Mostrando entradas con la etiqueta Administración Pública. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Administración Pública. Mostrar todas las entradas
17 de agosto de 2016
Cataluña, la más beneficiada de la mejora de los ingresos tributarios
Cataluña,
la más beneficiada de la mejora de los ingresos tributarios
La comunidad recibe un 15% más de recursos del
sistema de financiación autonómico entre 2014 y 2016
Reunion entre Montoro y Junqueras. SAMUEL SANCHEZ
Cataluña es la región que más ha engordado sus
ingresos del sistema de financiación gracias a la recuperación de las recaudaciones
tributarias. Si se toman las liquidaciones y las entregas a cuenta de los dos
últimos años, la comunidad ha aumentado sus recursos en 2.315 millones entre
2014 y 2016, un 15% más que la sitúa en los 17.494 millones. Se trata de la
mayor alza registrada entre todas las autonomías tanto en tasas porcentuales
como en cifras absolutas. Y la razón estriba en un modelo de reparto ideado en
2009 para premiar la capacidad recaudatoria. Aunque se desmoronó con la crisis,
ahora empieza a compensar a Cataluña.
Después
de Cataluña, las autonomías donde más crecieron los ingresos por el sistema de
financiación fueron Baleares, Murcia, La Rioja y Madrid. Las que en cambio
refuerzan menos sus ingresos son Cantabria, Canarias, Aragón o Castilla y León.
En términos absolutos, las que más recursos nuevos obtienen tras Cataluña son
Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia. En su conjunto, las CC AA
han subido sus ingresos un 11,9%. Por tratarse del régimen común, se excluye a
las comunidades forales, que tienen un modelo distinto al gestionar sus tributos
para luego abonar al Estado un cupo por los servicios que les presta.
El motivo de la mejora de Cataluña reside
en que el sistema vigente se concibió en 2009 con la idea de favorecer aquellas
comunidades que tenían más potencial recaudatorio. Sin embargo, la crisis
desactivó este modelo y todas acabaron sufriendo en bastante mayor medida, pues
la financiación dependía aún más de una recaudación que se desplomó. Pero en
estos momentos los ingresos están repuntando. Y como se esperaba, la más
beneficiada es Cataluña.
Al repartir una mayor proporción de los
impuestos, el actual modelo favorece en principio a las dos autonomías que más
recaudan: Madrid y Cataluña. Sin embargo, este reparto se reajusta a
continuación a través de varios fondos. El primero se conoce como el Fondo de
Garantía, que ajusta las cantidades percibidas por el coeficiente de habitante
ajustado, una
ponderación de la población, la superficie, la dispersión, la insularidad, los
mayores de 65 años y los menores de 16 años.
En definitiva, se intenta tener en cuenta
los factores que determinan el coste de la prestación de servicios. Como
resultado de este fondo, se eleva el saldo que logran autonomías como Canarias,
Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía o Galicia, mientras que empeoran los
de Madrid, Baleares y Cataluña por ese orden. Acto seguido, se aplica el Fondo
de Suficiencia, que busca asegurar que las comunidades no pierdan recursos
respecto al modelo anterior. Por este fondo se mejora a Cantabria o La Rioja
pero se perjudica a Baleares, Valencia, Madrid y Cataluña. Luego se pasa por el
Fondo de Cooperación, que ayuda a la convergencia entre comunidades y, por lo
tanto, asiste a las más pobres.
Por último, el sistema añade un Fondo de
Competitividad que compensa a las que tengan una financiación por debajo de la
media o de su capacidad fiscal. Este fondo subsana una parte de lo que pierden
las más ricas como Baleares y Cataluña. Pero resarce poco a los madrileños. De
ahí que Cataluña salga más reforzada que Madrid con la mejora que se está viviendo en los
últimos dos años. El modelo que en 2009 pactó el Gobierno socialista con los
partidos catalanes rinde frutos justo cuando hay que renovarlo.
