Carmena creará un nuevo
modelo de seguridad con jurados vecinales
El plan también incluye un gestor de barrio (nombrado por el
Ayuntamiento), del que dependerán los agentes municipales y una mesa de
convivencia y seguridad
El Ayuntamiento que dirige la alcaldesa Manuela Carmena (Ahora Madrid) quiere poner en marcha una nueva figura político-policial
en los 121 barrios de la ciudad. A través de la implantación de la llamada
Policía Comunitaria, se pretende crear una estructura policial, judicial y
social paralela a la existente. Esta incluye un gestor de barrio (nombrado por
el Ayuntamiento), del que dependerán los agentes municipales y una mesa de
convivencia y seguridad. El Consistorio pretende crear también “jurados
vecinales”, donde se encontrarán víctimas y delincuentes. La experiencia piloto
se iniciará en Lavapiés.
Casino de la Reina,
donde se centralizará la nueva Policía Comunitaria. KIKE PARA
Según el programa de Gobernanza Comunitaria de la Seguridad y la
Convivencia para el barrio de Embajadores al que ha tenido acceso EL PAÍS, el
Ayuntamiento crea una estructura paralela a las existentes en seguridad,
servicios sociales y judicatura. Actualmente, la seguridad en Madrid depende de
las Policías Municipal y Nacional. Los servicios sociales son competencia de
las respectivas áreas locales y de la Comunidad de Madrid. La delegada de
Gobierno es la máxima autoridad política en seguridad y depende del Ejecutivo
central. Las infracciones penales entran exclusivamente dentro del ámbito de
los jueces y magistrados.
El modelo que pretende instaurar Ahora Madrid choca frontalmente con
este sistema. El nuevo proyecto instaura la hasta ahora desconocida figura del
“jurado vecinal”. En él, infractores, delincuentes y víctimas “tienen la
oportunidad de encontrarse con el entorno social donde se cometió la
infracción, reconocer su culpa y acordar conjuntamente vías para restaurar el
daño hecho a la comunidad”. “La comunidad, por su parte, aceptará el
reconocimiento de culpa y colaborará para definir una medida adecuada de reparación
del daño hecho”. Se busca la “reintegración social” del delincuente. Estos
acuerdos deberán ser ratificados por un “juez ordinario”. El Ayuntamiento
sostiene que este sistema se aplica ya en Estados Unidos, Inglaterra y
Australia “con gran éxito”.
El portavoz municipal adjunto del PP,Íñigo Henríquez de Luna, mostró ayer su total desacuerdo con el plan de policía comunitaria de la
Concejalía de Seguridad. De hecho, lo calificó de “perverso”: “No podemos estar
de acuerdo con un sistema donde se termina entregando el poder a unas
instituciones que no tienen ningún soporte legal”, declaró a EL PAÍS.
“Todo esto lo que genera es un vecino más controlado e indefenso, que ni
siquiera sabe cómo se elige a los gestores de barrio o a los integrantes de los
jurados vecinales”, critica el portavoz del PP.
Henríquez de Luna compara la propuesta del concejal de Seguridad, Javier
Barbero, con los “modelos participativos de Venezuela”. “La policía tiene que
cumplir una función y no es solo la de mediación. También tiene que ser
reactiva y luchar contra el delito”, añade. “Han elegido Lavapiés porque es un
sitio en el que se sienten cómodos por tener tantos seguidores”.
“Gestor de barrio”
Otra de las novedades del plan que quiere poner en marcha Manuela
Carmena es el llamado “gestor de barrio”, máximo responsable del complejo organigrama
que definirá la política de seguridad en la capital.
El gestor (que será nombrado directamente por el Ayuntamiento) asume la
gestión y la coordinación de todos los organismos, los servicios y las
Administraciones implicadas. Orgánicamente dependerá del concejal del distrito
y del edil de Seguridad.
El Ayuntamiento afirma que esta nueva figura es un “community manager
del barrio que dinamiza la participación ciudadana, la convivencia y la
colaboración entre servicios”. “Conoce a fondo el barrio y es conocido por el
barrio. Es quien impulsa y fortalece la gobernanza sobre el terreno, incluyendo
todos los recursos formales [policía, servicios sociales, limpieza] e
informales” para solucionar los “problemas multifacéticos” de la zona. El
Consistorio mantiene que esta figura ya existe en Holanda con “gran
efectividad”.
Bajo la responsabilidad del gestor estarán igualmente los llamados
“círculos de custodia ciudadana”, la “red comunitaria pública y privada”, así
como el “consejo ciudadano”. Los círculos de custodia urbana se encargan de
“cuidar y mejorar la calidad del lugar, reduciendo las infracciones por arrojo
de suciedad y por ruido”, una labor que hasta ahora tiene encomendada la
Policía Municipal, que perdería esta competencia.
Bajo la responsabilidad de los futuros 121 gestores de barrio también
estarán los integrantes de la llamada Unidad de Policía
Comunitaria (agentes voluntarios que harán labores de mediación). Las futuras unidades de intervención en crisis y de emergencias
dependerán, a su vez, de la Policía Comunitaria.
