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14 de noviembre de 2018

Gil Tamayo asume un “silencio cómplice” de la Iglesia con la pederastia pero lo extiende a toda la sociedad


Gil Tamayo asume un “silencio cómplice” de la Iglesia con la pederastia pero lo extiende a toda la sociedad

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española pide al resto de la sociedad que no se calle y que asuma "su cuota de responsabilidad"




El secretario de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo (izquierda), junto al obispo de Salamanca, Carlos López, en la octava Semana de Pastoral. JM GARCÍA (EFE) / VÍDEO: EFE

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, ha admitido que durante años la Iglesia ha guardado un "silencio cómplice" ante los casos de pederastia en el seno de esta institución, que ha enmarcado en un contexto de "inacción de toda la sociedad española" ante estos delitos.

"Es verdad que la Iglesia está obligada a un testimonio más coherente que nadie, pero esto no exime al resto de asumir su cuota de responsabilidad en esta cultura común compartida de silencio", ha considerado Gil Tamayo en una entrevista con la agencia Efe concedida una semana antes de concluir su mandato. Será ordenado obispo de Ávila el 15 de diciembre y antes, el 20 de noviembre, se celebrarán elecciones al cargo de secretario general.
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En la misma línea, el portavoz de los obispos españoles ha considerado que la "inacción" de la Iglesia ha sido la misma que la de toda la sociedad española. "Compartíamos esa cultura y ahora nos percatamos de que ha sido un silencio cómplice". "Ahora hay una condena justa de la sociedad, pero hemos convivido hasta hace no mucho tiempo con una dejación social con estas cuestiones igual que se ha convivido, desgraciadamente, con la violencia contra la mujer", ha añadido.
Tras reconocer la responsabilidad y el silencio de la Iglesia ante la pederastia, Gil Tamayo ha asegurado que en España existe una campaña "intencionalizada" para desacreditar a esta institución y en la que no se duda, incluso, en instrumentalizar a las víctimas y convertir su testimonio en un espectáculo. En su opinión, se está "criminalizando" a la Iglesia mediante una campaña mediática y política con el objetivo de "desacreditar a una institución que puede levantar la voz ante otras cuestiones e interesa callarla". Tampoco está de acuerdo con que las penas o el castigo que impone la Iglesia a los pederastas sean "leves".

"Las penas han sido más leves por parte del Estado, que las prescribe" y que deja a las víctimas sin posibilidad de defenderse, ha dicho. Por ello, ha insistido en la necesidad de buscar "un remedio compartido" y que toda la sociedad asuma su responsabilidad ante los casos de pederastia. Unos casos que, ha explicado, todavía no se pueden cuantificar pero en los que se está trabajando para "prevenir, curar, reparar y castigar", con la intención clara de "acabar con la pederastia en las filas" de la Iglesia.

En una reciente entrevista con EL PAÍS, Fernando Giménez Barriocanal, jefe de finanzas de la Conferencia Episcopal Española y el único de la institución que ha accedido a ser entrevistado por este periódico, aseguró que el porcentaje de pederastia en la Iglesia española es "irrelevante", respecto a este delito en otros ámbitos.

"Se está construyendo un relato sobre este tema que no tiene nada que ver con la realidad de la Iglesia. Ustedes pueden coger los datos de Eurostat sobre este tema y ver los porcentajes que hay de las distintas casuísticas y entonces uno dice: ¿y por qué solo se pone el foco en la Iglesia si es un porcentaje insignificante? Estamos hablando es un porcentaje irrelevante, irrelevante, irrelevante. Irrelevante en el conjunto de la sociedad", aseguró Giménez Barriocanal.

Tal y como ha venido publicando EL PAÍS, la Iglesia española silenció durante décadas la mayoría de los casos de abusos sexuales a menores que conoció o juzgó en sus tribunales eclesiásticos. No comunicó estos hechos a la Fiscalía para abrir un proceso judicial ni ha hecho públicas las condenas impuestas a los sacerdotes pederastas, salvo contadas, y en algún caso forzadas, excepciones.

Los jueces han dictado en los últimos 30 años, según los registros del Centro de Documentación Judicial, hasta 33 condenas a sacerdotes en causas abiertas por abusos a 80 menores. Las penas impuestas han ido desde una multa hasta 21 años de prisión; algunas sentencias incluyeron indemnizaciones a las víctimas de entre 1.200 y 70.000 euros.