Una financiación equitativa
Esta misma semana, el director de Fedea,
Ángel de la Fuente, ha elaborado con las liquidaciones de 2014 la financiación
media por habitante a competencias iguales, en la que 100 representa el
promedio. Según sus resultados, a fecha de 2014 figuran como las más
maltratadas la Comunidad Valenciana y Murcia, muy por debajo de la media de
100. Como se puede apreciar en la tabla adjunta, Cataluña y Madrid se sitúan
ligeramente por debajo de la media. Sin embargo, el aumento de los recursos que
se está dando entre 2014 y 2016 debería paliar la situación de Cataluña.
Por otra parte, algunas comunidades se
quejan de que los préstamos de Hacienda a tipos reducidos suponen un modo de financiar por la puerta
de atrás a las más endeudadas como Cataluña. Y esa variable no se está
recogiendo en los cálculos del sistema de financiación, señalan.
La deuda pública española crece y marca el nivel más alto desde 1909
La
deuda pública española crece y marca el nivel más alto desde 1909
Las administraciones acumulan pasivos por valor del
100,9% del PIB tras sumar en junio otros 18.549 millones de euros
Fachada de la sede del Banco de Españal EFE
La
deuda pública subió en junio en 18.549 millones,
alcanzando un total de 1,107 billones de euros, la mayor cantidad de la
historia en términos absolutos. En porcentaje de PIB, la ratio de endeudamiento
se situó en el 100,9%, una cifra récord que supera incluso el 100,5% anotado en marzo, cuando se situó por primera vez en más de un
siglo por
encima de la barrera del 100%. Desde el año 1909, cuando según consta en los
registros históricos la deuda tocó el 102% del PIB, no se registraba un nivel
más alto que este mes de junio.
Fuentes del Ministerio de Economía señalan
que hay que tener en cuenta la elevada estacionalidad del calendario de deuda,
que puede arrojar puntas y caídas en el saldo deudor debido a las diferencias
entre las fechas de emisiones y las de amortizaciones. Los principales
vencimientos tienen lugar en enero, abril, julio y octubre.
Una vez que se tienen en cuenta estos
factores, Economía insiste en que el crecimiento de la deuda mantiene su
trayectoria de desaceleración iniciada en 2013, de forma que se logrará cumplir
con el objetivo fijado en el programa de estabilidad del 99,1% a cierre de
2016. Es decir, se bajará este porcentaje por segundo año consecutivo gracias
sobre todo al crecimiento del PIB, que diluye el peso de la deuda.
Dudas de la Comisión
Sin embargo, la Comisión discrepa y no cree
que el Gobierno consiga bajar este año en tres centésimas la ratio de deuda.
Según sus previsiones, considera que el Reino de España acabará el ejercicio
con la deuda en el 100,3% del PIB. Aun así, Economía reitera que los costes
históricamente bajos hacen sostenible la deuda. O lo que es lo mismo, estos
pasivos en parte se sostienen por la intervención del BCE en los mercados, las
cuales han abaratado las rentabilidades de los títulos hasta mínimos nunca
conocidos, perforando incluso el suelo de los tipos a cero en las emisiones a
corto.
La deuda pública española mantiene una
imparable escalada desde 2009, a razón de unos 80.000 millones de euros más por
ejercicio. Ese año alcanzó el 52,7% del PIB, frente al 39,4% anotado tan sólo
un año antes. Y a partir de ahí continuó ganando puntos con enorme velocidad
hasta superar la barrera del 90% en 2013. Este año superó en marzo, por primera
vez en más de un siglo, la frontera del 100%. En abril volvió a relajarse por debajo de ese hito, pero en mayo y junio ha retomado con fuerza la senda alcista.
La serie del Banco de España da comienzo en
1994. Y sólo hay estadísticas recogidas por organismos oficiales desde 1964.
Sin embargo, historiadores especializados en economía como Francisco Comín han
realizado una labor de reconstrucción de la serie de endeudamiento de las
Administraciones desde 1850 y estiman que 1902 fue el último año en el que la
deuda rebasó el 100% del PIB. Hasta ahora.
