La Mesa del Parlament da luz verde a tramitar las leyes de ruptura
Junts pel Sí ha impuesto su mayoría y ha rechazado la petición de la oposición para no crear tres ponencias
EL PAIS - Barcelona
La Mesa del Parlament ha dado luz verde definitiva este martes a la creación de las tres ponencias conjuntas que han de elaborar otras tantas leyes de ruptura para "desconectar".
Todos los grupos de la oposición (Ciudadanos, PSC, PP y Catalunya sí
que es Pot) habían reclamado poco antes en la junta de portavoces que se
reconsiderase el trámite escogido, pero Junts pel Sí ha impuesto su mayoría en La Mesa y ha acordado tirar adelante.
La creación de tres ponencias conjuntas permitirá redactar las leyes de desconexión (de protección social, régimen jurídico y administración tributaria) sin enseñar ningún documento durante unos meses y evitar así que puedan ser recurridas por el Gobierno y suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, en algún momento deberán aflorar las proposiciones de ley para presentar las enmiendas correspondientes. Junts pel Sí y la CUP coinciden en que ese punto de no retorno se produzca al final de la legislatura, dentro de un año, y pretender así acogerse a las argucias que permite el reglamento de la cámara.
PSC, PP y Ciudadanos han presentado esta mañana sendos escritos en los que reclamaban a La Mesa del Parlament que se echaran atrás de su decisión de hace una semana, pero no ha prosperado la petición. La oposición argumentaba que la ponencia conjunta se crea cuando todos los grupos parlamentarios están de acuerdo y que en este caso no es un procedimiento adecuado, pues solo Junts pel Sí y la CUP participarán en la redacción de las leyes de ruptura.
Se da la circunstancia, además, de que los juristas de la cámara han advertido de que el trámite escogido podría ser inconstitucional y contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración soberanista del pasado 9 de noviembre en la que se anunciaba la redacción de las tres leyes de ruptura.
El PP y el PSC han anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la creación de las ponencias conjuntas por considerar que vulnera los derechos de los diputados y por ello han reclamado de La Mesa que redacte un escrito en el que explique su decisión.
Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts pel Sí, ha justificado la decisión de la Mesa al amparo del artículo 126 del reglamento del Parlament, que permite la creación de una ponencia conjunta cuando lo reclaman al menos dos grupos parlamentarios, como en este caso
Sin embargo, Corominas ha obviado que el informe de los juristas de la cámara advierten que la elección de ese artículo es inapropiada, porque está reservado a leyes que supongan un desarrollo de las competencias del Estatut y en este caso lo que se pretende es redactar tres leyes de ruptura para acabar con ese texto legal.
"Ese artículo garantiza los derechos de los diputados más que ningún otro, porque cuando quieran se pueden añadir a los trabajos de las ponencias conjuntas", ha insistido Corominas. Los cuatro grupos de la oposición ya han descartado por completo ese escenario.
Ferran Pedret, diputado del PSC, ha revelado, por el contrario, que la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha admitido esta mañana en la reunión de la Junta de portavoces que la ponencia conjunta era el único procedimiento que les permite no presentar un texto articulado susceptible de ser recurrido por el Gobierno.
El diputado socialista ha insistido en lo que ya declaró Miquel Iceta a EL PAíS el pasado lunes: que las dos formaciones independentistas pretenden ocultarán los proyectos de ley y que no afloren hasta hacerlos coincidir con el final de la legislatura y la disolución del Parlament.
De esta manera se evitaría que el Gobierno presente a las primeras de cambio otro incidente de ejecución de sentencia, como ya ha sucedido con la creación de la comisión del proceso constituyente, que el Ejecutivo del PP en funciones considera un desarrollo de la declaración soberanista anulada por el Tribunal Constitucional.
“Tenemos que recordarles a los diputados independentistas que no pueden hacer lo que quieran en sede parlamentaria, que la imaginación es libre pero no pueden imponernos su voluntad”, ha dicho la popular. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo ha asegurado que su partido pedirá amparo a la justicia porque no puede imponerse una ponencia conjunta si solo dos grupos -de los seis que conforman la Cámara catalana- quieren participar. “Hoy es un día histórico desgraciadamente porque por primera vez la Mesa no hace caso de los servicios jurídicos del Parlament”, ha aseverado Páramo, que ha criticado la actitud la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, acusándola de ser parcial: “Parecía la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana”.
