11 de octubre de 2013
El PP rechaza que sea delito la apología del franquismo
El Congreso de los Diputados ha rechazado hoy solo con los votos del PP una moción de CiU para acabar con la simbología totalitaria y nazi que "incita a la violencia y al odio". El texto había sido consensuado con el PSOE, IU, UPyD y UPN e incluía que fueran delitos la apología y el enaltecimiento del franquismo.
Según el texto rechazado, se instaba al Gobierno a "la tipificación de conductas que impliquen" apología del franquismo, el fascismo, el totalitarismo o el nazismo".
A instancias de Izquierda Plural y de UPyD se añadió una petición para que el Código Penal incluya como delito "cualquier acción, propuesta, discurso, propaganda, gesto o símbolo propio o apologético del nazismo y del delito de negación o banalización del Holocausto o de cualquier genocidio".
El PP, a través de la diputada Teresa Angulo, se ha remitido en todo caso a la reforma del Código Penal que ha iniciado el trámite en este momento para que se discuta allí la posibilidad de reformar en ese sentido los artículos referidos a la apología o incitación del genocidio. Angulo hizo una condena expresa del franquismo, pero explicó que ese proyecto ya incluye instrumentos legales suficientes, aunque estén abiertos al diálogo.
“Todos los grupos podremos plantear enmiendas para mejorar su texto; de ahí la enmienda del Grupo Popular. Fue el propio ministro quien en esta tribuna se comprometió a que esta reforma se haga con el mayor consenso y debate posible con todos los grupos parlamentarios”, aseguró la diputada.
El proyecto de Código Penal incluye referencia genérica en la que, según la diputada del PP, “queda incluido como delito la negación del holocausto nazi, pero también y de manera general todas las conductas de incitación al odio o las de negación y trivialización de cualquier delito de genocidio o lesa humanidad”.
Precisó que se castiga con “hasta cuatro años de prisión y multa, todas las acciones de incitación directa o indirecta al odio o a la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia o pertenencia a grupos minoritarios. Se incluye la tipicidad de la producción o elaboración y distribución de materiales y la negación de los delitos de genocidio o de lesa humanidad. Hay un segundo tipo, penado con hasta dos años de prisión y multa: los actos de humillación o menosprecio y el enaltecimiento o justificación de delitos cometidos contra estos grupos o sus integrantes con una motivación discriminatoria, sin perjuicio de una condena más grave de hasta cuatro años, cuando se trate de acciones que inciten al odio o a la hostilidad, o que favorezcan un clima de violencia”.
En total, han apoyado hoy en la votación la iniciativa de CiU 141 diputados, 180 la han rechazado y uno se ha abstenido.
El debate se produjo ayer miércoles y en el diputado de CiU Jordi Janè defendió una serie de cambios en el Código Penal para que se tipificara como delito la banalización del holocausto o del nazismo y la utilización de símbolos nazis y totalitarios.
El socialista Juan Carlos Corcuera logró que en el texto de CiU se incluyera que se considere delito la simbología franquista y fascista. Rosa Díez (UPyD) incluyó la referencia a la colaboración de las distintas policías contra aquellos que promueven la negación de la democracia o el fomento del odio, en alusión al terrorismo.
Gaspar Llamazares, en nombre de la Izquierda Plural, subrayó la necesidad de que no se perdiera de vista tampoco a la ultraderecha y a los grupos neonazis que se organizan "en clave" de la crisis económica, de la "denigración" de la política y de "la unidad sacrosanta de la patria".
En este momento, la ley de Memoria Histórica de 2007 ya permite eliminar los símbolos franquistas. En concreto, el artículo 15 asegura que “Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.
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