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23 de septiembre de 2015
Spain and the Catalans must avoid a collision
September 20, 2015 3:35 pm
This week’s election is decisive for the region’s independence bid
O
ne of the biggest tensions in Spanish politics is the demand by a growing number of Catalans for independence from Spain. This Sunday, that campaign reaches a decisive stage when Catalonia holds regional elections. For the first time, the main pro-independence parties are running on a single unified list in order to give fresh momentum to their cause. They have pledged to set up an independent state within 18 months if they win a majority of seats in the Barcelona parliament.
Opinion polls suggest such an outcome is likely. If so, it will take the struggle between Madrid and Barcelona to a dangerous new level. Spain’s centre-right government has taken a robust line against the Catalans, insisting that the country’s regions have no right to determine their political future — let alone secede from the Spanish state. The secessionists, however, say victory on Sunday will see them establishing their own diplomatic service, central bank, tax authority — and possibly even armed forces. Spain and Catalonia would be on a path to collision, something that must be avoided.
Catalonia’s nationalist government is entitled to test the appetite of its people for a break from Spain. The factors promoting a stronger Catalan national identity cannot be ignored. The region has its own language, culture and history. It is one of Spain’s richest regions comprising 16 per cent of its population but almost a fifth of the total economy. It has a similar population to EU members such as Denmark and Austria.
In two respects, however, the current independence drive is flawed. First, the secessionist parties have set the threshold for victory on Sunday too low by looking to win an absolute majority of seats. They should not be entitled to declare any form of victory unless they secure at least 50 per cent of all votes cast. This was the challenge facing the Yes campaign in Scotland a year ago and should be the minimum test in any plebiscite on such a grave matter as secession. Securing 50 per cent of the vote would not deliver independence; but it would send a signal to both Madrid and the EU that the nationalist problem in Catalonia can no longer be ignored.
The pro-independence parties also owe it to the people of Catalonia to be more honest about the costs of breaking away. Separatists claim that when Catalonia stops transferring tax receipts to the poorer regions of Spain, there will be more to spend locally. This ignores many of the challenges the new country would face. An independent Catalonia would need to reapply for membership of the EU and the euro and its entry would be far from guaranteed. It would have an unproven record in credit markets. A declaration of independence would plunge Barcelona and Madrid into an unprecedented constitutional crisis, which would be certain to undermine business confidence.
The FT believes that secession is not in the interests of Catalonia, Spain or the EU. If it is to be averted a “third way” between independence and the status quo must be found. Madrid needs to give Catalonia more autonomy under a new national constitution. This means, in particular, granting a more generous fiscal settlement to the Barcelona parliament.
Striking such a deal will not be easy. The effort will be complicated by the fact that Spain is about to hold national elections that may not produce a conclusive result. But an accord must be found. Thanks to tough reforms by Spain’s centre-right government, the Spanish economy is emerging from crisis. The country cannot afford to see that success reversed in a new era of nationalist mayhem.
10 de septiembre de 2014
443 personas declaran un patrimonio neto de más de 30 millones en 2012
443 personas declaran un patrimonio neto de más de 30 millones en 2012
El censo de multimillonarios supera los registros previos a la crisis pese a la recesión
Cataluña y Madrid concentran más de la mitad de la riqueza bruta reflejada en el impuesto
EL PAIS - ALEJANDRO BOLAÑOS Madrid 10 SEP 2014 - 00:01 CEST34
La necesidad imperiosa de recuperar ingresos públicos tras la crisis resucitó en 2011 el impuesto sobre el patrimonio, que había sido eliminado tres años antes por el Ejecutivo socialista, el mismo que lo reflotó. Y en el segundo ejercicio de esta nueva etapa, la estadística del impuesto refleja un significativo repunte de las fortunas más elevadas: en 2012, hasta 443 personas declararon una base imponible superior a 30 millones de euros, un registro récord, que supera en un 25% el dato de 2011, y casi duplica las cifras previas a la crisis (233 personas en 2007).
Este repunte de las mayores fortunas que se declaran en el impuesto de patrimonio se produjo en plena recesión de la economía española. Pero no es el primer indicio de que la crisis ha tenido un impacto muy dispar. España, según Eurostat, era en 2012 el país más desigual de la UE, solo detrás de Letonia.
