El Congreso rechaza despenalizar las injurias al
Rey tras el fallo de Estrasburgo
La Cámara rechaza
una iniciativa del PP para tomar medidas contra las ciberamenazas
Madrid 13 MAR 2018 - 15:52 BRT
El
Congreso guarda un minuto de silencio en memoria del niño Gabriel Cruz. JUAN
CARLOS HIDALGO EFE
La decisión del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de condenar a Españapor imponer una pena de 15
meses de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en 2007 una foto
gigante de los Reyes resultó muy oportuna este martes para Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC), aunque no eficaz. El Congreso ha rechazado su proposición
de ley para derogar los artículos del Código Penal en los que se castiga con
penas de prisión el delito de calumnias o injurias a los miembros de la Casa
del Rey, así como multas por ofensas o ultrajes a España, sus comunidades
autónomas o a sus símbolos o emblemas.
El eco atronador de la sentencia ha alimentado el debate de la propuesta
de ERC, pero los votos en contra de PP, PSOE y Ciudadanos han impedido que
prosperara. La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, avanzó antes
del pleno que los diputados socialistas votarían en contra de la proposición de
ley de ERC para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España.
Según el PSOE, la iniciativa de ERC busca despenalizar una serie de conductas
que "van mucho más allá de la libertad de expresión y entran en el ámbito
del respeto institucional". La portavoz marcó diferencias entre la
iniciativa de ERC y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo.
La defensa de la iniciativa ha corrido a cargo de Gabriel Rufián. Traía
“un discurso muy chulo” lleno de reproches al Gobierno por lo que él considera
“injurias a la patria” (pagar con dinero público el rescate de los bancos o la
indemnización a las empresas promotoras del almacén de gas Castor), pero la
actualidad hizo que tuviese que cambiarlo. “Les traigo algo mejor”, ha
subrayado, “una sentencia” del Tribunal de Estrasburgo que rechaza las
objeciones del Gobierno por la quema de fotos del Rey y la penalización por
“hechos que suponen una expresión de la crítica política”.
Rufián no ha reparado en apelaciones al PSOE para salvar su propuesta.
“Esperamos al mejor PSOE”, ha emplazado sin éxito. Ha tendido, en cambio, el
apoyo de buena parte del Grupo Mixto, con retirada de expresiones por parte de
la presidenta, Ana Pastor, como la de la diputada de Compromís Marta Sorlí, que
ha parafraseado una canción del rapero Valtonyc por la que fue condenado por
injurias a la Corona: "Los derechos humanos se los pasan por los
cojones".
También ha contado con el respaldo del PNV, que ya se posicionó a favor
de iniciativas similares en aras de la libertad de expresión. “No es un debate
sobre la Monarquía o los símbolos sino sobre la democracia”, ha destacado Mikel
Legarda. Y, por su puesto, de Unidos Podemos, que ha considerado que ha
apuntado que la sentencia de Estrasburgo arroja "serias dudas" sobre
aspectos de la legislación española que, "impone una especie de Estado de
excepción" contra la libertad de expresión.
Al otro lado, se han situado Ciudadanos, el PSOE y el PP. Ciudadanos ha
reprochado a ERC que plantease una iniciativa para "legislar en beneficio
propio". "Lo que quieren es despenalizar acciones que ustedes
protagonizan", ha criticado José Manuel Villegas. El PSOE ha aducido que
la crítica al Rey no está penalizada en España y que lo que pretendía ERC no era
despenalizar la crítica política "sino la injuria y la calumnia
presentándolas como una expresión de libertad". El PP ha reducido la
iniciativa a "un esperpento alegremente secundado por algunas fuerzas
democráticas”.
'Fake news'
El pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado también una
proposición no de ley del PP para exhortar al Gobierno a impulsar medidas
contra las ciberamenazas y noticias falsas que circulan por internet (las
llamadas fake news) para evitar injerencias extranjeras que
pongan en peligro la estabilidad de las instituciones en España, como ha
ocurrido recientemente en los procesos electorales de varios países que ya
están tomando medidas.
La iniciativa instaba al Gobierno a dotar a la seguridad pública de
sistemas de vigilancia y respuesta ante acciones extranjeras que debiliten la
confianza en las instituciones públicas y los valores democráticos. También, a
colaborar y buscar un acuerdo internacional contra la desinformación como
amenaza global sobre los sistemas democráticos. Y a reforzar la comunicación
estratégica frente a campañas de desinformación desestabilizadoras con
intenciones hostiles contra países de la Unión Europea.
Defendida por el diputado Teodoro García, la proposición incluía cuatro
líneas de actuación que implican al Gobierno, instituciones públicas
especializadas, proveedores de servicios e infraestructuras de Internet, medios
de comunicación, usuarios y asociaciones. El primero de sus puntos proponía al
Ejecutivo elaborar métodos para determinar la veracidad de las informaciones
que circulan por la red y garantizar su detección y "sellado o
descalificación" en caso de ser falsas.
El PSOE ha criticado que la propuesta pusiera el énfasis en las
"noticias asombrosas" frente a aquellas intromisiones que suponen un
riesgo para la soberanía mediante agresiones extranjeras. En ese sentido lo ha
considerado “recorte de libertades”, incluso “censura”. Para el PSOE no
corresponde a un Estado dilucidar si es una notica es falsa o no, una tarea que
ha situado en el autocontrol de los medios y en la capacidad de limpieza de las
agregadoras de noticias.
La iniciativa no ha despertado tampoco el entusiasmo de Ciudadanos (que
ha reclamado “un gran pacto de Estado para la ciberseguridad”), ERC (que la ha
considerado "una versión digital del contubernio" de Cataluña), el
PDeCAT (para el que "el PP es todo él una fake news")
o Unidos Podemos (que la ha calificado como "una ofensiva clara contra la
libertad de expresión").
Hace una semana, la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los
Diputados aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno a reforzar
los medios materiales y humanos dedicados a combatir las campañas de
desinformación en el ciberespacio y las denominadas fake news. Esta iniciativa, impulsada por el PSOE, fue
respaldada por el PP y Ciudadanos.
Los 47 jueces, de los 47 países del Consejo de Europa, que integran el pleno del Tribunal de Estrasburgo, el tribunal de derechos humanos más importante del mundo ha dictado una sentencia sorprendente el pasado jueves 09 de junio.
