Recuperar el Estado del Bienestar
Hay que poner fin a las políticas de austeridad y devaluación salarial que han aplicado los gobiernos del PSOE y del PP desde 2010
Podemos se presenta a las elecciones generales con una ambiciosa propuesta de cambio en materia de política económica. Las nuevas prioridades que demanda la ciudadanía española son la creación de empleo decente y con derechos; la reversión de los recortes en el Estado de Bienestar; la promoción de políticas activas contra la pobreza y la desigualdad, como nuestro plan de Renta Garantizada; la igualdad entre mujeres y hombres; y la transición energética, punta de lanza de una profunda transformación de nuestro modelo productivo hacia una economía descarbonizada.
Para impulsar estas prioridades hemos presentado un programa de actuaciones detallado y coherente, con el objetivo de aplicarlo desde el primer día. Por ello, y a diferencia del resto de fuerzas políticas, hemos acompañado este programa con una pormenorizada Memoria Económica.
El principal elemento que da coherencia a todas nuestras propuestas es la determinación de poner fin a las políticas de austeridad y devaluación salarial que han aplicado los gobiernos del PSOE y del PP desde 2010. Para nosotros, esto significa dos cosas: revertir los recortes sufridos en la inversión pública y en los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, dependencia); y abandonar el “fetichismo del déficit”, que consiste en condicionar –sin justificación económica– toda la política presupuestaria a la consecución dogmática de un objetivo concreto de déficit público, sacrificando en ese altar cualquier otro objetivo de política económica.
Nuestra Memoria Económica demuestra que las políticas sociales y de inversión pueden financiarse, y que son perfectamente compatibles con la estabilidad presupuestaria
Con una tasa de paro superior al 20%, el principal objetivo del nuevo Gobierno debe ser reducir dicha tasa rápidamente. Por eso, nuestra política presupuestaria estará centrada, en primer lugar, en la creación empleo. Esto significa apostar por que la actividad económica crezca lo suficiente y desarrollar programas con un impacto directo en el empleo, como la promoción de servicios e infraestructuras sociales que, ahora, no cubren necesidades mínimas para gran parte de la población.
En segundo lugar, asumimos un claro compromiso con el Estado del Bienestar: en los dos primeros años de legislatura, el gasto en educación y sanidad volverá a situarse en los niveles anteriores a 2010, para continuar en los dos siguientes convergiendo hacia los niveles de gasto por habitante de la UE15.
En tercer lugar, creemos que es necesaria una política de inversiones públicas que, junto a otras políticas de oferta, incentive un modelo productivo más inclusivo, de más calidad, y también más sostenible. Por ello, proponemos un Plan de Transición Energética que nos haga menos dependientes de las importaciones de tecnología, capital y energía, y que al mismo tiempo contribuye a una fuerte reducción en las emisiones de CO2.
La Memoria Económica que hemos presentado demuestra que estas políticas pueden financiarse, y que son perfectamente compatibles con la estabilidad presupuestaria. Los recursos necesarios vendrán de una reforma fiscal progresiva, en la que los ciudadanos y empresas con más capacidad económica aumentarán de forma solidaria su contribución a la sostenibilidad de los servicios públicos; del incremento de recaudación asociado al propio crecimiento económico que nuestra propuesta favorecerá; y de un nuevo calendario de reducción del déficit, más realista y compatible con los objetivos de creación de empleo. La justificación más importante para esta ralentización en el ritmo de reducción del déficit es precisamente la excepcionalidad que supone una tasa de paro superior al 20%.
Este escenario, insistimos, no supone ningún riesgo para las finanzas públicas, y de hecho iría acompañado por una reducción del peso de la deuda pública en el PIB. Es posible lograrlo con más crecimiento, y no con menos Estado del Bienestar como ha pretendido hacerlo el Partido Popular. Lo que realmente pone en peligro la estabilidad presupuestaria es la combinación de rebajas fiscales que desarman la capacidad de financiar los servicios públicos y reformas laborales que, con el objetivo de bajar los salarios e incrementar las bonificaciones a las empresas, reducen la productividad, aumentan la precariedad y reducen los ingresos de la seguridad social y la capacidad de gasto de las familias.
Las recomendaciones de Bruselas no provienen de una corte de justicia ni son el dictado inapelable de un organismo “técnico”: son la manifestación de una opción política
Las políticas de austeridad ya se han ensayado sin éxito. A pesar del coste social de los recortes aplicados en los últimos años, seguimos teniendo uno de los mayores déficits de la eurozona. Por eso, no se entiende que la Comisión Europea irrumpa en la campaña electoral insistiendo en esas mismas políticas fracasadas: nuevos recortes y una vuelta de tuerca en la reforma laboral.
En este sentido, es importante señalar que las recomendaciones de Bruselas no provienen de una Corte de justicia ni son el dictado inapelable de un organismo “técnico”: son la manifestación de una opción política. España debe corregir los desequilibrios económicos a los que se enfrenta (el más importante, el paro) y asegurar su estabilidad presupuestaria, pero el camino que propone la Comisión ni es el único, ni es el que interesa a la mayoría, ni se ha demostrado exitoso.
Por eso, a pocos días de unas elecciones transcendentales, debemos reivindicar nuestra soberanía democrática. El cambio es posible, y nadie puede afirmar –como hacen algunos partidarios de que todo siga igual– que antes de abrir las urnas ya está predeterminada la política económica que deberá aplicar el nuevo gobierno. Defendamos la democracia, también en la economía.
No puede haber ninguna duda de cuáles son las alternativas. Las subastas de impuestos a la baja que están practicando el Partido Popular y Ciudadanos, junto a su compromiso con una senda de drástica reducción del déficit y el mantenimiento del artículo 135 de la Constitución, equivaldrán en el futuro a nuevos recortes y menos empleo. La única garantía contra esos recortes es una clara mayoría ciudadana a favor del cambio que representa Podemos.
Nacho Álvarez es secretario de Economía de Podemos
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