Un Brasil de Temer
La destitución de Rousseff no soluciona nada y aumenta la inestabilidad
del país
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La presidenta de
Brasil Dilma Rousseff deja el Palacio de Planalto al ser notificada de que
tendrá que dejar el cargo por 180 días. CADU GOMES EFE
La
destitución de la presidenta Dilma Rousseff, lejos de resolver la profunda
crisis institucional que vive Brasil, la profundiza. Al tiempo, abre profundos
interrogantes sobre el futuro de un país hasta hace muy poco ejemplo mundial de
economía emergente y que ha conseguido sacar a decenas de millones de personas
de la pobreza.
La
decisión del Senado, tras más de 20 horas de sesión, culmina un proceso
iniciado por la oposición en el Congreso e implica que durante los próximos
seis meses Rousseff quedará apartada de la jefatura del Estado. En ese tiempo,
la mandataria será sometida a juicio bajo la acusación de usar y maquillar las
cuentas del Estado para financiar proyectos y presentar un mejor balance ante
el electorado. Una mala práctica, pero utilizada por sus predecesores en el
cargo —cierto que en mucha menor cuantía— y por Gobiernos democráticos de otras
latitudes.
Hay que
recordar que en ningún caso Rousseff será juzgada por los sonados casos de
corrupción política y empresarial que han destruido la reputación del país ante
su propia ciudadanía y ante la opinión pública internacional. Y no lo será
porque las autoridades judiciales no han encontrado pruebas que permitan
encausar por tan graves delitos a la desde hoy suspendida presidenta.
Durante
los próximos 180 días —y hasta 2019 en el caso de que Rousseff sea
definitivamente destituida— ocupará la más alta magistratura de Brasil el
vicepresidente Michel Temer, del Partido Democrático do Movimento Brasileiro
(PMDB). Una formación liberal de centro derecha —plagada de escándalos
judiciales— que el pasado 29 de marzo abandonó la coalición de Gobierno sin que
por ello Temer —que daba por hecha la destitución de Rousseff en grabaciones
ahora conocidas— dejara la vicepresidencia.
También
hay que recordar que Temer pertenece al mismo partido que el verdadero motor de
la destitución de Rousseff, Eduardo Cunha, que desde la presidencia del
Congreso ha impulsado el proceso. Cunha —segundo en la línea institucional de
sucesión a la presidencia del país— fue destituido la semana pasada por
corrupción y lavado de dinero. Sin olvidar que la presidenta ha perdido la
confianza de las dos Cámaras, no pueden extrañar las acusaciones de
conspiración lanzadas por Rousseff y su equipo, ni las dudas sobre lo adecuado
de un presidente que llega al cargo con la clase política enfrentada y un
electorado irritado, dividido y estupefacto ante el espectáculo al que asiste.
Mientras
tanto, Temer se enfrenta a una tarea titánica en un país que no puede
permitirse más parálisis. Hay varios problemas prioritarios que deben ser
tratados: con urgencia, la recesión económica que amenaza con destruir a una
clase media que ha visto aumentar su bienestar en las últimas décadas y que es
la base de la estabilidad del país; después, la profunda crisis de credibilidad
de la clase política ante la lluvia diaria de escándalos, procesamientos y
revelaciones de nuevos casos de corrupción; por fin, la fragmentación
parlamentaria que hace ingobernable el país. Aunque su arranque haya sido muy
cuestionable, Temer está obligado a abordar con seriedad estos desafíos.
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