Las consultoras especializadas, como Capgemini, reflejan que el número de españoles que tienen disponible más de un millón de dólares (775.000 euros) para invertir ha crecido un 27% desde 2008. Las sociedades de inversión de capital variable (sicav), uno de los instrumentos favoritos de las grandes fortunas para gestionar el patrimonio familiar, han recuperado el valor perdido desde 2007. Y un informe reciente de la OCDE concluye que el ingreso medio del 10% más pobre cayó 7,5 veces más que el del 10% más rico entre 2007 y 2011.
Las declaraciones que la Agencia Tributaria incluye en el tramo de base imponible más elevado apenas equivalen al 0,001% de la población española. Pero si la lupa se amplía algo más, hasta las personas que declaran en el impuesto una base imponible superior a 1,5 millones de euros, este censo fiscal de multimillonarios también refleja un incremento (52.179 personas, frente a las 44.537 registradas en 2011).
En realidad, los bienes y derechos económicos que se declaran en el impuesto de patrimonio tienen un valor mayor que el que se refleja en la base imponible, la partida que la Agencia Tributaria desagrega por tramos. Para llegar a esa base imponible, del valor de los elementos que se declaran en el impuesto (títulos financieros, como acciones o bonos, y viviendas, pero también seguros de vida, coches, obras de arte, joyas o yates), se deducen deudas y cargas. También, los bienes exentos, desde los vinculados a la actividad empresarial familiar, a ciertas obras de arte, los planes de pensiones o incluso el ajuar doméstico. Y, en el caso del valor de la vivienda habitual, se detraen 300.000 euros. En el conjunto del impuesto, el patrimonio bruto casi duplica la base imponible.
El resto de magnitudes del tributo también evidencian un incremento significativo. En 2012 hubo 173.505 declarantes del impuesto, un 33% más que en 2011. El patrimonio bruto total declarado supera el medio billón de euros, un 22% más. Y la recaudación (los tipos oscilan entre el 0,2% y el 2,5%, y se aplica un mínimo exento de 700.000 euros) también aumenta: de 740 a 929 millones de euros, un ingreso que se destina de forma íntegra a las comunidades autónomas.
Pese al repunte registrado, el número de declarantes en el principal tributo sobre la riqueza es muy limitado, no llega al 0,4% de la población. Una de las razones está en el nuevo diseño del impuesto desde 2011: solo están obligados a declarar las personas con un patrimonio bruto mayor a 2 millones (600.000 euros hasta 2008) o con una cuota positiva (en lo que influye el nuevo mínimo exento de 700.000 euros, que antes era de apenas 100.000, o la exención a la vivienda, que se duplicó). Por contraste, en 2007 hubo más de un millón de personas que declararon por este impuesto superaron y la recaudación sobrepasó los 2.000 millones.
Es un diseño que busca hacer recaer el tributo en las mayores fortunas. “El de patrimonio se ha convertido en un impuesto para las clases medias, ya que las altas encuentran fáciles mecanismos de elusión”, señaló en 2007 el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para justificar la supresión, luego rectificada. Fuentes de la Agencia Tributaria confirmaron que en los datos de 2012 se incorpora el impacto de la amnistía fiscal y de la reforzada obligación de declarar bienes en el extranjero, medidas adoptadas por el Ejecutivo del PP aquel año.
También incide que dos comunidades (Comunidad Valenciana y Baleares) dejaron de bonificar la cuota del impuesto ese año para evitar el pago a los contribuyentes, medida que ya solo mantiene la Comunidad de Madrid (que renuncia de este modo a 600 millones de recaudación). Eso hace que uno de los dos criterios que fija la obligación de declarar (cuota positiva) volviera a estar vigente en esas dos comunidades: el número de declarantes pasó de 4.730 a 18.376 en la Comunidad Valenciana, y de 990 a 6.410 en Baleares.
Cataluña (que registró el mayor repunte de declaraciones, de 44.846 a 66.707 en un año) y Madrid concentran más de la mitad del patrimonio total declarado en el impuesto. Pero la comunidad que preside Ignacio González lo hace con bastantes menos declaraciones (15.585) por los muchos contribuyentes a los que la Comunidad de Madrid exime de la obligación de declarar al bonificar el 100% de la cuota.
