Sin universidades en la Champions
Los 200 primeros puestos de las clasificaciones se resisten a los campus nacionales.
La deficiente financiación, el escaso control y reclutamiento de profesores, entre las causas
EL PAIS - MARIBEL MARÍN / PILAR ÁLVAREZ Madrid 15 DIC 2014 - 00:02 CET256
Un grupo de alumnos, el pasado noviembre, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona. / MASSIMILIANO MINOCRI
La Universidad pública española es a la clasificación de Shanghái lo que el Levante a la Champions League. O, lo que es lo mismo, tan difícil es que un campus español pueda codearse con Harvard como que el equipo valenciano u otros modestos jueguen habitualmente en la Liga de Campeones. Es, mal que pese, la lógica del dinero, que resume así José Antonio Pérez, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y experto en rankings. “Su limitado presupuesto y, en consecuencia, la calidad de los fichajes de su plantilla no le permiten más que mantenerse con mucho esfuerzo y algo de fortuna en la división de honor del fútbol español”.
El símil resume, en trazo grueso, por qué a los campus españoles les cuesta tanto colarse entre los 200 primeros del mundo en las clasificaciones de referencia, Shanghái (ARWU), Times Higher Education (THE) y QS. Imposible que la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) —295 millones de euros de presupuesto— pueda competir con la de Berkeley (California, EE UU) si para el mismo número de alumnos tiene casi seis veces menos fondos.
Pero la comparación se queda corta, porque más allá de la financiación —las partidas de las autonomías cayeron un 11,2% hasta los 5.920 millones entre 2010 y 2012, último año de presupuestos liquidados—, lo cierto es que con el mismo dinero hay campus que destacan tras romper los corsés del sistema. ¿Cómo? Unos, con un modelo de reclutamiento de docentes que fomenta la internacionalización de los centros y los prestigia. Otros, optando por especializarse en un ecosistema muy homogéneo. “El muy escaso presupuesto es un grave inconveniente, pero no es suficiente excusa: las universidades podrían ser mucho mejores incluso con la actual financiación”, dice José Adolfo de Azcárraga, catedrático de Física de la Universidad de Valencia.
En el mundo existen casi 20.000 instituciones universitarias. Algunas españolas han rascado posiciones entre las 200 primeras de ARWU: la Universidad de Barcelona figura este año entre la 150 y la 200 y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la Autónoma de Barcelona (UAB) y la Autónoma de Madrid (UAM) han franqueado en alguna edición esa mediática barrera. Además, hoy, 12 de los 50 campus públicos nacionales se cuentan entre los 500 mejores del mundo. ¿La educación superior española está tan mal?
“Tenemos un sistema de calidad media, con universidades cortadas por el mismo patrón. Si quitáramos la Sorbona, no estaríamos muy lejos de Francia”, responde Domingo Docampo, exrector de la Universidad de Vigo e impulsor de una clasificación de universidades iberoamericanas. “Rasgarse las vestiduras por no estar entre las 200 primeras es muy fariseo en un país al que le falta tradición científica para estar en la élite. Los políticos simplifican estos datos”, añade.
En los índices parcelados, los campus españoles salen más favorecidos en la foto. Un ejemplo. Si se realiza una tabla por áreas de conocimiento se verá que aquellos con especializaciones despuntan: la Universidad de Barcelona es la 65ª del mundo en Medicina Clínica; la Politécnica de Valencia, la 82ª en Ciencias Agrarias, y la de Granada, la número 33 en Informática, según el informe oficial FICUE, que desagrega los resultados de los grandes listados.
Mención especial merecen las escuelas de negocios y algunas facultades de Económicas, que figuran de forma recurrente entre las mejores del mundo. Y, en este punto, además del dinero, no puede obviarse que varias de ellas utilizan un sistema para reclutar profesores distinto del predominante. No contratan a sus propios doctores y buscan talento en mercados de trabajo como el Job Market o el ASSA Meetings, de la Asociación Americana de Economía.
