La Junta de jueces de Madrid pide ladimisión del presidente del CGPJ
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Jueces y fiscales de toda España celebran juntas para adherirse a las movilizaciones contra el ministro de Justicia por los recortes
Día 21/09/2012 - 16.16h
En un ambiente mucho menos agitado que el que, en febrero de 2009, precedió la primera huelga judicial de la historia de la democracia española, jueces y fiscales de toda España han celebrado juntas para analizar la situación de la Administración de Justicia y votar si se adhieren al manifiesto hecho público por las principales asociaciones de ambas carreras. En algunos casos, también se han pronunciado sobre la posibilidad de adoptar medidas de presión, incluida la huelga.
Los jueces de la Audiencia Nacional, informa Efe, se han mostrado partidarios de convocar concentraciones como medida de protesta. En sendos acuerdos alcanzados por los jueces de la sala de lo penal y de los jueces centrales de lo contencioso-adminitrativo y de instrucción, los magistrados comparten la preocupación por la reformas anunciadas el ministro de Justicia, así como de los recortes económicos y su incidencia «en el servicio público que se presta».
Los jueces han acordado por unanimidad convocar una nueva junta el próximo mes y trasladar a la opinión pública su «indignación» por la congelación del gasto en la Administración de justicia, las plantillas y las oposiciones, según Efe. También critican el incremento de la carga de trabajo y la fuerte reducción salarial».
También por unanimidad han acordado convocar nuevas juntas para debatir sobre la carga de trabajo los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid. Consideran que la convocatoria de neuvas plazas de oposición es «insuficiente». La Junta General de Jueces de Madrid, por su parte, solicita la retirada del anteproyecto de reforma del Poder Judicial y propone como medidas a tomar «el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por ley». Además, se aventuran incluso a solicitar la dimisión del Presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, por incumplir sus funciones como miembro de un Órgano Colegiado, deslealtad frente a la Carrera Judicial y no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados queha mantenido con el Ejecutivo, ocultando su verdadero alcance a la Carrera Judicial.
Los jueces de Bilbao, por su parte, se quejan de la «inasumible carga de trabajo» que soporta cada uno de los juzgados de esa ciudad y rechazan las modificaciones que contiene la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en materia de sustituciones, permisos y bajas por enfermedad «por suponer un grave deterioro de nuestras condiciones de trabajo».
Los jueces bilbaínos reclaman también una actuación «más contundente» del Consejo General del Poder Judicial en defensa de los intereses de la carrera y se adhieren al manifiesto en el que las asociaciones denuncian la «ausencia de voluntad política» para modernizar la Justicia en España y lo que ellas consideran un claro «interés por el control político de nuestros órganos de gobierno».
La Junta de Jueces reunida en Cádiz advierte, según Ep, de que si la reforma no se paraliza y sigue sin abrirse una vía de negociación seguirán adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga.
Fuentes judiciales explican que los aspectos de las reformas impulsadas por el Gobierno que más enfado han provocado en la carrera judicial son las relativas a los permisos (que se han visto sensiblemente reducidos), la congelación de las oposiciones y las sustituciones, que dejarán de hacerse por jueces sustitutos.
El grueso de la carrera se queja de que estas modificaciones cargarán aún más de trabajo a los jueces y magistrados, pues no ingresarán nuevos profesionales (al no convocarse nuevas plazas) y tendrán que prescindir de la ayuda proporcionada hasta ahora por los sustitutos. En cuanto a los permisos por «asuntos propios», seis de tres días al año, se quedarán en 3 días al año. Podrán disponer también de otros nueve días, pero sólo cuando el juzgado o tribunal tenga una sobrecarga tal de trabajo que aconseje al juez quedarse en casa para sacarlo adelante.
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