Junts pel Sí impone su mayoría para tramitar las leyes de ruptura
La Mesa de la Cámara ignora el informe de los juristas y da luz verde a las tres normas de desconexión
EL PAIS - Barcelona
La Mesa del Parlament de Cataluña ha aprobado esta mañana,
por cuatro votos a tres, iniciar los trámites para redactar las tres
leyes de ruptura, pese que un informe jurídico redactado por los servicios de la Cámara advertía cuestionada su legalidad.
Los letrados advirtieron también que esa actuación podía suponer un
incumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la
declaración soberanista del 9 de noviembre en la que ya se anunciaban
precisamente la redacción de estas leyes.
Sin embargo, estas consideraciones han sido desoídas por los cuatro miembros de la Mesa de Junts pel Sí,
incluida la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, por lo que se ha
dado el visto bueno a iniciar el trámite de las tres leyes que
permitirán "desconectar" de España: la de protección social catalana, la
de régimen jurídico catalán y la de administración tributaria catalana.
Cada una de esas leyes se tramitarán en tres ponencias conjuntas, un procedimiento que los juristas de la cámara advirtieron hace unos días que podría ser inconstitucional y podría vulnerar los derechos del resto de grupos parlamentarios contrarios a la secesión.
Solo Junts pel Sí y la CUP apoyan ese procedimiento. Por ese motivo, los juristas sugirieron que se emplease el trámite de la proposición de ley y no se obligase a los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es Pot a participar en unas ponencias conjuntas para elaborar unas leyes en las que no creen.
La Mesa, sin embargo, ha hecho caso omiso a esa recomendación de los juristas. "Sus informes no son vinculantes", ha proclamado Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts pel Sí, para justificar la decisión de iniciar el trámite de las leyes de ruptura. "Se ha acabado el tiempo de las argucias legales y ahora ya podemos empezar a hacer política", ha proclamado Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, el otro grupo parlamentario que apoya las leyes de ruptura. "Se ha hecho una interpretación partidista y parcial del reglamento", ha añadido la parlamentaria en referencia al informe de los servicios jurídicos de la cámara.
"Si no se produce el consenso de todos los grupos parlamentarios o, como mínimo, de su mayoría, se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponencia, porque esta pierde el sentido para el que ha sido prevista", dijeron los juristas, en alusión a que la ponencia es "una plataforma de trabajo de los grupos". En otro apartado advirtieron que se podría estar vulnerando el derecho constitucional a la seguridad jurídica y que el inicio de los trámites de las leyes de ruptura en ponencia conjunta suponía una vulneración del reglamento de la Cámara. Junts pel Sí y la CUP esgrimen que les ampara la razón porque ese mismo reglamento dice que se pueden tramitar las ponencias si las apoyan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados (suman 72 de 135).
PSC y PP han anunciado esta mañana que reclamarán la reconsideración del acuerdo de la cámara por considerarlo ilegal. "Es una imposición de la Mesa, que ha actuado de manera partidista, contra los informes de los letrados", ha dicho la portavoz socialista Eva Granados.
En esa misma línea, el portavoz de PP, Enric Millo, ha calificado el hecho de "insólito" y ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados, mientras que Joan Coscubiela (Catalunya sí que es Pot) ha dicho que "Junts pel Sí y la CUP llevan meses anunciado la desobediiencia y la primera y única vez que la aplican es para desobedecer a los servicios jurídicos de la Cámara".
Por su parte, José Maria Espejo, vicepresidente segundo de la cámara y diputado de Ciudadanos, ha insistido en que "es la primera vez en democracia que se desoye a los letrados de la cámara y se les desprecia de esta manera".
Cada una de esas leyes se tramitarán en tres ponencias conjuntas, un procedimiento que los juristas de la cámara advirtieron hace unos días que podría ser inconstitucional y podría vulnerar los derechos del resto de grupos parlamentarios contrarios a la secesión.
Solo Junts pel Sí y la CUP apoyan ese procedimiento. Por ese motivo, los juristas sugirieron que se emplease el trámite de la proposición de ley y no se obligase a los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí que es Pot a participar en unas ponencias conjuntas para elaborar unas leyes en las que no creen.
La Mesa, sin embargo, ha hecho caso omiso a esa recomendación de los juristas. "Sus informes no son vinculantes", ha proclamado Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts pel Sí, para justificar la decisión de iniciar el trámite de las leyes de ruptura. "Se ha acabado el tiempo de las argucias legales y ahora ya podemos empezar a hacer política", ha proclamado Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, el otro grupo parlamentario que apoya las leyes de ruptura. "Se ha hecho una interpretación partidista y parcial del reglamento", ha añadido la parlamentaria en referencia al informe de los servicios jurídicos de la cámara.
"Si no se produce el consenso de todos los grupos parlamentarios o, como mínimo, de su mayoría, se presentan dudas sobre la viabilidad de la ponencia, porque esta pierde el sentido para el que ha sido prevista", dijeron los juristas, en alusión a que la ponencia es "una plataforma de trabajo de los grupos". En otro apartado advirtieron que se podría estar vulnerando el derecho constitucional a la seguridad jurídica y que el inicio de los trámites de las leyes de ruptura en ponencia conjunta suponía una vulneración del reglamento de la Cámara. Junts pel Sí y la CUP esgrimen que les ampara la razón porque ese mismo reglamento dice que se pueden tramitar las ponencias si las apoyan dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados (suman 72 de 135).
PSC y PP han anunciado esta mañana que reclamarán la reconsideración del acuerdo de la cámara por considerarlo ilegal. "Es una imposición de la Mesa, que ha actuado de manera partidista, contra los informes de los letrados", ha dicho la portavoz socialista Eva Granados.
En esa misma línea, el portavoz de PP, Enric Millo, ha calificado el hecho de "insólito" y ha anunciado que acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración de los derechos de los diputados, mientras que Joan Coscubiela (Catalunya sí que es Pot) ha dicho que "Junts pel Sí y la CUP llevan meses anunciado la desobediiencia y la primera y única vez que la aplican es para desobedecer a los servicios jurídicos de la Cámara".
Por su parte, José Maria Espejo, vicepresidente segundo de la cámara y diputado de Ciudadanos, ha insistido en que "es la primera vez en democracia que se desoye a los letrados de la cámara y se les desprecia de esta manera".
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