Las clasificaciones nacionales nacieron en EE UU y Reino Unido en la primera mitad del siglo XX para servir de orientación a los estudiantes. Pero en 2003 llegó el ARWU, elaborado por la Universidad Jiao Tong de Shanghái, con el propósito de ver cómo estaban sus universidades respecto al mundo, y cambió el paradigma. Como la mayoría de los grandes rankings, se centra en la reputación y la producción investigadora: el número de graduados y de académicos galardonados con un Nobel o una medalla Fields; artículos publicados durante los últimos cinco años en las dos grandes revistas de investigación (Nature, Science y especializadas de alto nivel) y artículos indexados por el número de profesores equivalentes a tiempo completo, además de investigadores citados por otros científicos.
Tener premios Nobel puede suponer hasta un 30% del resultado final. Eso explica también, más allá del presupuesto, que instituciones como La Sapienza, de Roma o la Universidad de Pisa —entre las 200 primeras—, con tres galardonados cada una, figuren en posiciones destacadas. Y ahonda en la idea de la tradición científica. España solo tiene un Nobel, Santiago Ramón y Cajal (1906). Si se quitaran estos elementos del tablero, las españolas subirían: hay seis campus entre los 100 mejores de menos de 50 años en THE. “Los rankings están muy afectados por el hecho de que medimos lo que podemos medir. Básicamente, parámetros que tienen que ver con la investigación”, dice Félix de Moya, investigador del CSIC y director del grupo de investigación Scimago. “Y luego está el debate sobre las metodologías. Las universidades son instituciones complejas y es difícil reducirlas a un número y a una posición”, apostilla.
Estas clasificaciones —y otras como el U-Multirank de la Comisión Europea que dan más peso a la docencia— han supuesto una sacudida al sistema. En un mundo global que apuesta por la economía basada en el conocimiento, se han convertido casi en instrumentos de posicionamiento geopolítico. No solo de universidades, también de países. Por eso, no extraña que el primer informe sobre el impacto de las clasificaciones en la educación superior en Europa —RISP, de la Asociación Europea de Universidades— revele que el 71% de las 171 instituciones que respondieron a la encuesta se basan en sus resultados al decidir estrategias de organización, gestión o académicas.
Los Gobiernos también lo hacen. Hay países como Rusia, Chile o Pakistán donde solo permiten a los alumnos predoctorales que becan ir a centros bien situados en los índices. Hay otros como Portugal que han optado por las fusiones... A mayor tamaño, más masa crítica para investigar. Francia y Alemania apostaron por la especialización con el programa de campus de excelencia, que premia y subvenciona proyectos punteros. España se sumó en 2009 a esta iniciativa, que pone a las universidades a colaborar entre sí y con el mundo de la empresa. El plan arrancó con fuerza, pero se ha ido descafeinando, porque la dotación económica fue disminuyendo y porque la inicial selección de centros, muy reducida, acabó ampliándose hasta convertir la convocatoria en una suerte de café para todos.
Al margen de este proyecto, las universidades españolas han empezado a cambiar algunas prácticas que favorecen su evaluación en los rankings. Cada vez más campus tienen equipos para procesar los datos de estas clasificaciones y aplican medidas para mejorar la calidad dentro de un sistema de contratación muy endogámico —hasta el 73% de los docentes trabajan donde leyeron la tesis— y con un marco funcionarial que impide individualizar los sueldos para atraer talento.
“Sé cómo subir en un ranking a medio plazo: pudiendo contratar a los mejores profesores del mundo”. Ferrán Sancho, rector de la UAB, ofrece su clave sentado ante el ventanal de su despacho. En 2006, su campus figuraba entre los puestos 401º y 500º. Hoy está entre el 201º y el 300º. “Nunca hubo una política deliberada para quedar bien en ellos, pero sí para promocionar elementos que han acabado siendo recogidos. Tenemos una visión abierta de cómo son las universidades más importantes del mundo. Muchos de nuestros investigadores han hecho la tesis en la London School of Economics o en Harvard. Cuando regresan a España, su visión de fuera cala en la Universidad”.
