La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes
la querella contra el presidente de la Generalitat,
Artur Mas, por la supuesta comisión de delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones en la consulta ilegal del 9-N.
La querella, que se ha presentado a mediodía en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, también se dirige contra la vicepresidenta catalana Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau, también por los mismos delitos, según han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado.
La Secretaria Técnica del órgano ultimaba ayer los retoques «técnicos» del escrito que finalmente se ha presentado este viernes. En él se parte de que tras la primera suspensión acordada por el TC, el Gobierno de la Generalitat, «en cumplimiento de su designio original de celebrar una consulta materialmente referendaria» sobre el destino político de Cataluña, «con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces había obstaculizado», adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante «actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso», y establecer que su vía de comunicación con la ciudadanía sería una página web institucional.
Torres-Dulce desglosa en su querella todas las actuaciones que llevaron a cabo Mas, Ortega y Rigau en relación con la consulta prohibida y que, a su juicio, les han hecho incurrir en cuatro delitos: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones judiciales.
Responsabilidad de Mas
Desde la constitución de los órganos de la administración electoral previstos en la ley de consultas ya suspendida, hasta la campaña de llamamiento a la participación de la ciudadanía,
la responsabilidad de Mas en este proceso es total. «El querellado puso en marcha un proceso de participación con la parafernalia de urnas, mesas y papeletas característica de los procesos electorales», sostendrá la denuncia. Y es en el diseño de esta parafernalia en la que entra en juego la consejera de Educación. Desde el Departamento de Enseñanza de la Generalitat que dirige Irene Rigau se llevaron a cabo «
convocatorias oficiosas cursadas vía correo electrónico a directores de institutos de enseñanza media en las que les solicitó su colaboración consistente en la cesión de sus centros los días 8 y 9 de noviembre para la instalación de mesas electorales y el desarrollo de la convocatoria».
De igual forma, las papeletas fueron confeccionadas «siguiendo instrucciones del Gobierno autonómico». El Ejecutivo «exigió» por mail a las emisoras de radio y cadenas privadas la difusión gratuita de los anuncios de la campaña informativa, y se mandaron cartas con el membrete oficial de la Generalitat a los ciudadanos catalanes animándoles a participar en la consulta. «Los actos jurídicos y materiales adoptados por el Gobierno de la Generalitat e impulsados por Mas y los otros querellados, tendentes a lograr a toda costa la celebración de la consulta (y que implican prevaricación), se prolongaron después de la providencia del 4 de noviembre» (segunda suspensión del TC). Incluso el mismo día de la consulta, en el momento de depositar su voto, Mas hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable del 9-N era él, recuerda el escrito.
Ese día es fundamental el papel de Ortega: con sus comparecencias para dar cuenta de los datos de participación, la vicepresidenta autonómica puso cara a la asunción de «tareas propias del proceso de participación por parte de la Generalitat».
«Manejo honesto» del dinero
Para el Ministerio Público, la malversación se cometió desde el momento en que se invirtió dinero público en «actuaciones delictivas en tanto radicalmente opuestas a las resoluciones del TC». Dice la Fiscalía que en el delito de malversación el bien jurídico protegido es el «correcto funcionamiento de la actividad patrimonial del Estado y la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los caudales del Estado» sin que sea necesario que se lucrasen el Gobierno autonómico o terceros.
Respecto al delito de usurpación de funciones (impedir ejecutar una resolución dictada por la autoridad judicial competente), este protege la división de poderes, recuerda la Fiscalía. «Lo que está en juego realmente es la vigencia de las decisiones del TC en el territorio de Cataluña, contrarrestada sin fundamento legal por un ejercicio desviado de las prerrogativas administrativas y de gobierno de las que se hallan investidos los querellados».