España tiene 18.000 sacerdotes, por lo que las condenas por pederastia afectan a menos del 0,2% de los religiosos. En media docena de las sentencias conocidas, los hechos probados explican cómo las víctimas denunciaron primero los abusos en la Iglesia y, ante la falta de respuesta, decidieron acudir a los tribunales.


22 de mayo de 2018

Un quemadero de Pontífices


Un quemadero de Pontífices
Pese a las denuncias y las pruebas, los papas han ignorado los casos de pederastia en el seno de la iglesia hasta que han amenazado su pontificado


Miembros de la Conferencia de opispos de Chile en el Vaticano este lunes. GREGORIO BORGIA (AP) / QUALITY-REUTERS

Un mal no es un mal para quien no lo siente. Les ocurrió a Juan Pablo II y Benedicto XVI. Hasta que no les cayó el pedrisco de la pederastia sobre sus cabezas, no fueron conscientes de las desgracias y el desprestigio que estremecían a la Iglesia romana. No fue hasta 2002 que el pontífice polaco, en babia pese a su formidable afición a viajar, escuchó las alarmas. Hasta entonces, había despreciado las denuncias porque, en su opinión, pretendían desprestigiar a su iglesia. Algunos de sus portavoces llegaron a decir que la difusión de los casos de abusos en Estados Unidos era una venganza del presidente George W. Bush por haber criticado el papa polaco la guerra de Irak.

Si Juan Pablo II se alarmó fue porque, de pronto, los casos de pederastia empezaron a amenazar las finanzas de la organización, muy rica para pagar campañas contra el aborto o la eutanasia, por ejemplo, pero pobre para indemnizar a las víctimas en cumplimiento de condenas judiciales inapelables. La llamada a Roma de los cardenales estadounidenses en apuros, en su mayoría encubridores, no acalló el escándalo ni escarmentó a los principales jerarcas.

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Por entonces, se conocieron comportamientos desastrosos. Por ejemplo, el cardenal colombiano Darío Castrillón, prefecto de la Pontificia Congregación del Clero, había mandado en 2001 una carta de felicitación a un obispo francés que había ocultado de la justicia a un cura pederasta. “Estoy encantado de tener un compañero que habría preferido la cárcel antes que denunciar a un sacerdote", le decía. En la misma fecha, el también cardenal Tarcisio Bertone, número dos del Vaticano, relacionaba pederastia y homosexualidad; el español Antonio Cañizares afirmó que peor que los abusos sexuales de eclesiásticos a menores era la legalización del aborto, y se supo entonces que el todopoderoso prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Josep Ratzinger, hoy papa emérito, había enviado una circular a los obispos ordenándoles que los casos de abusos a menores por clérigos de toda condición quedaban centralizados en dicha congregación. Cuando la ropa sucia de los abusos empezó a salirle por la ventana, se vio obligado a llamar a capítulo a los obispos de Irlanda, encubridores de hasta 25.000 abusos. Son los casos más clamorosos, pero hay muchos más, también en España. Ahora mismo, en Australia, el número tres de la Curia de Francisco, el cardenal George Pell, jefe de las finanzas de la (autollamada) Santa Sede, se sienta en el banquillo en su país, acusado él mismo de abusador de menores.

Francisco debería de haber escarmentado en la cabeza de sus predecesores, pero se comportó de la misma manera cuando llegaron a su mesa desde Chile 2.500 páginas denunciando incontables episodios de pederastia encubiertos por algunos jerarcas de su confianza. Peor aún. Cuando se dio cuenta de que el escándalo podía amargarle el viaje por ese país respondió con exabruptos a la periodista que quiso saber. Que me traigan “pruebas”, dijo con impertinencia. Tuvo que matizarse en el avión que le regresaba a Roma, ante toda la prensa. Lo puso peor. En lugar de “pruebas debí decir evidencias”, dijo. Sutilezas de mal teólogo. Esta semana se reúne con los obispos chilenos llamados a capítulo al Vaticano. ¿Rodarán cabezas? Demasiado tarde. El quemadero de la pederastia amenaza ya todo el pontificado del jesuita argentino.