La creación de tres ponencias conjuntas permitirá redactar las leyes de desconexión (de protección social, régimen jurídico y administración tributaria) sin enseñar ningún documento durante unos meses y evitar así que puedan ser recurridas por el Gobierno y suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Pese a ello, en algún momento deberán aflorar las proposiciones de ley para presentar las enmiendas correspondientes. Junts pel Sí y la CUP coinciden en que ese punto de no retorno se produzca al final de la legislatura, dentro de un año, y pretender así acogerse a las argucias que permite el reglamento de la cámara.
PSC, PP y Ciudadanos han presentado esta mañana sendos escritos en los que reclamaban a La Mesa del Parlament que se echaran atrás de su decisión de hace una semana, pero no ha prosperado la petición. La oposición argumentaba que la ponencia conjunta se crea cuando todos los grupos parlamentarios están de acuerdo y que en este caso no es un procedimiento adecuado, pues solo Junts pel Sí y la CUP participarán en la redacción de las leyes de ruptura.
Se da la circunstancia, además, de que los juristas de la cámara han advertido de que el trámite escogido podría ser inconstitucional y contravenir la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la declaración soberanista del pasado 9 de noviembre en la que se anunciaba la redacción de las tres leyes de ruptura.
El PP y el PSC han anunciado que llevará al Tribunal Constitucional la creación de las ponencias conjuntas por considerar que vulnera los derechos de los diputados y por ello han reclamado de La Mesa que redacte un escrito en el que explique su decisión.
Lluís Corominas, vicepresidente primero del Parlament y diputado de Junts pel Sí, ha justificado la decisión de la Mesa al amparo del artículo 126 del reglamento del Parlament, que permite la creación de una ponencia conjunta cuando lo reclaman al menos dos grupos parlamentarios, como en este caso
Sin embargo, Corominas ha obviado que el informe de los juristas de la cámara advierten que la elección de ese artículo es inapropiada, porque está reservado a leyes que supongan un desarrollo de las competencias del Estatut y en este caso lo que se pretende es redactar tres leyes de ruptura para acabar con ese texto legal.
"Ese artículo garantiza los derechos de los diputados más que ningún otro, porque cuando quieran se pueden añadir a los trabajos de las ponencias conjuntas", ha insistido Corominas. Los cuatro grupos de la oposición ya han descartado por completo ese escenario.
Ferran Pedret, diputado del PSC, ha revelado, por el contrario, que la portavoz parlamentaria de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha admitido esta mañana en la reunión de la Junta de portavoces que la ponencia conjunta era el único procedimiento que les permite no presentar un texto articulado susceptible de ser recurrido por el Gobierno.
El diputado socialista ha insistido en lo que ya declaró Miquel Iceta a EL PAíS el pasado lunes: que las dos formaciones independentistas pretenden ocultarán los proyectos de ley y que no afloren hasta hacerlos coincidir con el final de la legislatura y la disolución del Parlament.
De esta manera se evitaría que el Gobierno presente a las primeras de cambio otro incidente de ejecución de sentencia, como ya ha sucedido con la creación de la comisión del proceso constituyente, que el Ejecutivo del PP en funciones considera un desarrollo de la declaración soberanista anulada por el Tribunal Constitucional.
El PP insta a Ciudadanos y PSC a apelar juntos al Constitucional
ANA GONZÁLEZ LISTE
Los diputados del PP catalán presentarán un recurso de amparo por
vulnerabilidad de sus derechos ante el Tribunal Constitucional después
de que la Mesa del Parlament haya admitido a trámite las ponencias
conjuntas de las tres leyes independentistas. La diputada popular Andrea
Levy ha solicitado a Ciudadanos y al PSC que se unan a su petición que
los tres grupos parlamentarios acudan juntos a este tribunal. Levy
quiere repetir la imagen de “unidad” que dieron cuando presentaron el
recurso contra la declaración secesionista del 9-N conjuntamente.“Tenemos que recordarles a los diputados independentistas que no pueden hacer lo que quieran en sede parlamentaria, que la imaginación es libre pero no pueden imponernos su voluntad”, ha dicho la popular. Por su parte, el diputado de Ciudadanos Fernando de Páramo ha asegurado que su partido pedirá amparo a la justicia porque no puede imponerse una ponencia conjunta si solo dos grupos -de los seis que conforman la Cámara catalana- quieren participar. “Hoy es un día histórico desgraciadamente porque por primera vez la Mesa no hace caso de los servicios jurídicos del Parlament”, ha aseverado Páramo, que ha criticado la actitud la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, acusándola de ser parcial: “Parecía la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana”.
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