AULA LIBRE
El curso escolar más conflictivo de las últimas décadas
Los recortes castigan a la escuela pública y allanan el camino a privatizaciones, dice el autor
Alrededor de ocho millones de alumnos de la enseñanza no universitaria comienzan estos días un nuevo curso escolar que viene determinado por la magnitud de los recortes impuestos por el Gobierno central y las administraciones autonómicas. Por lo pronto, las medidas aprobadas por el Ministerio de Educación, a través del real decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público educativo, en el que se incluyen el aumento de las horas lectivas del profesorado y el número de alumnos por aula, supondrá en este curso el despido de unos 50.000 trabajadores del sistema educativo (estimamos que desde que comenzaron los recortes son cerca de 100.000 profesores menos en el sistema). Según nuestros primeros datos, solo en Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Cantabria unos 10.000 profesores perderán su empleo este curso.
A estas lamentables previsiones tenemos que sumar otras medidas más recientes que han contribuido a aumentar el malestar y el rechazo en la comunidad educativa. Así, por ejemplo, como consecuencia de la subida del IVA, un tercio de familias no dispondrá de dinero suficiente para la compra de libros y material escolar. Algunas administraciones incluso han anunciado su propósito de cobrar a las familias por el uso de las fiambreras en los comedores escolares y en autonomías con una fuerte presencia de escuela rural, se están suprimiendo rutas de transporte.
Además, el alumnado con necesidades educativas especiales no recibirá la suficiente atención dada la reducción de este personal que atiende los servicios educativos y complementarios en los centros. Jamás nuestro sistema educativo, que desde hace decenios venía experimentando un progreso sostenido en lo que respecta a la igualdad de oportunidades, había sufrido un revés como éste.
La guinda de estos problemas la ha puesto la decisión ministerial de mantener los conciertos educativos a los centros que segreguen al alumnado por sexo, a pesar de las recientes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo que se han pronunciado en sentido contrario. Parece que para este Gobierno la LOE no es la misma en todas las comunidades autónomas, lo cual constituye una contradicción si se tienen en cuenta sus constantes advertencias ante el peligro de que existan 17 diferentes modelos educativos.
Con esta involución educativa, el Gobierno de la nación nos conduce a tiempos que pensábamos felizmente superados, con aulas abarrotadas de estudiantes y atendidas por profesores agobiados y desmotivados, entre otros motivos, por carecer de recursos suficientes y no poder instruir al alumnado en las debidas condiciones. No es casual que se insista en este tipo de políticas erróneas que encajan en la estrategia desvertebradora de uno de los fundamentos básicos del Estado del bienestar. Ni la pretendida reducción del déficit ni el supuesto ahorro en las cuentas públicas justifican este despropósito.
Por lo que se refiere al profesorado, los dirigentes del PP suelen prodigarle loas en sus discursos, asegurando que constituye el pilar fundamental del sistema educativo, tratando de contentarlo con la recuperación de su cuestionada autoridad. Sin embargo, la realidad es que en las administraciones autonómicas que gobiernan suprimen a millares los puestos de docentes interinos que, en su mayor parte, cumplen la importante función de sustituir a otros compañeros que se hallan de baja por enfermedad. En consecuencia, miles de interinos no trabajarán durante este curso, al no ser renovados sus contratos. Además, otros muchos deberán soportar desplazamientos y supresiones de plazas. Para colmo de males, en algunas comunidades autónomas populares será el profesorado quien se encargue de vigilar a los alumnos en el comedor escolar, lo que conllevará despidos de personal contratado para prestar este servicio.
En conjunto, el colectivo de trabajadores del sector educativo está viendo cómo un curso más empeoransus condiciones de trabajo, a cambio de menos salario y de tener que soportar un aumento de su jornada laboral.
Este panorama más que sombrío es el que nos hace augurar que el inicio de curso será muy conflictivo. Desde la Educación Infantil hasta la Universidad, pasando por la Formación Profesional, en CC OO estamos convocando protestas y concentraciones en las inauguraciones de curso. Estas movilizaciones sectoriales estarán coordinadas previsiblemente por la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública, integrada por sindicatos de profesores, asociaciones de padres y diferentes colectivos de alumnos. A todas ellas se sumará la Marcha del 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social. En este contexto altamente conflictivo, no descartamos la convocatoria de una huelga general de la enseñanza en noviembre.
Por si todo esto fuera poco, el ministro Wert proyecta una reforma educativa, por lo que hemos visto hasta ahora, sin un debate riguroso y democrático y que no solo no resolverá los problemas ni las disfunciones de nuestro sistema educativo, sino que agravará la situación respecto al fracaso y al abandono escolar prematuro.
La reforma planteada es especialmente inoportuna y bastante incongruente por querer instaurarse en un momento en que se reducen drásticamente los recursos humanos y materiales. Los cambios que promueve el ministerio constituyen un retroceso metodológico al reforzar de manera excesiva los contenidos memorísticos, y suponen un obstáculo para la igualdad de oportunidades al establecer reválidas al final de cada etapa educativa, obviando la formación integral que exige la sociedad del conocimiento. A ello se suman otras trabas legales tanto en lo referente a la subida de las tasas académicas como en dificultar el acceso a las becas.
El ministro debería admitir que cualquier reforma del sistema educativo que se pretenda acometer ha de conjugar el incremento real de su calidad y la defensa de la igualdad de oportunidades. Es inútil pregonar la pretensión de reforzar las materias de Lengua, Matemáticas e Inglés mientras se reducen masivamente los efectivos docentes y se masifican las aulas, al tiempo que se suprimen los programas de refuerzo y de atención a la diversidad.
En CC OO tenemos que advertir una vez más que los recortes decretados no solo contribuyen a desprestigiar el servicio público educativo sino que allanan el camino hacia importantes privatizaciones. Entre tanto, están hipotecando el futuro de generaciones de jóvenes que ahora más que nunca están necesitados de formación. En conclusión, las medidas impuestas para ahorrar en educación sólo servirán para retrasar aún más la salida de la crisis.
elmundo.es
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