Interior bajo sospecha
Opacidad en un ministerio clave en medio de un recorte de libertades
·
Twitter
Jorge Fernández
Díaz, ministro del Interior en funciones y candidato del PP por Barcelona, con
dirigentes populares en el arranque de la campaña electoral. QUIQUE
GARCÍA EFE
El funcionamiento del Ministerio del Interior es uno de los temas más
oscuros de este país. Se habla poco de ello durante la campaña electoral, y no
será porque falten datos. El último es la presunta red de corrupción en el seno
de la Policía Nacional, puesta de manifiesto por el levantamiento del secreto
del sumario en una pieza separada del llamado caso Nicolay (el procedimiento contra El Pequeño Nicolás).
Tan solo la intervención de la fiscalía ha evitado, por el momento, la
investigación sobre cuatro comisarios por presuntos delitos de revelación de
secretos, encubrimiento y, en el caso de José Manuel Villarejo, organización
criminal. No es la primera vez que los responsables de Interior miran para otro
lado. En este caso, el informe de la comisión judicial de la Policía Nacional
señalaba al director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino, y a otros
altos cargos por actuar en connivencia con Villarejo para “acabar con la
instrucción del procedimiento”. Puede que el fiscal tenga razón cuando dice que
las acusaciones desbordan el ámbito formal de la investigación en que estaban
hechas. Sin embargo, Interior y la fiscalía no pueden quedarse quietos ante
asuntos que afectan a la cúpula policial e incluso al secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez, al que se incluye en decenas de llamadas
realizadas entre policías y ciertos periodistas durante los momentos previos a
la filtración de una grabación —ilegal y manipulada— que buscaba la nulidad del
procedimiento contra El Pequeño Nicolás.
Lejos de acabar de raíz con lo que parece un servicio policial paralelo, nos encontramos con un ministerio convertido en una presunta fábrica de
dosieres políticos. Entre ellos, los referidos a la familia Pujol, a Xavier
Trias —exalcalde de Barcelona— o el llamado informe PISA (siglas de Pablo
Iglesias Sociedad Anónima), documentos difundidos públicamente sin membrete ni
responsable alguno con el fin de forzar una investigación oficial. Villarejo
lleva muchos años compaginando la actividad policial con negocios particulares.
Cuando EL PAÍS ha dado cuenta de ello, el ministro, Jorge Fernández Díaz, se ha
limitado a resaltar sus servicios al Estado.
Estos hechos cuestionan al Ministerio del Interior, una institución
básica en un Estado de derecho que en ningún caso puede ser motivo de sospecha.
Se añade a esta polémica la controvertida ley de seguridad ciudadana (o ley mordaza), que atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de castigar una
serie de conductas cuya sanción correspondía antes a los jueces y que permite
sancionar la negativa a identificarse o la celebración de manifestaciones sin
comunicación previa ante las Cortes, Parlamentos autónomos o altos tribunales.
No había motivos que aconsejaran incrementar los instrumentos a
disposición de las fuerzas de seguridad para afrontar los excesos, que han sido
escasos. Al contrario, pese a la dureza de la crisis económica, España ha sido
un país ejemplar en cuanto al orden público y la seguridad ciudadana. Prueba
del escaso apoyo a esa ley, que desde el principio fue rechazada por los
penalistas más importantes de este país, es la petición de derogación que las
fuerzas políticas pactaron en la pasada legislatura. El ministro Jorge Fernández
Díaz ha tenido una gran ventaja sobre cualquiera de sus antecesores: en esta
etapa no ha necesitado gestionar la lucha contra ETA. Y las numerosas
investigaciones para prevenir el terrorismo yihadista se han hecho con máximo
consenso político y con el respaldo judicial. No era tan difícil llevar a cabo
una buena gestión. Lamentablemente, se impuso la ideología y la voluntad de
utilizar procedimientos oscuros contra enemigos políticos.
