El Constitucional suspende
la declaración de ruptura del Parlamento de Cataluña
El Tribunal inicia el trámite para la adopción de otras medias que
podrían acabar en multas
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EL PAIS - Madrid 1 AGO 2016 - 09:51 BRT
El Tribunal Constitucional ha acordado este lunes suspender de la
resolución aprobada la semana pasada el Parlament de Cataluña para abrir la vía unilateral de independencia,y ha dado el primer paso para adoptar medidas como la imposición de
multas o la apertura de un proceso penal contra los responsables de la
iniciativa parlamentaria, como solicitó el Gobierno.
Tras una hora y media de debate, los 11 miembros del pleno han decidido,
por unanimidad, requerir a la Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen
Forcadell,a los demás miembros de la Mesa y al Secretario General del
Parlament para que, en el plazo de 20 días, informen sobre el cumplimiento por
su parte de la sentencia del pasado diciembre, en la que el Constitucional
dejaba sin efecto la declaración independentista aprobada por el Parlament de
Cataluña el 9 de noviembre.
El tribunal reclama esa documentación a Forcadell "a efectos de la
eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas en el art. 92.4 Ley
Orgánico del Tribunal Constitucional". Este es el trámite previo a la
posible adopción de otras medidas que, tal como recoge la ley, podrían llegar a
multas de 3.000 a 30.000 euros la inhabilitación o a la deducción de testimonio
para que se abriera una vía penal contra los dirigentes independentistas.
Además, el Constitucional otorga 20 días al fiscal y al Parlament para
que informen sobre la petición de nulidad de la resolución que también pidió el
Ejecutivo.
El Gobierno en funciones pidió el pasado viernes al Constitucional que abriera la vía penal contra la presidenta del
Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer sus sentencias y por ser "la persona claramente
implicada y afectada" que lidera una institución que vulnera "de
manera flagrante el Estado de derecho y el orden constitucional".
El Ejecutivo busca con esta actuación la nulidad y suspensión inmediata de la resolución 263/11 del 27 de
julio, aprobada por la Cámara para iniciar
la desconexión con España, pero también un requerimiento personal a Forcadell y
el resto de miembros de la Mesa del Parlamento, el secretario general de ese
organismo, el presidente catalán y todos sus consejeros para que se abstengan
de realizar, a partir de ahora, cualquier iniciativa relacionada con esa
resolución.
En el último punto del llamado incidente de ejecución el Gobierno
demanda del Constitucional que deduzca "testimonio de particulares"
para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a
Forcadell por incumplir ya sus mandatos.
El término jurídico "deducir testimonio de particulares" quiere decir
que el tribunal se ocupe ahora de documentar todos los incumplimientos en los
que haya podido incurrir ya Forcadell y los envíe a la Fiscalía para que valore
cómo debe actuar penalmente contra ella.
La mayoría absoluta del bloque secesionista —que integran Junts pel Sí y
la CUP— consumó su desafío al Constitucional al aprobar las conclusiones de la comisión de
estudio del proceso constituyente. La votación supone un aval de la Cámara para abrir la vía unilateral
de independencia, un paso más en la declaración del pasado 9 de noviembre. La
unidad con la CUP allana el camino para que el Gobierno catalán supere esa
prueba. Toda la oposición, salvo Sí que es Pot, que rechazó las conclusiones,
se negó a votar.
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