La Administración elegirá a los directores
Las familias pierden su poder de decisión y el consejo escolar solo evaluará
Los Gobiernos autónomos tendrán la última palabra para decidir quién dirige los centros públicos. La ley de reforma del sistema educativo que prepara el Ministerio de Educación recupera el sistema de selección de directores de colegios e institutos que recogía la ley educativa aprobada en 2002 durante el Gobierno de José María Aznar (LOCE), y que cambió la actual ley (LOE), aprobada en 2006, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta ahora, la decisión de padres y profesores para elegir entre los aspirantes a director pesaba un 60%. Ahora sus votos solo valdrán un 30%. La opción de la Administración será, pues, decisiva. Se trata de un concurso de méritos para el que los aspirantes a director han de tener una acreditación previa.
Este sistema es uno de los pocos puntos que sí se llegó a aplicar de la LOCE (que fue derogada en cuanto el PSOE ganó las elecciones en 2004) y causó, de hecho, alguna sonada polémica. En la zona este de la Comunidad de Madrid, numerosos docentes se quejaron de una especie de caza de brujas a los directores que resultaban incómodos a la Administración. “Los representantes de la consejería puntuaban con un cero los proyectos de algunos candidatos, de tal manera que, aunque en el resto de criterios tuvieran buena nota [experiencia, valoración de la inspección], se quedaban fuera”, explica el presidente de la federación de directores Fedadi, José Antonio Martínez. El docente, recién jubilado, matiza que el sistema “funcionó bien cuando se hizo bien”, pero deja abierta la puerta “a meter la política donde no se debe meter” y va en contra de la intención declarada por el ministerio de fomentar la autonomía de los centros.
Educación siempre ha advertido que la autonomía que promueven vendría acompañada de una rendición de cuentas para lo que servirían, entre otras cosas, las evaluaciones externas y reválidas. El texto también da más poderes a los directores. Por ejemplo, podrán “establecer requisitos y méritos específicos” que habrían de cumplir los profesores que quieran trabajar en sus centros y “rechazar, de forma motivada, la incorporación de personal procedente de las listas centralizadas”.
Los que pierden toda su capacidad de decisión son los consejos escolares, formados por padres, profesores, alumnos (en secundaria) y otros trabajadores, sobre los presupuestos, los proyectos educativos o los procesos de admisión de alumnos: su misión será “evaluar” e “informar”.
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