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9 de abril de 2014
Los carteles colombianos se lanzan al menudeo de droga en Pontevedra
el pais - ELISA LOIS Vilagarcía de Arousa 9 ABR 2014 - 00:55 CET32
Los peones del negocio de la cocaína, dedicados a vigilar el tránsito de los cargamentos a Galicia desde Sudamérica y al cobro de deudas, han tenido que bajar al último escalón del mercado de estupefacientes para sobrevivir en un momento en el que la entrada de grandes alijos marca mínimos históricos. El excedente de traficantes colombianos que comenzaron a desembarcar en la Península en los noventa y los vaivenes de un mercado que se abastece por oleadas han obligado a los temidos asalariados de los dueños de la cocaína a rentabilizar al máximo el mercado minorista.
Una investigación del Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Pontevedra ha confirmado cómo, en apenas un año, un grupo de siete colombianos —presuntos miembros del poderoso cartel del Valle— desplazaron a los vendedores locales para hacerse con su clientela de consumidores habituales de cocaína en dosis. Entre finales de 2012 y mediados de 2013, estos traficantes procedentes de Madrid formaban “un grupo estable que se dedicaban al tráfico cocaína y marihuana en la ciudad”, según la policía. La cocaína que distribuían la transportaban periódicamente de las “caletas” (escondites en su argot) donde se almacenan los envíos que llegan a España en maletas o contenedores.
Para el desarrollo de su activo negocio “existía una clara distribución de funciones entre los imputados”, dice el fiscal que les acusa de narcotráfico y pertenencia a un grupo criminal organizado. El cabecilla, César Mauricio Torres González, de 40 años, nacido en Cartago Valle (Colombia) y con residencia en Getafe (Madrid) pero en situación irregular en España, era el encargado de conseguir la cocaína y enviarla desde la capital a Pontevedra. Su principal contacto en la ciudad era Mauricio Ramírez Cano, alias Muñeco Chino, de 37 años, procedente de la misma ciudad colombiana y que tampoco tenía permiso de residencia. El cometido de Cano era distribuir a los vendedores la droga que enviaba el jefe, concretamente a Juan Carlos Cano, alias Juancho o Caifás, nacido en Toro Valle (Colombia) pero con residencia en Monteporreiro, y a León Antonio Torres Izaza, alias Leo, de 63 años, con domicilio en Pontevedra después de obtener la nacionalidad española. El otro vendedor era Dayro Alberto Ayala Cogollo, de 27 años, con permiso de residencia y vivienda céntrica en la ciudad. Los otros dos miembros del grupo, José Fidel Marín Buitrago y su hija Nidia Amparo Marín Soto, procedentes de la ciudad colombiana Tulúa Valle pero residentes en Getafe, eran los encargados del transporte de la coca a Galicia.
A principios de marzo de 2013, la policía había montado un dispositivo para detenerles. Sabían que Mauricio Ramírez le había hecho un pedido de cocaína a su jefe, un pequeño transporte para atender la demanda puntual de un cliente. El día 8, José Fidel y su hija viajaron con 300 gramos de cocaína (valorados en 10.000 euros) para entregarlos al distribuidor en su casa, hecho que desencadena la detención del grupo. En los registros policiales se localizaron numerosas bolsas de plástico con pequeñas cantidades preparadas para su venta y otros útiles para pesar las dosis, además de numerosos teléfonos móviles. De los análisis del laboratorio se comprobó que la cocaína que distribuía el grupo era de escasa calidad, con un grado de pureza medio del 35%. El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, pide penas superiores a los cinco años de cárcel para seis de los detenidos y solo a uno le rebaja en un año la condena, además de imponer multas de 168.000 euros. En su escrito de acusación solicita al tribunal que mantenga a los acusados en prisión hasta la celebración del juicio, previsto para el 6 y 7 de mayo en la Audiencia de Pontevedra.
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28 de marzo de 2013
Detenidos por torturas y drogas nueve guardias civiles llamados “el Grupo 7”
Detenidos por torturas y drogas nueve guardias civiles llamados “el Grupo 7”
“Delinquieron y torturaron de uniforme”, dice el coronel que dirigió su captura en Canarias
En la operación han sido arrestadas otras 12 personas
Se han intervenido 1.000 kilogramos de hachís
También se les imputan delitos de torturas, amenazas, falsedad documental...
el pais - TXEMA SANTANA Las Palmas de Gran Canaria 27 MAR 2013 - 20:16 CET64
La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento (c), acompañada por el coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Ricardo Arranz (i) y por el director general de la Administración del Estado en Fuerteventura, José Agustín Medina González (d), durante la rueda de prensa que han ofrecido hoy para informar sobre la "Operación Botavara". / ÁNGEL MEDINA G. (EFE)
"Cometieron delitos de tortura, sí. Con el uniforme, sí". Ricardo Arranz, coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, explicaba así parte de los presuntos delitos cometidos por nueve agentes del cuerpo que se hacían llamar “el Grupo 7”. “Debe ser que hay una película, o algo así”, añadió el coronel Arranz al explicar la operación la Operación Botavara, desarrollada en Fuerteventura y que ha acabado con la detención de 21 personas, nueve de ellas miembros del instituto armado. La investigación ha llevado a la incautación de casi 1.000 kilos de hachís.