La UAB, como el resto de campus y centros de investigación catalanes, se beneficia de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), impulsada en 2001 por el hoy consejero de Economía, Andreu Mas-Collel, cuando era titular de Universidades. Lo que hace es buscar a los mejores investigadores a través de una convocatoria internacional, los coloca en los campus o centros de investigación y paga sus sueldos con dinero público hasta que se jubilan o se van. La iniciativa, similar a Ikerbasque en Euskadi, está arrojando buenos resultados. “El talento atrae mucho dinero”, dice Mas-Collel. Y eso se ve en las clasificaciones.
Los expertos a los que el ministro de Educación, José Ignacio Wert, encargó un informe para la reforma universitaria, precisamente, recomendaron en 2013 cambiar el sistema de reclutamiento de profesores. “Está regulado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación [ANECA] con un baremo que algún premio Nobel no superaría”, dice De Azcárraga, presente en ese comité. “Si se aplicara al fútbol, eso implicaría valorar el número de años como jugador, el desarrollo de tácticas nuevas, haber seguido cursillos de ‘innovación balompédica’. Si sumara suficientes puntos, quedaría acreditado para poder ser contratado por un club... ¡sin haberle visto jugar al fútbol!”, prosigue. “Ahora imaginemos que el Madrid o el Barcelona quieren contratar a un jugador. Pero entonces se ven forzados a contratar a alguien acreditado solo si es de su cantera porque, si no, su vestuario se rebela. Consecuencia: endogamia absoluta”.
La otra gran asignatura pendiente, dijeron los expertos a Wert, tiene que ver con poner fin al actual sistema de gobierno de los campus que favorece las relaciones clientelares. “La prolija regulación estatal, a la que se han sumado estatutos y reglamentos internos de todo tipo, ha contribuido a convertir las universidades en instituciones extraordinariamente burocratizadas y ensimismadas, gestionadas en función de los intereses de sus claustros”, desarrolla Clara Eugenia Núñez en un artículo escrito para esta serie de reportajes. Esta profesora de Historia Económica en la UNED habla de lo mismo que De Moya cree “un serio problema” difícil de resolver. Lo explica con una anécdota: “En un debate de la Asociación Europea de Universidades, el moderador preguntó: ‘¿Por qué es tan difícil cambiar los campus?’. El vicerrector de la Universidad de Edimburgo le contestó: ‘Cambiar una universidad es como cambiar un cementerio. Se pueden hacer muchas cosas, pero no esperes la colaboración de los que viven dentro”.
Los expertos creen que la ausencia de evaluaciones favorece que se perpetúe el modelo. Si las hubiera y se distribuyeran los fondos según los resultados, los campus reaccionarían, señalan. Sobre todo, ahora que con los recortes —como apuntaron Fernando Casani y Jesús Rodríguez Pomeda, de la UAM, en el Informe de la Fundación CYD en 2011— “han crecido las exigencias sociales y políticas a la Universidad para que realice una minuciosa rendición de cuentas”. En el olvidado informe para la reforma universitaria se aconsejan evaluaciones cada cuatro años
para ayudar a “distribuir la financiación de forma más eficiente y más justa”. Teóricamente, existiría consenso para hacerlo, pero no acaba de materializarse. No es un decir. El Gobierno, las autonomías y las universidades pactaron esta medida en 2010 con 2015 como horizonte. El presidente de los rectores, Manuel López, asegura que ha habido comunidades y programas del Ejecutivo que la pusieron en marcha. “Tras la agudización de la crisis después de 2010 entraron en quiebra progresiva”, admite. El ministerio no se pronuncia: ha declinado participar por segunda vez en esta serie de reportajes.
