La Generalitat se declara insumisa
La consejera Rigau avanza que las escuelas catalanas no aplicarán la ley Wert el próximo curso
Euskadi quiere blindar su sistema con una ley autonómica
La consejera de Educación, Irene Rigau. / TONI ALBIR (EFE)
Cataluña y Euskadi consideran que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) es “recentralizadora” y “ataca” a las lenguas cooficiales. Lo denuncian desde que el proyecto echó a andar y lo han vuelto a poner de manifiesto hoy tras la aprobación de la reforma educativa que impulsa el ministro José Ignacio Wert. Ambos Gobiernos ya han manifestado que no piensan aplicar una ley “aprobada por imposición”, sin consenso con la comunidad educativa y sin el apoyo de ningún partido. Para ello están dispuestos a acudir a los tribunales y a practicar la insumisión, aunque no utilicen la palabra.
Cataluña es la que se muestra más combativa con la reforma educativa y está dispuesta a plantarle cara judicial y administrativamente. La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la LOMCE. “Una norma sectorial, como es una ley orgánica educativa, no puede modificar una ley de rango estatutario”, alega Rigau, en referencia a que el Estatut establece el catalán como lengua vehicular en las escuelas. Euskadi todavía no se ha pronunciado en este sentido, pero tampoco lo descarta.
La reforma establece que, en caso de un sistema de inmersión lingüística como el que hay en Cataluña (con la lengua cooficial como única vehicular), habrá de ofrecerse también la escolarización en castellano, si es necesario, pagando un colegio privado (en este caso, el ministerio adelantaría el dinero y después se lo detraería a la Generalitat). Además, establce un nuevo sistema de reparto de competencias en el que el Gobierno central fijará todos los contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller (por ejemplo, Biología y Geología; Física y Química, Geografía e Historia; Lengua; Matemáticas; Idioma extranjero). Asimismo, también controlará la redacción de las reválidas necesarias para obtener el título de ESO y bachillerato.
Frente a todas esas medidas, y paralelamente a la vía judicial, Euskadi y Cataluña piensan ya en estrategias para sortear la LOMCE y evitar aplicarla. En este sentido, y sospechando que el pronunciamiento del Constitucional puede tardar, el Departamento de Enseñanza catalán ha asegurado que echará mano de “estrategias” administrativas para retrasar al máximo la aplicación de la ley Wert, que está previsto que entre en vigor el próximo curso.
Negándose a utilizar el término “insumisión”, Rigau avanzó que las escuelas se regirán el próximo septiembre por la normativa catalana. “Nosotros daremos instrucciones y haremos las normas que deben seguir los centros”, terció la consejera.
El Gobierno vasco y los agentes educativos están actualmente colaborando para diseñar un currículo educativo propio y una nueva ley autonómica de Educación para blindar el sistema vasco. “La LOMCE no nos sirve. Tenemos que mejorar la educación, pero tenemos que preservar nuestro sistema frente a esta ley”, defendió ayer la consejera de Educación, Cristina Uriarte. Tras recordar que no es la primera vez que el Gobierno central impulsa una modificación en esta materia, la consejera ha subrayado que hasta ahora se ha conseguido mantener el modelo vasco. Por ello, pide “tranquilidad” y se muestra convencida de que en esta ocasión también pasará lo mismo, informa Javier Rivas.
Su homóloga catalana, en cambio, no se ha manifestado tan sosegada, sobre todo, después de que el ministro Wert reconociera en el Congreso que las modificaciones que afectan a garantizar la escolarización en castellano no están pensadas para Euskadi, porque esta comunidad ofrece tres vías de escolarización, una de las cuales tiene el español como lengua vehicular. En cambio, la LOMCE amenaza con desarmar el actual modelo de inmersión lingüística catalán, según la mayoría de partidos catalanes (excepto PP y Ciutadans) y la comunidad educativa.
Por su parte, Wert ha respondido en el Congreso que, lejos de atacarla, la LOMCE es la primera que reconoce el modelo de “inmersión lingüística”, pero deja sentadas las condiciones de oferta en castellano en las que ese sistema puede considerarse constitucional.
Rigau concretó también que el recurso judicial se centrará en todo aquello que afecta a la inmersión lingüística, por la sensibilidad que despierta en la mayoría de la sociedad catalana, que considera este sistema como “un éxito” que ha permitido la cohesión social y la integración de los inmigrantes, en su momento de otras regiones, y, ahora, de otros países. Generalitat (CiU) y partidos de izquierda censuran el trato que la LOMCE da al catalán, que no será asignatura troncal, pero especialmente se teme las consecuencias que pueda tener el hecho de que se declare el castellano como lengua vehicular en la escuela, recogiendo así el espíritu de las últimas sentencias, entre ellas las del Supremo que establecen que toda una clase debe impartir una materia en castellano si lo pide un alumno. La existencia de dos lenguas vehiculares implicaría un reparto a partes iguales en el uso de ambas lenguas, según los expertos, pero la reforma educativa deja en manos de la Generalitat fijar estos porcentajes.
Al Constitucional también llegará el aumento de poderes que se otorga el Gobierno a la hora de definir contenidos, cosa que Rigau y otros consejeros tachan de “recentralización”. Las reválidas también llegarán al Alto Tribunal.
Rigau quiere dejar “que las escuelas trabajen con tranquilidad” y concentrar en su persona esta lucha frontal contra la LOMCE, cosa que le permite revitalizar su figura en un momento de declive, ya que empezó impulsando recortes antes de que lo hiciera Wert. También es una forma de apaciguar a la comunidad educativa, muy combativa el pasado curso precisamente por estos ajustes.
Primera acción de protesta
POL PAREJA
Pocas horas después de su aprobación, unas 250 personas han acudido a la sede del PP en Barcelona este jueves por la tarde para mostrar su rechazo a la ‘ley Wert’. Ataviados con camisetas verdes, amarillas y petos reflectantes, los manifestantes han cortado desde las siete, y durante una hora, la calle Urgell entre las calles Buenos Aires y Londres, para mostrar su rechazo a una norma “retrograda, rancia, españolista y privatizadora”, según voceaban los concentrados por el megáfono. La sede popular estaba flanqueada por un fuerte dispositivo policial, cerrada a cal y canto y protegida por un denso vallado.
A la concentración ha acudido gente de todo tipo, desde estudiantes, profesores pero también gente mayor. “Lo que está pasando con la educación es lo mismo que con la sanidad”, explicaba Roser, una profesora interina que ahora mismo no dispone de plaza en una escuela. Entre el sonido constante de silbatos y cacerolas, también se oían cánticos recurrentes en defensa del catalán y en contra de la desaparición de la asignatura de Educación para la ciudadanía.
Los concentrados han pedido la dimisión del ministro de Educación, José Ignacio Wert, y han instado a toda la población a no aplicar la reforma educativa el curso que viene. También han hecho un llamamiento para continuar con las movilizaciones. La protesta ha finalizado al ritmo de una canción que rezaba “Si Wert quiere recortes, nosotros se los daremos, que venga a Barcelona y el cuello le cortaremos”.
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