Uno de los objetivos del programa será, igualmente, “el lanzamiento del
Servicio Comunitario de Seguridad y Justicia”. En él se tratará a “vecinos,
víctimas e infractores desde enfoques psicosociales preventivos, usando
técnicas de mediación, atención psicosocial e intervención social comunitaria
sobre el terreno”.
Todos estos organismos tendrán que dar cuenta de su actividad a la
llamada Comisión de Gobernanza del barrio. Todo lo que salga de esta se elevará,
a su vez, al siguiente estamento, en este caso, la homónima Comisión de
Gobernanza del distrito.
Este plan de seguridad y
justicia fue presentado, por primera vez, el 31 de marzo dentro del llamado Plan Director de
la Policía Municipal,
documento marco de las competencias en seguridad del Ayuntamiento. Sin embargo,
no se hacía mención al desarrollo específico del plan. Tampoco se concretó nada
en la rueda de prensa que ofreció el concejal Javier Barbero a los medios de
comunicación el pasado 14 de junio. Durante la presentación de la nueva Policía Comunitaria, el edil afirmó
que los agentes de Lavapiés iniciarían antes de finalizar el año un nuevo
“sistema de patrullaje y de relación con los vecinos”. Su misión consistiría en
reducir la conflictividad y los problemas que se dan en esta zona. Para ello,
se encargarían de contactar con los residentes y las asociaciones del barrio
para detectar las carencias en materia de seguridad y de servicios sociales.
Ocho agentes patrullarían a pie y en bicicleta. Y poco más.
El documento municipal justifica que se haya elegido el barrio de
Embajadores (Lavapiés y el Rastro) porque sufre una gran inseguridad “desde
hace décadas”: “Las incidencias en delitos como la venta de drogas, los hurtos,
robos violentos, han estado por muchos años entre las más altas de la ciudad”.
Las protestas vecinales han motivado que se haya reforzado la presencia
policial.
Sin embargo, “el aumento de la presión poblacional flotante, venida de
otras comunidades autónomas” y “la apropiación ilegal de pisos vacíos por los
desahucios de los bancos y las mafias han agravado las problemáticas de este
barrio”, según su diagnóstico.
El programa se basa, entre otros, en un estudio participativo de 2010, encargado por el propio Ayuntamiento. Este informe destacaba “preocupantes señales de inseguridad” apuntadas por vecinos, profesionales y expertos.
Animadversión policial
También se diagnosticaron “fuertes fracturas” entre los habitantes del
barrio en cómo se debería de enfocar el problema y en particular con el papel
de la policía. “Varios colectivos mostraron una clara animadversión a la
presencia policial”, destaca el plan. El estudio participativo también sacó a
la luz “las bolsas de ciudadanos vulnerables y en riesgo” y “el bajo
aprovechamiento de los grandes recursos formales e informales en el barrio”.
Ante este panorama tan negativo, en el que han fracasado los planes
anteriores, el programa de gobernanza busca implantar un nuevo sistema “que
avance en la eficacia, la eficiencia y la sostenibilidad de la seguridad y la
convivencia”.
El secretario general del Colectivo Profesional de Policía Municipal
(CPPM, el mayoritario del cuerpo), Francisco Torres, rechaza de plano el nuevo
planteamiento desarrollado por el equipo de Javier Barbero. “¿Qué pretenden con
esta nueva estructura? Habrá que recordar al concejal que tenemos un Código
Penal, unos jueces y unos fiscales. Con ellos no vale el sermón filosófico y
teológico a que nos tiene acostumbrados”, criticó Torres.
El responsable del CPPM recordó que la Policía Municipal ya tiene numerosas normas que regulan su funcionamiento como para que
ahora se añadan mayores complicaciones a su trabajo: “Con estas innovaciones,
lo único que van a conseguir es enfadar aún más a los policías y que no sepan
qué es lo que tiene que hacer en cada situación”.
El presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU),
Carlos Bahón, también le auguró poco futuro a “este nuevo germen” de Barbero.
“Lo que no entiendo es que se quiera extender este modelo a toda la capital
cuando no tenemos ni suficientes policías para sacar dos coches patrullas en
algunos distritos en ciertos turnos”, recuerda Bahón.
El dirigente de la APMU también destaca que en la actualidad ya existen
los policías mediadores y que su trabajo de mediación se reduce a uno o dos
casos al mes, en el mejor de los casos. La participación en estos órganos es
voluntaria y mucha gente no se somete a ellos, ya que no reconoce su autoridad.
“Todo esto que se quiere montar no tiene ninguna base jurídica y al final se va
a meter a la policía que es inviable. Espero que la fecha de caducidad de todo
esto esté muy cerca por el bien de los agentes y de los propios ciudadanos”,
concluye.
El equipo de Programa Comunitario de Seguridad se localizada en el
centro municipal del Casino de la Reina, en la calle del Casino. Desde ahí
desarrollará todas sus actividades. El equipo multidisciplinar estará al
servicio, según el programa, del Área de Salud, Seguridad y Emergencias (es
decir, bajo la supervisión de Javier Barbero), y de la Junta Municipal de Centro. Mantendrá reuniones periódicas con
los representantes de ambos organismos y con el mando de la unidad de Centro
Sur de la Policía Municipal.
