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12 de julio de 2016
España anuncia una subida del impuesto de sociedades para atajar el déficit y rebajar las sanciones
España anuncia una subida
del impuesto de sociedades para atajar el déficit y rebajar las sanciones
El Gobierno planea adelantar el cierre presupuestario de los ministerios
a julio
El ministro de
Economía en funciones, Luis de Guindos CHEMA
MOYA EFE
Rajoy prometió bajar los impuestos en campaña. 16 días después de las elecciones
del 26-J, el Gobierno ha anunciado este martes la primera subida de impuestos
de la próxima legislatura para cumplir con Bruselas. Madrid se compromete a una
buena sacudida al impuesto de sociedades, de hasta 6.000 millones de euros
anuales: el Gobierno presentará mañana miércoles en Bruselas las alegaciones
para evitar las sanciones por incumplimiento del déficit con esa medida como
anzuelo para intentar que la Comisión Europea rebaje la multa final incluso
hasta cero euros.
Se trata de una subida del tipo a cuenta del impuesto de sociedades a
partir de un umbral —es decir, no a todas las empresas— que deberá aprobar el
próximo Gobierno. Junto con ese anuncio, el Ejecutivo calcula que se ahorrará
1.500 millones por menores intereses de la deuda. Y obtendrá 1.000 millones
adicionales por la mejora de la lucha contra el fraude. "España va a
reducir el déficit al 3% del PIB el año próximo", ha afirmado el ministro
Luis de Guindos.
El Ejecutivo en funciones adelanta así el pago de las retenciones a cuenta
del impuesto de sociedades que efectúan las empresas, pero si ese truco
contable se mantiene en el tiempo sí supondría una subida de impuestos. De esta
forma, el Gobierno recuperará los pagos fraccionados que las empresas pagaban
hasta el año pasado, tal y como adelantó EL PAÍS hace un mes. Se trataba de medidas temporales adoptadas en 2012, en lo peor de la
crisis, que se fueron prorrogando hasta 2015. Estas medidas obligan a las
grandes empresas a adelantar una parte de la liquidación del impuesto de
sociedades calculado sobre el resultado contable y no sobre la base imponible
sujeta al impuesto. Es decir, no tenía en cuenta los créditos fiscales ni otras
deducciones sobre la base. Esta medida, junto con la rebaja de tipos del
impuesto del 28% al 25%, está suponiendo una merma de la recaudación del
impuesto que pagan las grandes empresas de unos 2.500 millones durante los
cinco primeros meses del año.
Junto con esas medidas, según las fuentes consultadas, Madrid ofrece a
Bruselas adelantar la orden de cierre contable de los ministerios en julio en
lugar de noviembre, para que cualquier gasto que no sea imprescindible no pueda
ejecutarse.
Guindos espera que con esas medidas y un crecimiento cercano al 3% del
PIB España esté muy cerca de rebajar el déficit público al 3% del PIB el año
próximo. Y ha explicado que está "convencido" de que la multa
"será cero o nula". España reclama, además, celeridad a la Comisión Europea
para que cierre el procedimiento sancionador y conceda un año extra a España
para cumplir el déficit. Y anuncia que mañana presentará las alegaciones contra
la sanción: "España ha hecho el giro más intenso y profundo de la eurozona
en los últimos cuatro años: era el principal riesgo económico y financiero y
ahora no solo es el gran país que más crece sino que el sistema financiero no
genera dudas".
España hizo una reforma laboral, una reforma de pensiones y reestructuró
sus bancos, alega el Gobierno. A la vez, ha reducido el déficit público a razón
de 10.000 millones al año sin apenas crecimiento a lo largo de la legislatura.
Con una inflación negativa que no entraba dentro de los pronósticos del BCE, y
con un esfuerzo estructural muy superior al que calcula la Comisión, según el
ministro español. "Sería una paradoja que ha tenido el giro más intenso y
que más está creciendo se le impusiera una multa", concluye el ministro. Y
aun así, Bruselas se decanta por las sanciones, que se decidirán en apenas unos
días.