Los guardias civiles detenidos conformaban “una organización con cabecillas y perfectamente jerarquizada”, pero cuya estructura “no respondía a la jerarquía que había dentro de la Guardia Civil: el que más rango tenía no era el que más mandaba”. La investigación arrancó en noviembre, pero tomó velocidad en la madrugada del 20 de febrero, cuando una patera cargada de droga intentó arribar a la costa norte de Fuerteventura, a la zona de El Cotillo. La Guardia Civil ya vigilaba a sus propios compañeros que esperaban la llegada de la barquilla. Esta encalló en la orilla. Cuando al día siguiente los miembros de la trama delictiva acudieron a recoger los fardos, los guardias civiles buenos los detuvieron.
Cinco de los guardias civiles malos siguen en prisión desde que fueron detenidos y forman parte del eje central de la organización que se investiga en esta operación. La Comandancia de Las Palmas está convencida de que en su trabajo delictivo “se valían de la impunidad que les confería portar el uniforme de la Guardia Civil, manchando el honor de los profesionales que pertenecen al instituto armado”.
Los principales acusados cargan con delitos de torturas, amenazas, detenciones ilegales, tráfico de drogas, contra las garantías constitucionales, falsedad documental en diligencias y actas y otros más. “Han dejado pocos delitos del Código Penal sin tocar”, sintetizó Arranz, visiblemente dolido por cómo habían actuado sus compañeros. Incluso dentro del propio cuerpo los acusados de movían con una especie de “un halo de superioridad y jactándose de ser buenos policías”, explicó el coronel de la Guardia Civil, que ejerció como portavoz ante la prensa.
La banda desarticulada tenía conexiones con Marruecos, país del que procedía la droga con la que obtenían pingües beneficios. Dos de los detenidos son de nacionalidad marroquí.
La banda liderada por los guardias era considerada como una de las “importantes” en el norte de Fuerteventura, por el volumen de droga que movían. Una vez que los agentes fueron detenidos, los vecinos de la zona han aportado una gran cantidad de información sobre cómo trabajaban. Hasta entonces, había un total silencio: “Estaban asustados”, aseguró Arranz.
Las supuestas torturas de la que son acusados se produjeron en las instalaciones del cuerpo, donde habrían provocado lesiones “o cualquier otra cosa”, según Arranz, a quienes caían en sus manos. El instituto armado investiga los atestados que realizaron los detenidos para saber exactamente cuanto tiempo llevaban delinquiendo “con el uniforme puesto”.
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6 de febrero de 2013
La policía intercepta uno de los mayores alijos de cocaína de la historia
La policía intercepta uno de los mayores alijos de cocaína de la historia
La droga intervenida son unos 4.100 kilos valorados en casi 242 millones de euros
EL PAÍS Madrid 6 FEB 2013 - 11:34 CET
La Guardia Civil, en la denominada Operación Pluto desarrollada en Alicante, ha intervenido 4.105 kilos de cocaína procedente de Sudamérica. Se trata de uno de los mayores alijos terrestres de cocaína de la historia y el más importante desde 2001.
Con la detención de sus tres integrantes, se ha desarticulado una red delictiva dedicada a la introducción, elaboración y venta de cocaína en España. La droga intervenida está valorada en casi 242 millones de euros. Se calcula que se ha evitado que lleguen al mercado más de 82 millones de dosis, que iban a ser distribuidas en todo el territorio nacional y Europa.
La operación se inició a raíz de la incautación de 190 gramos de cocaína el pasado día 15 de enero. Al parecer, la droga había sido introducida en las láminas de piel de vacuno durante el proceso de tratado para su comercialización. Tras las indagaciones practicadas se averiguó que una empresa de calzados había importado a España pieles en seis contenedores procedentes de Colombia a través del puerto de Algeciras.
La carga había llegado en palets el pasado día 1 de febrero a localidad alicantina de Elche, concretamente a una nave industrial que aparentaba estar abandonada y cuyas inmediaciones vigilaba una persona en el interior de un vehículo. Esta nave había sido alquilada la tarde anterior por uno de los ahora detenidos, que es apoderado de la empresa de fabricación de calzado mencionada.
En el registro en dicha nave, tras revisar la mercancía, se encontró un total de 3.732 paquetes que contenían algo más de un kilo de cocaína cada uno, envasados con cinta adhesiva de embalar ocultos en el interior de las pieles vacunas. Se intervinieron exactamente 4.105 kilos. También han sido intervenidas dos escopetas de caza, un rifle, tres machetes y munición, entre otras cosas.
Los detenidos, que han ingresado en prisión, son M.A.M.L. (cabecilla del grupo organizado), M.L.M. y A.T.B., españoles vecinos de Elche con edades comprendidas entre los 49 y los 56 años de edad.
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