A lo largo de la historia de España, la
reducción de deuda sobre PIB cuando rondaba cotas muy elevadas se ha podido
hacer por hasta cuatro vías: una, a fuerza de privatizaciones como hicieron los
Gobiernos de Felipe González y José María Aznar. Sólo que ahora queda bastante
poco que el Estado pueda poner a la venta. Dos, aumentando la deuda privada, lo
que elevaba el PIB y disminuía el peso de la deuda, tal y como ocurrió durante
los mandatos de Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, en estos
momentos la deuda privada es tan alta que no deja margen para esta opción.
La tercera vía consiste en imprimir
billetes y crear inflación, algo que ya no se puede hacer desde Madrid porque
ese poder se encuentra en Fráncfort, en manos del Banco Central Europeo. Y la
cuarta posibilidad es impagar la deuda como hizo por ejemplo Felipe II. Una
práctica que suele disparar los intereses a la hora de volver a endeudarse y
que tampoco depende del Gobierno de España en la medida en que pertenecemos al
club del euro. Ahí se ha impuesto la doctrina de Alemania, que para
reequilibrar las cuentas ha exigido una consolidación fiscal y una devaluación
interna que recobre la competitividad y permita, poco a poco, ir pagando las
deudas. Desde luego, un proceso que se antoja bastante más arduo y lento.
Durante los últimos doce meses, el conjunto
de pasivos de las Administraciones Públicas ha engordado en 50.0064 millones de
euros, un incremento anual del 4,7%. Por tipos de deuda, el Tesoro de España
debe 80.433 millones en valores a corto plazo; 823.891 millones en títulos a
medio y largo plazo y 202.963 millones en créditos no comerciales y resto.
De acuerdo con las cifras de Eurostat, España tiene el dudoso honor de ser el sexto país con más deuda pública en relación al PIB de
la Unión Europea, sólo superado por Grecia (176,3%), Italia (135,4%), Portugal
(128,9%), Chipre (109,3%) y Bélgica (109,2%).
8 de julio de 2016
Interior reabre el CIE de Barcelona pese a la orden de cierre de Colau
Interior reabre el CIE de
Barcelona pese a la orden de cierre de Colau
La alcaldesa advierte al Ministerio de que puede multarle o precintar el
CIE si lo reabre
·
Twitter
·
Twitter
Barcelona 7 JUL 2016 - 11:02 BRT
El CIE de la Zona Franca de Barcelona. M. MINOCRI / EL PAÍS VÍDEO
El Ministerio del Interior decidió este jueves precipitar la apertura
del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, en
Barcelona, después de que la alcaldesa Ada Colau ordenase el
cierre alegando que no tiene una licencia de actividad adecuada. El CIE llevaba ocho meses clausurado por unas obras de reforma
instadas judicialmente para cumplir con los derechos de los internos. Desde
entonces, Colau dejó clara su intención de que no volviese a funcionar. “Es una
provocación y un menospreció al Ayuntamiento”, criticó el teniente de alcalde
Jaume Asens, que tomará medidas “coercitivas”, como multar o precintar el
centro. Llegado este último caso, el precinto se notificaría con 48 horas de
antelación.
El pulso entre ambas administraciones empezó el miércoles por la tarde,
cuando la alcaldesa Colau llamó a la delegada del Gobierno en Cataluña, María
de los Llanos de Luna, para decirle que había dictado una resolución conforme
ordenaba el cierre. Al día siguiente, el Ayuntamiento envió una notificación
formal a la Jefatura Superior de Policía.
Poco después, a las diez y media de la mañana, el teniente de alcalde
Asens, un abogado reconocido en su lucha contra este tipo de instalaciones, dio
una rueda de prensa en la que dejaba claro que no pensaban permitir la
reapertura del CIE, que definió como “un agujero negro de la democracia”.
“Tiene una licencia para unas actividades que no se corresponden con lo que
hacen”, dijo, y citó como ejemplo que en la definición de las mismas constaba
una enfermería para animales o una galería de tiro. El CIE de la Zona Franca
abrió en 2005 y desde entonces “ha estado en situación irregular, fuera de
derecho, sin licencia ni satisface los requisitos de seguridad”.