Nadie, ni siquiera un papa como Francisco, tan encantado de la papolatría al uso, sale indemne de un escándalo de estas dimensiones. Ayer mismo, la agencia Associated Press informaba desde Chile de que un miembro de los Hermanos Maristas violó a 14 chicos en dos colegios. La congregación tardó siete años en señalar al abusador y la justicia ha tenido que superar incontables obstáculos para encausarle, también durante años. Ocurrió antes con el fundador de los Legionarios de Cristo, el mexicano Marcial Maciel, protegido por Juan Pablo II, que lo presentó como “ejemplo para la juventud” cuando eran notorias sus tropelías, y ha vuelto a suceder hace apenas dos años con el peruano Luis Fernando Figari, fundador de los Sodalicio, castigado por fin, después de saberse de sobra que era otro crápula del tamaño de Maciel.

La llamada a capítulo de los obispos chilenos tiene la atención mundial. “Estamos en una emergencia espiritual”, ha dicho su portavoz. Siguen viendo la pederastia como un pecado. Es un delito. Se dice que van a recibir una reprimenda de Francisco, pero es la credibilidad y el prestigio del Papa los que están comprometidos. Como sus predecesores, despreció a las víctimas y aceptó como verdaderas las falsas informaciones que le dieron dos cardenales y su embajador en Chile.

“Somos pastores, no policías”, se disculpan los jerarcas católicos. “Si no podemos ser castos, al menos seamos cautos”, aconsejaban a veces, con una de las ironías del simpático cura rural de George Bernanos. Ese fue el espíritu con que se ha amparado a clérigos delincuentes. Achacar los escándalos a campañas de los enemigos de la Iglesia fue, por cierto, la tesis de Ratzinger durante una visita, en noviembre de 2002, a la Universidad Católica de Murcia. “Estoy convencido de que la presencia mediática constante de los pecados de los sacerdotes católicos es una campaña planeada, puesto que el porcentaje de esos escándalos no es más alto que en otras categorías profesionales, e incluso es menor". Así proclamó. Como suele decirse, si el prior se va de farra, qué no hará la comunidad.


27 de mayo de 2016

El obispo de Lleida exige el certificado antipederasta a sus curas y catequistas

El obispo de Lleida exige el certificado antipederasta a sus curas y catequistas
El proceso afectará a 80 curas y a otras 500 personas, incluido el prelado
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EL PAIS -  leida 27 MAY 2016 - 10:08 BRT
El obispo de Lleida, Salvador Giménez Valls.
El obispo de Lleida, Salvador Giménez Valls.

El obispo de Lleida, Salvador Giménez Valls, ha firmado un decreto en el que obliga a todos los sacerdotes de su diócesis – alrededor de 80 – a presentar el certificado que acredita que no tienen antecedentes penales por delitos relacionados con la pederastia y la pedofilia. El decreto del obispo también exige demostrar, con el mismo documento, la ausencia de antecedentes pederasta al cerca de medio millar de religiosos y laicos asalariados y voluntarios de la diócesis que trabajan y que pueden llegar a realizar funciones en la que haya menores.

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Víctor Espinosa, secretario general y canciller del obispado de Lleida, ha asegurado esta mañana que el obispo “sólo aplica la ley de protección a la infancia y adolescencia que nos obliga a obtener el certificado negativo, del registro central de delincuentes sexuales, para todos aquellas personas que realicen tareas pastorales con menores de 0 a 17 años”. Espinosa asegura que todos los sacerdotes de la demarcación estarán obligados a entregar el certificado y sólo estarán exentos de él contadas excepciones como los presbíteros de la Catedral “que no tienen ninguna relación con menores”.

Hasta el próximo mes de septiembre las parroquias, delegaciones y servicios pastorales entregarán toda la documentación a la Secretaria General del Obispado y desde allí se realizará una petición conjunta para obtener los certificados. “El propio obispo, Salvador Giménez Valls, será el primero en solicitar su certificado porque queremos ser ejemplo de transparencia en este sentido”, ha asegurado el canciller de la diócesis.

“La mayoría de obispados se someterán a esta ley, pero, de alguna manera, nos enorgullece ser el primero que anuncia y obliga a realizar este certificado”, admite Espinosa. Una vez obtenidos los documentos, en el caso que la persona no tenga antecedentes por conductas pederastas seguirá con su labor catequista. Si por el contrario, sí tiene su hoja de conducta manchada; con “la máxima delicadez se le informará que no está en condiciones de trabajar con menores y se le apartará de estas labores”.