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Economía,
Tasas-Tributación-Impuestos
20 de junio de 2014
El Gobierno anuncia una rebaja media del 12,5% en el impuesto del IRPF
El Gobierno anuncia una rebaja media del 12,5% en el impuesto del IRPF
"Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos", afirma el ministro de Hacienda
EL PAIS - JESÚS SÉRVULO GONZÁLEZ / EL PAÍS Madrid 20 JUN 2014 - 14:21 CET84
El presidente Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón y Cristóbal Montoro, en el Congreso. / JAVIER LIZÓN (EFE)
El Gobierno calcula que la reforma fiscal que ha presentado este viernes supondrá una rebaja media en los impuestos al trabajo del 12,5% en dos años, según ha explicado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. La número dos del Ejecutivo ha añadido que, para el 62% de los contribuyentes, que son aquellos que cobran menos de 24.000 euros al año, la rebaja en el IRPF alcanza el 23,5% en 2016. Además, ha rechazado subir el IVA, salvo en lo que respecta a algunos productos sanitarios por imposición de Bruselas, pone en marcha una nueva figura tributaria para las familias numerosas o con dependientes y devuelve los tipos que gravan el ahorro a los niveles que tenía en 2011, salvo para las cantidades superiores a los 50.000 euros.
"Ha llegado el momento de bajar impuestos para todos", ha afirmado el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha concretado que se reducirán los tramos del IPRF de siete a cinco. El más bajo pasará del 24% al 20%, para alcanzar el 19% en 2016. El más alto se reducirá en dos años hasta llegar al 45% en 2016.
Los contribuyentes percibirán los cambios en sus bolsillos a partir de enero de 2015, en pleno ciclo electoral: en mayo del año que viene se celebran los comicios locales y autonómicos y en noviembre, las generales. Aunque habrá que esperar a 2016 para alcanzar la rebaja total anunciada. En concreto, el primer movimiento en el IRPF que entrará en vigor el próximo año supondrá un recorte del 8%. Para las rentas inferiores a los 24.000 euros, será del 19% y, para los que cobren menos de 18.000, del 26,6% en 2015 para llegar al 31% en 2016, según las cifras que maneja Hacienda.
Revertir la situación
Con esta rebaja en el IRPF, el Ejecutivo pretende revertir en dos años la subida aprobada en 2011, nada más llegar a La Moncloa. También apuesta por escenificar una gran rebaja de impuestos para hacer olvidar el medio centenar de subidas que han afectado a todas las figuras tributarias durante los dos primeros años de legislatura y que han tenido un impacto de unos 30.000 millones.
El ministro avanzó las líneas generales de la reforma —que el Gobierno aprueba con tres meses de retraso sobre lo comprometido con Bruselas—, pero se guardó los detalles hasta el próximo lunes cuando detallara la letra pequeña del proyecto.
La reforma presentada por el Gobierno dista mucho de ser un cambio integral y radical como aseguraban el año pasado cuando aludían al proyecto fiscal como la palanca sobre la que se asentaría la recuperación de la economía. El nuevo marco tributario pivotará hacía una imposición más basada en los impuestos indirectos (IVA y especiales) y menos carga en los directos (IRPF y sociedades), lo que resta progresividad al sistema.
Recomendaciones internacionales
El Gobierno cumple así con la tendencia internacional. La mayoría de organismos (Comisión Europea, FMI, OCDE e incluso el Banco de España) habían requerido a España este movimiento. Pero Montoro se resiste a seguir las recomendaciones de Bruselas de subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales para acometer una devaluación fiscal —se encarecen las importaciones y se abaratan las exportaciones— y compensar la bajada de la recaudación por la rebaja del IRPF con impuestos sobre el consumo.
La Comisión tiene el foco puesto en el cumplimiento del déficit y considera que las rebajas de impuestos que plantea España pueden poner en peligro la senda de la consolidación fiscal —España tiene pendiente un ajuste de cerca de 30.000 millones durante los dos próximos años—.
El Ejecutivo aduce que la economía está recobrando vigor y la recaudación se está comportando mejor de lo previsto —crece cerca de un 7% en lo que va de año— lo que le deja margen para evitar otras subidas de impuestos. Además, el plan de Hacienda pasa por desplegar la reforma fiscal en dos años para repartir el coste de las rebajas en las arcas públicas durante los dos próximos años. Algunos expertos apuntan que será en 2016, una vez superado el ciclo electoral, cuando se aprueben las medidas menos populares, como una posible reclasificación de productos del IVA del tipo reducido al general, o una fuerte subida de la tributación de la vivienda.
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