Prácticamente a la vez, desde el Ministerio se fraguaba la respuesta al
desafío municipal. Pasada la una de la tarde, se comunicaba oficialmente a los
policías que trabajaban en el CIE, que se encontraban en nuevos destinos, que
debían presentarse a primera hora de la mañana de hoy en las instalaciones. El
Ministerio todavía no lo reconocía oficialmente, pero eso de facto suponía el
primer paso para la reapertura.
Dos horas después, y ya de manera oficial, la Delegación del Gobierno
informaba de la reapertura, que se hizo efectiva a las cuatro de la tarde. Al
complejo llegaron los primeros policías, aunque el centro no estará a pleno
rendimiento hasta dentro de unos días, cuando se trasladen a los internos que
se reubicaron en los CIE de Valencia y Madrid. También avisó a la Fiscalía, a
los juzgados que tutelan la instalación —el 1 y el 30 de Barcelona— a la juez
decana de la ciudad, y advirtió que recurrirán judicialmente la decisión del
consistorio. Su principal argumento es que una instalación de ese tipo no
necesita licencia de actividad.
La contienda acabó con otra rueda de prensa municipal. “Es una
provocación y un menosprecio al Ayuntamiento de Barcelona”, criticó Asens, que
compareció flanqueado por concejales de ERC, CiU, PSC y la CUP, que apoyaron la
decisión del ejecutivo municipal. Explicó que el primer paso que darán será
comprobar que realmente se ha retomado la actividad. Luego decidirán si multan
o si decretan el precinto de las instalaciones.
El CIE cerró el 5 de noviembre del año pasado después de que los jueces
que lo supervisan ordenasen una serie de mejoras en el centro, como que las
habitaciones tengan baños, que se pueda regular el agua de las duchas, que no
haya objetos punzantes o que se eliminen las separaciones físicas en las salas
de visitas.
El Parlamento catalán, la Generalitat, el Ayuntamiento y la plataforma
Tanquem els CIE’s aprovecharon para pedir que no se volviese a reabrir el
centro porque consideran que vulnera los derechos de las personas que por
cometer una infracción administrativa, como no tener regularizada su residencia
en España, pueden estar 60 días encerrados y luego ser deportados.
El Ministerio ya advirtió en todo momento que lo reabriría. Y señaló que
la instalación era fundamental para expulsar a inmigrantes con antecedentes
policiales o aquellos con condenas que se les conmuta por la expulsión. La
Policía señaló que de las 366 personas que expulsaron del CIE de Zona Franca,
362 tenían antecedentes. Asens rebatió que Barcelona ha funcionado ocho meses
sin CIE y no ha pasado nada. Aun así, fuentes policiales aseguran que se han
seguido derivando inmigrantes a los centros de Valencia, Madrid y Murcia, lo
que ha provocado saturación en los mismos.
Interior tenía previsto inicialmente que la infraestructura funcionase
de nuevo el 14 de junio. Y así se lo hizo saber los policías, que empezaron a
prepararse. Pero después de que la fecha se hiciese pública, el Ministerio
reculó y pospuso la reapertura a después de las elecciones.
A partir de entonces todo fue una gran incógnita. Desde la Jefatura, no
acabó de darse una fecha definitiva a los agentes. Y la situación pasó de
“apertura inminente” a quedar postergada por “flecos administrativos”. Fuentes
policiales aseguran que la puesta en marcha precipitada de ayer respondió
únicamente a la ofensiva del Ayuntamiento.
“Todo el apoyo a Ada Colau y al cierre del CIE. Se demuestra, sin
embargo, que para vivir sin CIE tenemos que vivir antes sin un Estado en
contra”, escribió a través de Twitter el consejero de Asuntos Exteriores, Raül
Romeva. La titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, también se
postuló a favor del cierre del CIE y pidió que se busquen otras fórmulas para
tratar el problema de los extranjeros en situación irregular. Asens avisó de
que en septiembre técnico del Consejo de Europa visitarán el CIE para comprobar
si cumple con los estándares de Derechos Humanos.
