El juez ordena
exhumar los restos de dos fusilados del Valle de los Caídos
La nieta de las víctimas acudió a la
vía civil para recuperar los cadáveres de sus parientes del monumento
franquista
Los restos de dos hermanos de
Calatayud (Zaragoza) fusilados por miembros de la Falange en los primeros meses
de la Guerra Civil y supuestamente inhumados en 1959 en un columbario del Valle
de los Caídos serán desenterrados y
entregados a su familia previa identificación mediante ADN. El juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El
Escorial (Madrid) ha reconocido “el derecho a la digna sepultura” de Manuel
Lapeña Altabás y su hermano Antonio Ramiro, cuya familia acudió a la vía civil
para recuperar sus restos, tras haberlo intentado a través de las
jurisdicciones penal y contencioso administrativa.
Una familia realizando una visita turística en el Valle de los Caídos. Claudio Álvarez
Manuel Lapeña, inspector veterinario y abuelo de la demandante, y su
hermano menor Antonio, herrero de profesión, fueron detenidos en julio de 1936
en Villarroya de la Sierra, localidad cercana a Calatayud. Su familia se
encontraba entre los fundadores del sindicato
anarquista CNT en
la comarca. Según su nieta, Manuel fue "sacado" de la cárcel por
miembros de la Falange y fusilado en el barranco de la Bartolina, en las
afueras de la localidad, y supuestamente enterrado en una fosa común del mismo
paraje. Su hermano, que consiguió escapar en un primer momento, cometió el
error de entregarse a las fuerzas franquistas y, tras un breve periodo en
prisión, fue asesinado en la tapia del cementerio bilbilitano e inhumado en un
enterramiento colectivo.
En 1959, el Ministerio de Gobernación, antecedente del Ministerio del
Interior, trasladó al Valle de los Caídos los restos de varias fosas comunes, entre ellas las de la zona de
Calatayud, para enterrarlos junto a la que posteriormente sería la tumba de Franco. Existe una certificación del abad benedictino de
Cuelgamuros de que los restos procedentes de esa comarca se encuentran
probablemente en un columbario concreto, en el tercer piso de la Cripta del
Sepulcro. La familia de las dos víctimas ha esgrimido este documento en sus
reclamaciones judiciales por las vías penal y contencioso administrativa, que
no han puesto en duda su validez.
El juez
entiende que existen “indicios” que “determinan” que “los restos cadavéricos de
los familiares de la solicitante se encuentran en el Valle de los Caídos (…)
sin que se les haya procurado búsqueda, identificación y digna sepultura”. El
magistrado recuerda las dificultades que entraña esta identificación. En el
Valle de los Caídos se encuentran sepultados al menos 33.847 personas
pertenecientes a ambos bandos de la Guerra Civil. De la zona de Calatayud
fueron enterrados 81 restos en nueve cajas, cada una de ellas con los restos de
nueve personas registradas en 1959 como “desconocidos”.
El
magistrado menciona un informe de Patrimonio Nacional llevado a cabo en 2011 en
el que se informa de que en 1990 se llevaron a cabo movimientos de restos desde
el piso primero de la Cripta del Santísimo a la Cripta del Pilar. El juez
afirma desconocer el “origen” y la “legalidad” de dicho informe, pero subraya
que estos movimientos no afectaron a la Cripta del Sepulcro, donde se
encuentran los restos. Sin embargo, en los pisos 3º a 5º de dicha cripta surge
un problema técnico: una serie de columbarios dispuestos a modo de muro
obstruyen el acceso. El juez sostiene que estas cajas que taponan el paso
pueden ser trasladadas “de la misma forma que ya lo han sido otros restos del
cementerio”.
El abogado
Eduardo Ranz, que ha representado a la familia de las dos víctimas, confía
ahora en la buena fe de Patrimonio Nacional, de quien depende el Valle de los
Caídos, para proceder a la exhumación e identificación con ADN de los restos de
los hermanos Lapeña Altabás. Esta misma semana Ranz realizará la petición, a la
que adjuntará el auto, para que comience el “trabajo científico”, para el que
propondrán el concurso de forenses de “prestigio incluso internacional”. Según el
letrado, sería “temerario” que Patrimonio Nacional se opusiera a esta petición
una vez ha sido ordenada por un juez y es firme, ya que la Fiscalía no ha
recurrido.
Ranz
lamenta que el Gobierno, en una reforma de 2015, haya eliminado el artículo del
Código Civil sobre la perpetua memoria que ha permitido este procedimiento
legal.
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