El Govern se tambalea por la pugna entre los
secesionistas catalanes
Un acuerdo ‘in
extremis’ en el Parlament evita la ruptura entre los partidos que sostienen a
Torra
Los grupos de la oposición en el
Parlament a la espera del comienzo del pleno. ALBERT
GARCIA
EL
PAIS - Barcelona 4 OCT 2018 - 17:30 BRT
El
Gobierno de Quim Torra vivió este jueves
la peor crisis desde su constitución, hace ahora cuatro meses, y se asoma al
abismo. El motivo es la pugna que desde mediados de julio mantienen
Junts per Catalunya y Esquerra Republicana sobre cómo sustituir a los seis
diputados suspendidos por el juez Pablo Llarena. Esas diferencias se han agudizado en los
últimos días con situaciones esperpénticas en el
parlamentarismo catalán y español, pero este jueves llegaron a su cénit y
obligaron a aplazar hasta el próximo día 9 el
Pleno que estaba previsto para este jueves. El Govern salvó los
muebles, pero queda seriamente debilitado.
Lo ocurrido en el Parlament de Cataluña en los últimos tres días
resulta difícil de explicar con los criterios de la lógica y la razón.
Eduard Pujol, portavoz de Junts per Catalunya, lo justificó por “la situación
de excepcionalidad política” que se vive en Cataluña a consecuencia de los
“presos políticos y los exiliados”, pero lo cierto es que a
cualquier ciudadano le cuesta mucho entender las escenas
vividas en la Cámara catalana. Esquerra Republicana llegó a dar el Gobierno por
roto, y la convocatoria inminente de elecciones a
finales de este mes empezaba a cobrar cuerpo. Pero un acuerdo de
última hora permitió sellar la unidad de manera muy frágil y nada hace pensar
que el desencuentro no se vuelva a reproducir en los próximos días. El pleno del
Parlament previsto para este jueves en el que se
tenían que votar las propuestas de resolución quedó aplazado hasta
la próxima semana, después de que el secretario general del Parlament, Xavier
Muro y el letrado mayor, Joan Ridao, se negaran a validar el acuerdo que
firmaron ambas formaciones independentistas después de horas de negociación.
La jornada vivida este jueves fue el desenlace del eterno divorcio —aún
no materializado formalmente— en el que cohabitan Junts per Catalunya y
Esquerra en el Gobierno de la Generalitat y en el Parlament, muy
influenciado desde Waterloo por el expresidente Carles Puigdemont. Todo
comenzó el pasado día 2, cuando ambas formaciones llevaron al pleno un acuerdo
para sustituir a los seis diputados procesados por rebelión. A las pocas horas,
Oriol Junqueras y Raül Romeva, en prisión preventiva, delegaron sus derechos
parlamentarios en un diputado de Esquerra. Esto suponía, en la práctica, acatar
el auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena del pasado 9 de julio, en
el que declaraba firme el auto de procesamiento por un delito de rebelión
contra los seis diputados en la cárcel o huidos. En paralelo, y también horas
después de aquel pleno del día 2, Junts per Catalunya se desdijo de lo que
había votado.
El asunto quedó aplazado hasta la Mesa
del Parlament, en medio de acusaciones mutuas de deslealtad.
Los republicanos se conjuraron para no ceder, mientras la formación de Carles
Puigdemont estaba convencida de que, una vez más, darían su brazo a torcer.
Junts per Catalunya fue a la Mesa con un escrito registrado por su portavoz,
Albert Batet, en el que insistían en no actuar como lo había hecho Esquerra y
pretendían así escurrir una nueva delegación de los derechos de sus cuatro
diputados (Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull).
La Mesa vivió un tenso debate en el que el presidente del Parlament,
Roger Torrent, mostró su discrepancia y exigió que cada uno de los cuatro
diputados de Junts per Catalunya designasen la persona en la que delega el
ejercicio de sus derechos parlamentarios. Torrent, de ERC, quedó en minoría en
la reunión porque Junts per Catalunya y Ciudadanos rechazaron, por diferentes
motivos, la petición de Torrent, que sí apoyó el PSC. Así las cosas, la reunión
de la Mesa se suspendió poco después de las 12.40 horas durante una hora para
intentar llegar a un acuerdo.
A partir de entonces se reunieron en el Parlament los máximos dirigentes
de ambas formaciones: El presidente de la Generalitat, Quim Torra; los
dirigentes de Junts per Catalunya Elsa Artadi y Josep Costa; el vicepresidente
catalán, Pere Aragonès, y el propio Torrent y el presidente del grupo
parlamentario de Esquerra, Sergi Sabrià.
Rueda de prensa
conjunta
A las 16.15 se anunció un acuerdo en el que, en teoría, Junts per
Catalunya daba su brazo a torcer ante ERC y los cuatro diputados aceptaban
finalmente delegar sus derechos. Sabrià, por parte de Esquerra, y Eduard Pujol,
portavoz de Junts per Catalunya, comparecieron en una rueda de prensa conjunta,
algo insólito, y anunciaron el acuerdo y que el pleno se celebraría a lo largo
de la tarde.
Sin embargo, poco después se conoció que cada uno de los cuatro
diputados de Junts per Catalunya no habían presentado una
delegación de sus derechos parlamentarios, sino un escrito con fecha
del 4 de octubre en el que ratificaban que la delegación de voto que habían
presentado el 31 de mayo seguía vigente. Eso es lo que decía el escrito
registrado por Batet a primera hora de la mañana.
De nuevo parecía que el acuerdo estaba hecho, pero en la reunión de la
Mesa volvió a cuestionarse el pacto. PSC, Ciudadanos
y PP reclamaron la reconsideración del acuerdo adoptado y el líder
de los socialistas, Miquel Iceta, reclamó un informe jurídico “sobre la
adecuación” del escrito presentado por Batet. Al final se decidió suspender el
pleno para el próximo día 9. En julio el último pleno del curso ya se cerró
antes de tiempo por el mismo desacuerdo y la cámara estuvo bloqueada hasta esta
semana.
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