21 de junio de 2016
EL PAIS - EDITORIAL: Interior bajo sospecha Opacidad en un ministerio clave en medio de un recorte de libertades
Interior bajo sospecha
Opacidad en un ministerio clave en medio de un recorte de libertades
·
Twitter
Jorge Fernández
Díaz, ministro del Interior en funciones y candidato del PP por Barcelona, con
dirigentes populares en el arranque de la campaña electoral. QUIQUE
GARCÍA EFE
El funcionamiento del Ministerio del Interior es uno de los temas más
oscuros de este país. Se habla poco de ello durante la campaña electoral, y no
será porque falten datos. El último es la presunta red de corrupción en el seno
de la Policía Nacional, puesta de manifiesto por el levantamiento del secreto
del sumario en una pieza separada del llamado caso Nicolay (el procedimiento contra El Pequeño Nicolás).
Tan solo la intervención de la fiscalía ha evitado, por el momento, la
investigación sobre cuatro comisarios por presuntos delitos de revelación de
secretos, encubrimiento y, en el caso de José Manuel Villarejo, organización
criminal. No es la primera vez que los responsables de Interior miran para otro
lado. En este caso, el informe de la comisión judicial de la Policía Nacional
señalaba al director adjunto operativo del cuerpo, Eugenio Pino, y a otros
altos cargos por actuar en connivencia con Villarejo para “acabar con la
instrucción del procedimiento”. Puede que el fiscal tenga razón cuando dice que
las acusaciones desbordan el ámbito formal de la investigación en que estaban
hechas. Sin embargo, Interior y la fiscalía no pueden quedarse quietos ante
asuntos que afectan a la cúpula policial e incluso al secretario de Estado de
Seguridad, Francisco Martínez, al que se incluye en decenas de llamadas
realizadas entre policías y ciertos periodistas durante los momentos previos a
la filtración de una grabación —ilegal y manipulada— que buscaba la nulidad del
procedimiento contra El Pequeño Nicolás.
Lejos de acabar de raíz con lo que parece un servicio policial paralelo, nos encontramos con un ministerio convertido en una presunta fábrica de
dosieres políticos. Entre ellos, los referidos a la familia Pujol, a Xavier
Trias —exalcalde de Barcelona— o el llamado informe PISA (siglas de Pablo
Iglesias Sociedad Anónima), documentos difundidos públicamente sin membrete ni
responsable alguno con el fin de forzar una investigación oficial. Villarejo
lleva muchos años compaginando la actividad policial con negocios particulares.
Cuando EL PAÍS ha dado cuenta de ello, el ministro, Jorge Fernández Díaz, se ha
limitado a resaltar sus servicios al Estado.
Estos hechos cuestionan al Ministerio del Interior, una institución
básica en un Estado de derecho que en ningún caso puede ser motivo de sospecha.
Se añade a esta polémica la controvertida ley de seguridad ciudadana (o ley mordaza), que atribuye a la autoridad gubernativa la potestad de castigar una
serie de conductas cuya sanción correspondía antes a los jueces y que permite
sancionar la negativa a identificarse o la celebración de manifestaciones sin
comunicación previa ante las Cortes, Parlamentos autónomos o altos tribunales.
No había motivos que aconsejaran incrementar los instrumentos a
disposición de las fuerzas de seguridad para afrontar los excesos, que han sido
escasos. Al contrario, pese a la dureza de la crisis económica, España ha sido
un país ejemplar en cuanto al orden público y la seguridad ciudadana. Prueba
del escaso apoyo a esa ley, que desde el principio fue rechazada por los
penalistas más importantes de este país, es la petición de derogación que las
fuerzas políticas pactaron en la pasada legislatura. El ministro Jorge Fernández
Díaz ha tenido una gran ventaja sobre cualquiera de sus antecesores: en esta
etapa no ha necesitado gestionar la lucha contra ETA. Y las numerosas
investigaciones para prevenir el terrorismo yihadista se han hecho con máximo
consenso político y con el respaldo judicial. No era tan difícil llevar a cabo
una buena gestión. Lamentablemente, se impuso la ideología y la voluntad de
utilizar procedimientos oscuros contra enemigos políticos.
Etiquetas:
Administración Pública,
Editoriales,
Gobierno,
Nazismo-Facismo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)