Jueces y fiscales ven “aberrante” que Podemos les exija adhesión al Gobierno
Las asociaciones creen que el programa del partido de Pablo Iglesias supone un ataque a la independencia judicial
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EL PAIS- Madrid
El documento que Podemos envió el pasado lunes
al PSOE como base para formar un Gobierno de coalición “con garantías”
escandalizó este martes a las principales asociaciones judiciales y de
fiscales. El programa del partido de Pablo Iglesias
plantea que algunos puestos clave de la justicia, como el Fiscal
General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los
vocales del Consejo General del Poder Judicial sean designados, además
de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su “compromiso
con el programa del Gobierno”. Las asociaciones consideran que esta
exigencia de adhesión política supone un ataque a la independencia del
Poder Judicial.
El documento programático de Podemos
reserva su parte final a una serie de cargos de “especial relevancia”
que, según la formación de Pablo Iglesias, han de ser seleccionados y
elegidos por consenso. Estos altos cargos se dividen en cuatro grupos
—económicos y fiscales, Justicia, Seguridad y Educación—. En el apartado
de Justicia, el documento cita seis puestos: los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial,
el fiscal general del Estado, el fiscal especial anticorrupción, el
fiscal del Tribunal de Cuentas y la Abogacía General del Estado.
El programa de Podemos sostiene que “estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar”. Y, a renglón seguido, remacha: “La elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”. Nunca antes se había recogido expresamente que la adhesión de un fiscal o un juez al proyecto político del Gobierno fuera un criterio para su designación como fiscal general, magistrado del Constitucional o vocal del Poder Judicial.
Las asociaciones de jueces y fiscales de todo signo ideológico consideran que esta fórmula atenta contra la independencia judicial. “Es una de las mayores aberraciones que he podido escuchar en los últimos tiempos”, afirma Emilio Frías, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el ministerio público. “Se trata de garantizar la división de poderes; los mejores deben ocupar los cargos con independencia de su ideología. Nos compete interpretar y aplicar las leyes, jamás atendiendo al sentido de pertenencia política o ideológica; no queremos hacer las leyes pero tampoco que los políticos interfieran en nuestro trabajo”.
Su colega Álvaro García, de la Asociación Progresista de Fiscales,
considera que el criterio de “compromiso con el Gobierno del cambio”
planteado por Podemos “choca con la petición de independencia del
ministerio fiscal” que el propio partido hace en otro punto de su
programa.
Ambos fiscales extienden sus críticas a otra idea incluida en el documento de Podemos: la creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción. En concreto recelan de una de las funciones de este organismo que dependería de una hipotética vicepresidencia dirigida por Pablo Iglesias: “coordinar” a policías, jueces, fiscales y órganos fiscalizadores del Estado en la lucha contra la deshonestidad pública.
“Resulta totalmente innecesario que un político venga a coordinar a jueces y fiscales, que son independientes. Tendrán que dotar de los medios pero nunca controlarlos ni coordinarlos. Que nos dejen hacer nuestro trabajo, nos den los medios y ya investigaremos, y que el político no nos instrumentalice”, exige Frías.
En la judicatura también ha sorprendido la idea de Podemos. “Que en un programa político se exprese la intención de dirigir al Poder Judicial nos parece negativo; no sé si es un error, si no lo es me parece desacertado que organizaciones que velan por la separación de poderes dependan del Gobierno”, afirma Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia.
“La Justicia debe quedar al margen de los avatares políticos, no podemos identificarnos con un proyecto político en concreto, ni este ni ninguno”, recuerda Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador. Tanto Rodríguez, de la APM, como su colega Raimundo Prado, de la Asociación Francisco de Vitoria, reclaman que los vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera -12 de los 21 que componen el órgano de gobierno de los jueces- sean elegidos por los magistrados.
El programa de Podemos sostiene que “estas personas deberán ser nombradas atendiendo a criterios de mérito, capacidad y compromiso con el proyecto de cambio que deberán liderar”. Y, a renglón seguido, remacha: “La elección deberá producirse por consenso bajo la lógica de que los equipos de gobierno estarán necesariamente compuestos por personas capaces, con diferentes sensibilidades políticas, pero comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”. Nunca antes se había recogido expresamente que la adhesión de un fiscal o un juez al proyecto político del Gobierno fuera un criterio para su designación como fiscal general, magistrado del Constitucional o vocal del Poder Judicial.
