El Senado da la razón al
Congreso frente al Gobierno
En el escrito de alegaciones ante el Tribunal Constitucional la Cámara
Alta asegura que el Ejecutivo en funciones contradice la Constitución al no
someterse a control
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EL PAIS - Madrid 14 JUL 2016 - 15:02 BRT
Vista del Congreso
de los Diputados. JAIME VILLANUEVA
El Senado ha dado la razón al Congreso de los Diputados en su conflicto
con el Gobierno ante el Tribunal Constitucional por la negativa del Ejecutivo en funciones a someterse a control
parlamentario. La
argumentación está contenida en el escrito de alegaciones del Senado,
presentado en el tribunal el 11 de julio y tiene especial relevancia porque la
Cámara alta está controlada por la mayoría absoluta del PP. El conflicto está
en manos del Constitucional, que podría fallar en breve, y su doctrina podría
ser aplicable si se demora la investidura.
El escrito de alegaciones del Senado al Tribunal Constitucional acusa al Gobierno en funciones de Mariano
Rajoy de utilizar argumentos contrarios a la Constitución y de defender una
situación que provoca "un resultado impropio en el estado
constitucional".
El conflicto de atribuciones fue presentado por el Congreso por la negativa del Gobierno en funciones
a someterse al control de la Cámara y al negarse a todas las comparecencias
solicitadas por los grupos entre el 20 de diciembre y la disolución automática
en mayo de las Cortes. El recurso está pendiente de resolución en el
Constitucional.
El Senado está personado en el procedimiento por ser parte de las Cortes
Generales y tiene capacidad para hacer las alegaciones que, obviamente, no son
vinculantes para el Constitucional. El escrito lo firma Fernando Santaolalla
López, letrado de las Cortes Generales y jefe de la asesoría jurídica del
Senado, "en nombre y representación de la Cámara". Coincide con el
Congreso en que no puede haber un control ordinario del Gobierno en funciones,
pero sí de forma selectiva para las decisiones adoptadas en esa condición. Así
se hizo estos meses en el Congreso, pero el Gobierno se negó a dar respuesta a
las peticiones aunque se refirieran a decisiones adoptadas como Ejecutivo en
funciones.
"De lo contrario, de sostenerse que cuando un Gobierno en funciones
adopte decisiones de alcance político, que puedan condicionar la actuación del
Gobierno futuro, debe escapar a todo control, se llegaría a un resultado
impropio en el Estado constitucional, por mucho que tales decisiones puedan
resultar en sí mismas justificadas. Pues dicho control es inherente al sistema
de relaciones políticas entre parlamento y Gobierno", asegura.
El Senado, además, considera contrario a la Constitución el principal
argumento de La Moncloa que asegura que no puede haber control estando en
funciones por no ser el Parlamento que le otorgó la confianza. Lo hace
asegurando que el Senado no es el que da esa confianza, es decir, el que
inviste al presidente, pero sí tiene atribuida constitucionalmente la función
de control al Gobierno.
Contra la Constitución
"El Senado no puede compartir el argumento difundido durante el
presente conflicto, en el sentido de que sería la relación de confianza la que
fundamenta la responsabilidad del Gobierno ante el parlamento y, por ende, la
propia función de control de este último. De esta premisa se deriva que no
procede el control parlamentario cuando no media esa relación de confianza.
Este argumento confunde dos conceptos constitucionales cercanos, pero
diferenciables, con un resultado inconstitucional y lesivo para el
Senado", explica.
Añade que "existe el concepto de control parlamentario de la acción
del Gobierno que la Constitución otorga a las dos cámaras que integran las
Cortes Generales. Esto supone que el Senado está capacitado para ejercer el
control de la acción del Gobierno aunque no mantenga una relación de confianza
con el mismo. El argumento que aquí se critica supondría en sus términos
literales privar al Senado de la función de control de la acción del Gobierno.
Consecuencia tan grave se opone a lo establecido por la Constitución y a la
práctica consolidada durante casi 40 años".
La situación plantada estos meses podría repetirse en los próximos meses
en caso de investidura fallida en agosto y, por eso, la decisión del Tribunal
Constitucional es importante, más allá del valor político y simbólico.
El Congreso constituido el 13 de enero encontró el vacío legal de cómo
funcionar al prolongarse la interinidad por no ser posible la investidura.
La Mesa encargó un informe a los letrados de la Cámara que concluyó que
podría haber control siempre que se filtraran las peticiones y se refirieran a
competencias o actuaciones del Gobierno en funciones.
Con ese criterio se tramitaron peticiones de comparecencia de ministros,
con la oposición firme de los representantes del PP, frente a todos.
El Gobierno respondió media docena de veces con escritos del secretario
de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en los que se decía
que no se podían someter al control de un Parlamento que no los eligió. La
Moncloa esgrimió precedentes y un informe legal del Parlamento de Andalucía que
avalaba su criterio.
El primer plantón, insólito en democracia, fue el del ministro de
Defensa, Pedro Morenés, convocado para hablar de una cumbre de la OTAN de
febrero, es decir, estando en funciones, en la que se tomaron decisiones sobre
refugiados en el Mediterráneo. Luego siguieron otras como el del ministro del
Interior, Jorge Fernández, por sus declaraciones sobre Podemos y el terrorismo
y de la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las cercanías en Cataluña y sus
problemas en esos días.
El Gobierno extendió el plantón a altos cargos de Fomento y de Interior
citados por el Congreso, a pesar de que la ley dice que solo están en funciones
los ministros.
Sí comparecieron a petición propia los titulares de Hacienda, Cristóbal
Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, para informar de decisiones sobre la
UE que precisaban acuerdo entre los grupos. Y el propio Mariano Rajoy acudió al
Pleno, después de resistencias para cumplir la ley que le obliga a dar cuenta
de las cumbres europeas.
El 19 de abril se produjo la imagen insólita de los escaños azules del
Pleno vacíos porque el Gobierno en pleno decidió no acudir al Congreso a
responder a los demás grupos.
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