La inversión pública para universidades creció ininterrumpidamente desde los años noventa hasta 2010, aunque nunca llegó a alcanzar la media de esfuerzo sobre el PIB de la OCDE. El efecto de los tijeretazos se verá en toda su dimensión a medio plazo, pero hay campus que ya perciben sus efectos. La Universidad de Zaragoza figura entre las 500 primeras de Shanghái, pero a punto de caer. Manuel López, su rector, hace las cuentas: “Para permanecer necesitamos pasar de las 1.850 publicaciones anuales y que haya unas seis en Nature y Science. Superamos el volumen total, pero estamos por debajo en revistas especializadas”. En este caso, habrá consecuencias inmediatas: “Si bajamos la producción científica por falta de fondos, desapareceremos de Shanghái”.
Phil Baty, responsable del ranking THE, cree que España se equivoca con esta política de recortes. “Tienes universidades exitosas si pagas por ellas. Obtienes lo que pagas como sociedad. En crisis, debes protegerlas porque serán uno de los sectores que te ayudarán en épocas de dificultades económicas”. Lo que está ocurriendo es lo contrario.
El equipo de Salvador Moyà-Solà, director del Institut Català de Paleontología Miquel Crusafont de la UAB, disponía en 2010 de un presupuesto de un millón de euros que ha caído un 25%. Se redujeron los sueldos, el equipo perdió 10 personas. “Es el peor momento de la investigación de los últimos 20 años”, indica. Y resume el lustro de crisis con la parábola del payés que era pobre y solo tenía un asno, al que cada vez daba menos comida. “Ahora que lo tenía acostumbrado a no comer”, narra el payés al final del cuento, “va y se muere”.
Guía de buenas prácticas
El Ministerio de Educación convocó hace un año a un equipo de 13 expertos para elaborar una guía de buenas prácticas, que se publicará a principios de 2015, para que las universidades obtengan mejores posiciones en las clasificaciones. El propósito es que salgan retratadas en consonancia a su calidad, porque en ocasiones ha ocurrido que han perdido puestos o bien por no aportar todos los datos o por procesarlos mal.
Es habitual, por ejemplo, que un investigador que trabaja en un hospital adscrito a una universidad olvide citarla. “Y si no ponen los nombres de las universidades en sus publicaciones, se pierden muchas porque no hay un control efectivo de las firmas”, explica Elías Sanz, catedrático de Biblioteconomía de la Carlos III. “Tenemos otro número importante de campus públicos al filo de entrar entre las 500 primeras de Shanghái. Y eso sería positivo para el sistema en su conjunto”, añade. Este catedrático coordina un equipo de cuatro personas que gestiona los datos de su campus. Son expertos de bibliometría y cienciometría.
Sanz apunta en las conferencias que imparte algunas de las claves para ascender en los lsitados. Por ejemplo, la contratación de investigadores internacionales o la colaboración con otros centros de investigación, un aspecto en el que el sistema universitario español “debería hacer mayor hincapié”. “Es fundamental para hacerlo más competitivo”. Potenciar que el profesorado publique en revistas de prestigio “favorecerá la presencia de las universidades españolas en las bases de datos internacionales, que son las que se tienen en cuenta para valorar su producción científica en los rankings”, añade.
Para Pura Muñoz, catedrática de la Universidad Pompeu Fabra e investigadora ICREA, publicar en Nature supuso un proceso de largo recorrido. Su equipo inició en 2009 una investigación sobre el envejecimiento de las células madre en el músculo esqueleto. Emplearon cinco años y más de 1.000 ratones. Sus conclusiones fueron de interés para la revista, que envió el trabajo a evaluar a científicos independientes que analizaron los resultados. El proceso duró más de cuatro meses.
La investigación costó más de un millón de euros; una tercera parte provenían de fondos españoles. El resto salió de Europa. La cuantía total de los proyectos financiados en España es mucho menor que la que se obtiene en otros países. Para seguir investigando en 2015, ha de solicitar una renovación. “No es fácil dedicarse en exclusiva a la investigación, porque nos pasamos la mitad del tiempo pidiendo recursos y rellenando papeleo”, explica la investigadora. “Es complicado compaginar la idea de que las Administraciones exijan tanta presencia en los rankings y luego no se adecue la financiación reflejando esos baremos”, concluye.
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