Las asociaciones de jueces y fiscales de todo signo ideológico consideran que esta fórmula atenta contra la independencia judicial. “Es una de las mayores aberraciones que he podido escuchar en los últimos tiempos”, afirma Emilio Frías, portavoz de la conservadora Asociación de Fiscales, la mayoritaria en el ministerio público. “Se trata de garantizar la división de poderes; los mejores deben ocupar los cargos con independencia de su ideología. Nos compete interpretar y aplicar las leyes, jamás atendiendo al sentido de pertenencia política o ideológica; no queremos hacer las leyes pero tampoco que los políticos interfieran en nuestro trabajo”.
Comprometidos con la causa
Pilar Álvarez
El documento de Podemos incluye hasta nueve cargos
relacionados con educación, investigación y ciencia cuyas personas al
frente podrían tener “diferentes sensibilidades políticas” pero deberían
estar, eso sí “comprometidas con el programa del Gobierno del Cambio”.
Entre ellos, el secretario de Estado de Educación y el secretario
general de Universidades, el rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), los directores del Instituto Cervantes, el
Centro de Investigaciones Sociológicos o los de los centros de Estudios
Fiscales y Jurídicos.
“En mi caso, estaba comprometido con la causa
[socialista] pero no creo que se deba cerrar la posibilidad de que
personas independientes ocupen esos cargos sin menoscabo de su opción
política”, defiende Salvador Ordóñez, que fue rector de la UIMP entre
2006 y 2012 (cinco años en un Gobierno socialista y otro en un Ejecutivo
del PP) y fue previamente secretario de Estado de Universidades el
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
La normativa actual fija que el cargo de rector de la
UIMP debe ocuparlo un Catedrático de Universidad elegido por el
Patronato de este organismo (que presiden el Secretario de Estado de
Educación y Universidades y el cuyo vicepresidente es el Director
general de Universidades) y nombrado por el Gobierno, a propuesta del
Ministro de Educación, Cultura y Deporte. “Lo más importante para ese
puesto es la capacidad técnica”, añade Ordóñez, que es catedrático de
Petrología y Geoquímica y fue rector de la Universidad de Alicante.
Actualmente da clases en esta universidad.
“Considero que, independientemente de que se busquen
profesionales solventes, siempre existe una vinculación de este tipo de
cargos con el partido en el poder”, considera por su parte Segundo
Píriz, presidente de la conferencia de rectores, la CRUE. Píriz
distingue entre los cargos universitarios, como el suyo o los rectores
de las universidades españolas que son elegidos en el seno de sus
claustros, y los puestos que dependen del Gobierno. “No me parece
descabellado el planteamiento. Si el que está en el Gobierno es el PP,
por ejemplo, no va a nombrar un cargo que no esté en línea con el
partido, sea o no afiliado. Así se ha hecho hasta ahora”.
Ambos fiscales extienden sus críticas a otra idea incluida en el documento de Podemos: la creación de una Secretaría de Estado contra la Corrupción. En concreto recelan de una de las funciones de este organismo que dependería de una hipotética vicepresidencia dirigida por Pablo Iglesias: “coordinar” a policías, jueces, fiscales y órganos fiscalizadores del Estado en la lucha contra la deshonestidad pública.
Un error
“No puede ser más que un error: hay que diferenciar el control administrativo de la corrupción de la función de jueces y fiscales. Es un error pensar que todo es lo mismo y se pueden incluir en una agencia, eso hay que separarlo mucho”, considera Álvaro García.“Resulta totalmente innecesario que un político venga a coordinar a jueces y fiscales, que son independientes. Tendrán que dotar de los medios pero nunca controlarlos ni coordinarlos. Que nos dejen hacer nuestro trabajo, nos den los medios y ya investigaremos, y que el político no nos instrumentalice”, exige Frías.
En la judicatura también ha sorprendido la idea de Podemos. “Que en un programa político se exprese la intención de dirigir al Poder Judicial nos parece negativo; no sé si es un error, si no lo es me parece desacertado que organizaciones que velan por la separación de poderes dependan del Gobierno”, afirma Joaquín Bosch, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia.
“La Justicia debe quedar al margen de los avatares políticos, no podemos identificarnos con un proyecto político en concreto, ni este ni ninguno”, recuerda Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, de carácter conservador. Tanto Rodríguez, de la APM, como su colega Raimundo Prado, de la Asociación Francisco de Vitoria, reclaman que los vocales del Consejo General del Poder Judicial procedentes de la carrera -12 de los 21 que componen el órgano de gobierno de los jueces- sean elegidos por los magistrados.
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