29 de marzo de 2014
El Supremo desestima un recurso del PSOE contra la amnistía fiscal
El Supremo desestima un recurso del PSOE contra la amnistía fiscal
El Alto Tribunal rechaza el recurso porque considera que existe falta de interés legítimo
EL PAIS - J. S. G. Madrid 28 MAR 2014 - 14:09 CET1
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el PSOE contra la amnistía fiscal.
"No ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Partido Socialista Obrero Español, contra el auto de fecha 19 de noviembre de 2012, dictado por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 400/12", señala el fallo del Alto Tribunal. El auto de la Audiencia inadmitió el recurso del PSOE por falta de interés legítimo.
"Reconocer la legitimación de los partidos políticos para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa todas las actuaciones de la Administración contrarias a los planteamientos ideológicos reflejados en su ideario político, sería tanto como reconocer a dichos partidos una acción pública en defensa de la legalidad, contraviniendo la Ley de la Jurisdicción y convirtiendo la jurisdicción contencioso-administrativa, a la postre, en un foro de discusión política", señaló entonces la Audiencia.
A lo que el Supremo añade: No se trata de la defensa genérica de la legalidad, sino de la defensa concreta de una posición política y jurídica clara, centrada en, lo que califica, una oposición rotunda a la amnistía fiscal.
El Gobierno aprobó en 2012 un proceso de regularización fiscal que permitía a los evasores limpiar el dinero oculta pagando solamente un 10%. El Ejecutivo esperaba recaudar unos 2.500 millones pero finalmente solo ingresó la mitad, unos 1.200 millones. Además, flexibilizó la normativa para atraer a los contribuyentes remolones a la amnistía lo que provocó que finalmente pudieran regularizar pagando solo poco más del 3% de lo evadido.
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El 82% de los españoles piensa que los impuestos no se cobran con justicia
El 82% de los españoles piensa que los impuestos no se cobran con justicia
Ocho de cada diez ciudadanos opina que existe mucho o bastante fraude fisca
El 60% cree que recibe de las administraciones menos de lo que paga
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Los ciudadanos no están contentos con el sistema de recaudación de impuestos en España. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado hoy el estudio 'Opinión pública y política fiscal' que pone de manifiesto que ocho de cada diez encuestados considera que los impuestos no se cobran con justicia y que existe mucho o bastante fraude fiscal.
El 82% opina que no pagan más quienes más tienen y tres de cada cuatro (75,2%) tiene la idea de que la administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal. Frente a esta cifra, solo el 7,2% considera que hay poco fraude.
Además, existe la percepción de no hay muchas posibilidades de ser castigado. De hecho, la encuesta apunta a que casi cuatro de cada diez encuestados (39,6%) considera que el riesgo de ser descubierto y sancionado de que las personas que trabajan sin declarar sus ingresos a Hacienda y la Seguridad Social es "bastante bajo".
Muchos impuestos
Los encuestados tampoco se muestran muy de acuerdo con la cantidad de impuestos que se paga: el 54,5% piensa que en España se pagan muchos impuestos y que se beneficia poco de lo que paga al Estado. En concreto, el 59,1% piensa que recibe de las administraciones menos de lo que da. Además, uno de cada cuatro (26,6%) cree que los españoles pagan más impuestos que en el resto de países europeos.
El estudio del CIS también refleja la opinión sobre la manera de en la que se financian los servicios públicos y prestaciones. Las mayores deficiencias se perciben en el ámbito de la vivienda, seguridad social, pensiones y dependencia. Más de la mitad de los españoles piensa que los recursos que se destinan a estos ámbitos son "muy pocos" mientras que uno de cada tres (36,2%) cree que se destina "demasiado" a Defensa. El 60,7% asegura estar "nada de acuerdo" en reducir el gasto social (sociedad, educación...) mientras que uno de cada cuatro estaría "bastante de acuerdo" con reducir la inversión pública en infraestructuras.
En cuanto a la opinión sobre quién administra mejor el dinero de los impuestos, la opción más citada es la Administración central (18,1%), frente a los ayuntamientos (16,7%) y las comunidades autónomas (16,1%).
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