Las negociaciones por el segundo rescate de España han comenzado. Serán duras; muy duras. Durarán unas semanas. Y si la mayor crisis de las últimas décadas no se disuelve como un azucarillo con apenas 12 palabras de un banquero central (aquel ya célebre “haré lo que sea para salvar el euro; y créanme, será suficiente” de Mario Draghi), lo más probable es que Madrid no pueda librarse de solicitar ayuda a sus socios y al BCE, ni los países del Norte puedan evitar rascarse el bolsillo.
Empieza un curso político crucial para España y Europa: la esperada reunión de ministros de Economía de la zona euro en Nicosia, la capital de Chipre, abrió este viernes oficialmente las citadas negociaciones con un puñado de maniobras de distracción destinadas a evitar que todos los ojos se posen en España, para prolongar cuanto sea posible el espejismo de la tranquilidad en los mercados. En aras de esa ansiada calma, Madrid prometió otra ronda de reformas. Y los socios europeos replicaron que prepare otra dosis de tijera sin anestesia: más recortes.
El ministro español, Luis de Guindos, prometió “un nuevo plan nacional de reformas”, que no concretó, para finales de mes; el Eurogrupo tomó nota, pero además le exigió que tenga listos nuevos recortes en el caso —probable— de que no pueda cumplir con los objetivos de déficit para este año. El matiz es importante: las reformas son, en principio, medidas menos dolorosas, destinadas a mejorar el potencial de crecimiento; los recortes implican cortar por lo sano el gasto o elevar impuestos, y pueden tener un coste político superior en una ciudadanía fatigada por los continuos tijeretazos. Pero esa promesa española y la exigencia en paralelo de sus socios son solo meros indicios de lo que de verdad se cuece: ese segundo rescate español, con la consiguiente pelea por las condiciones y demás.
El enésimo plan de reformas anunciado forma parte de la estrategia española para obtener ese rescate en las mejores condiciones posibles. España llegaba a Nicosia sabiéndose el centro del debate por su débil situación bancaria, fiscal y económica. Madrid sabía que iba a ser objeto de presiones para que España se convierta en el cortafuegos que evite que la crisis de la deuda, cuando se reavive, alcance a otros países. Guindos se defendió al ataque: presentó los avances de la reestructuración bancaria y anunció ese plan reformista “con un calendario completo, muy especificado”. Y trató de desvincular ese anuncio de la presión del BCE, que solo comprará deuda en los mercados cuando España pida otro rescate.
Pero ese vínculo existe. Vaya si existe. Las reformas que anuncia España son en realidad imposiciones de Bruselas. Lo dijo con meridiana claridad el vicepresidente de la Comisión Europea Olli Rehn: “El Gobierno español tiene previsto adoptar un programa de reformas basado en las recomendaciones de la UE”. Esas medidas “persiguen que España cumpla con las condiciones impuestas en el primer rescate”, según fuentes de la Comisión. “Si España cumple a rajatabla con todo lo incluido en el memorando de entendimiento relativo a las ayudas bancarias, puede jugar esa baza para tratar de que un segundo rescate no comporte nuevas condiciones, más allá de ese calendario explícito que el Gobierno español presenta como una idea propia”, según las mismas fuentes.
El Gobierno, el BCE y la Comisión siguen jugando a amagar y no dar. El presidente Mariano Rajoy nunca ha sido claro: un día apunta a la posibilidad de pedir el rescate en la prensa extranjera, pero al día siguiente viene a decir que necesita tiempo. Ese tiempo escasea: el Eurobanco apuntó que Madrid “no debería tardar en dar los pasos necesarios”, según su consejero Jörg Asmussen. Pero España cuenta con que la nueva ronda de reformas y recortes permita una jugada a tres bandas: por un lado, acercarse lo máximo posible al objetivo de déficit, del 6,3% del PIB; por otro, adelantarse a una serie de exigencias de cara a las condiciones del segundo rescate; y por último ir cumpliendo con lo que ya estaba previsto en las condiciones de ayuda a la banca.
Fuentes europeas aseguraron que entre los recortes lo más probable es que Madrid se decante por no revalorizar las pensiones y por alguna medida relativa al desempleo. Entre las reformas los deberes impuestos por Bruselas en su día pasan por el sector eléctrico (para acabar con el déficit de tarifa, tal y como adelantó este viernes mismo el Consejo de Ministros), las pensiones (adecuando la esperanza de vida a la edad de jubilación), el mercado laboral (es previsible una nueva vuelta de tuerca) y el proceso de liberalización (muy atrasado: tan solo ha habido medidas en el comercio). La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, señaló en Madrid que el Gobierno trabaja en reformas ya anunciadas como la de los organismos supervisores, la unidad de mercado, el transporte o la educación. Esa lista no es exhaustiva: Grecia, Irlanda y Portugal demuestran que, en un país rescatado, el apetito reformista de sus acreedores es prácticamente infinito.
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