Sáenz de Santamaría enfría la reforma de la Constitución

Sáenz de Santamaría enfría la reforma de la Constitución
La vicepresidenta advierte de que no se cambiará la norma básica para contentar a los nacionalistas

EL PAIS -  Sevilla 21 NOV 2017 - 11:04 BRST
El PP y Podemos enfriaron ayer las esperanzas de que la comisión territorial del Congreso promovida por el PSOE sirva para modificar la Constitución y zanjar el debate secesionista. El apoyo del PSOE es “lo mínimo” para modificar la norma básica del Estado, pero no basta, según dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien avisó: “Si queremos reformar la Constitución, hay que ir con un consenso muy amplio”. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, calificó de “marketing” la propuesta socialista.

Soraya Sáenz de Santamaría y el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, este lunes en Sevilla. PACO FUENTES

La vicepresidenta del Gobierno, en un encuentro celebrado por la Cadena SER en Sevilla, se mostró favorable a introducir cambios en la Carta Magna, pero no a cualquier coste y, menos aún, para “contentar a los nacionalistas”. “No se contentan. Para ellos, cualquier logro es una meta volante”, lamentó.

De esta forma, Sáenz de Santamaría se alineó con la línea fría de su partido sobre la reforma constitucional, para la que el pasado miércoles comenzó su andadura la comisión impulsada en el Congreso por el PSOE sobre el modelo territorial con la ausencia de Unidos Podemos y los partidos nacionalistas.

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“Hay que trabajar en la línea de [Jean-Claude] Juncker [presidente de la Comisión Europea] y no en la de [Oriol] Junqueras”, ironizó Sáenz de Santamaría en referencia al presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, encarcelado tras la declaración unilateral de independencia por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.
El secretario general socialista, Pedro Sánchez, defiende la reforma constitucional para determinar cómo Cataluña se queda en España, pero no que se pueda ir, principal diferencia con Unidos Podemos, que aboga por un referéndum pactado. El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, aceptó la apertura del proceso, pero Sáenz de Santamaría se encargó ayer de enfriar las expectativas.

La vicepresidenta afirmó que una transformación de la norma básica del Estado “no se puede empezar por el tejado” y abogó, primero, por evaluar el funcionamiento actual del Estado de las autonomías y, después, conseguir el consenso más amplio. En este sentido, consideró ilógico cambiar un texto que cuenta con un respaldo mayoritario de los españoles (el 88% de los votantes respaldó el texto de 1978) por otro con menos apoyos.

Una de las claves de este consenso será el establecimiento de un nuevo sistema de financiación que sustituya al actual porque, según ha reconocido la dirigente del PP, es un “mal modelo”. Para este cambio, ha reclamado la participación de Cataluña (ausente en la última conferencia de presidentes autonómicos) tras las elecciones del próximo 21 de diciembre. “Hace falta un nuevo Gobierno que se incorpore al debate”, afirmó.

RECELOS TRAS EL PACTO CON RAJOY
Acuerdo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anuncia el 11 de octubre su respaldo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y un acuerdo con el presidente del Gobierno para abordar una reforma de la Constitución.

Primeros pasos. La comisión parlamentaria sobre el modelo territorial, el primer paso para abrir la reforma de la Constitución, arranca sin independentistas catalanes, PNV ni Unidos Podemos.
Reticencias. Los líderes territoriales del PP reclaman límites a la reforma y, ayer, la vicepresidenta se suma a las reticencias.

En este sentido, Sáenz de Santamaría reclamó un Ejecutivo catalán que “revierta el mal que han causado los independentistas” y acusó a las fuerzas que han llevado a la aplicación del artículo 155 de la Constitución de ser las “más anticatalanistas”. “Sólo han pensado en ellos”, concluyó.
Moción de censura
Al jarro de agua fría de la vicepresidenta se sumó por la izquierda el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien rechazó sumarse al proceso de reforma constitucional. “Lo que hay que hacer en estos momentos es echar al PP del Gobierno. En el momento en el que el PSOE realmente quiera cambiar el país, lo que veremos es a Pedro Sánchez presentando una moción de censura. Hasta que no veamos eso, estamos hablando de marketingy maniobras discursivas para justificar su apoyo al 155”, afirmó el dirigente de esta formación.

La distancia entre los modelos territoriales de socialistas y Podemos es insalvable, según se encargó ayer de recordar la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien acusó al máximo dirigente de la formación, Pablo Iglesias, de querer situar el Estado en condiciones preautonómicas y preconstitucionales.

En su opinión, el modelo territorial de Podemos es “un disparate que convierte a Andalucía en una comunidad de segunda sin entender el legado del 28 febrero y del 4 de diciembre”, en referencia a las fechas en la que los andaluces aprobaron el acceso a la autonomía y la reclamaron en las calles hace casi medio siglo.

“Queremos que a España le vaya bien para que a Andalucía le vaya bien. Nunca estaré de acuerdo en que se vuelva a esa discusión preconstitucional”, afirmó Díaz en un acto en Granada.

PARTICIPACIÓN EL 21-D PARA PONER FIN A LA DERIVA
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostró ayer más partidaria de una solución en las urnas el próximo 21 de diciembre que de una reforma constitucional.
En este sentido, Sáenz de Santamaría destacó que serán las elecciones catalanas las que supongan el “fin de la deriva independentista” y deseó una gran movilización para asegurar que el resultado cuente con el respaldo de una mayoría incuestionable de catalanes.

“Espero que haya una gran participación y que se ponga el punto final al desafío independentista para recuperar el dinamismo de la economía y la sociedad de Cataluña”, afirmó ayer la vicepresidenta.
En este sentido, la representante del Gobierno afirmó que los comicios autonómicos supondrán “la vuelta a la normalidad y a la legalidad” así como la elección de un Ejecutivo que “piense en los catalanes”.
La vicepresidenta acusó a los independentistas de haber causado un enorme daño económico y social a la comunidad y afirmó que es posible el respeto a la “diversidad” con la “lealtad al proyecto común” que es España.

En ese marco reclamó la vuelta de las instituciones catalanas a los órganos de representación autonómica, como la conferencia de presidentes, para abordar aspectos tan fundamentales como la reforma del sistema de financiación e impulsar los “mecanismos de cooperación” entre Administraciones.