El Gobierno carga sobre las autonomías la mayor parte del recorte
Las comunidades tienen que asumir un nuevo recorte de 15.600 millones
Guindos, Santamaría y Montoro, durante el Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN
El desglose del cuadro macroeconómico que hizo ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, al término del Consejo de Ministros parecía un parte de guerra: 630.000 empleos perdidos, casi seis millones de parados, profunda recesión del 1,7%, caídas en todos los trimestres salvo tal vez en el último... Y en esas condiciones, el Gobierno ha decidido forzar todo lo que ha podido el objetivo de déficit, para suavizar un panorama de recortes aun así muy duros.
Ya no serán los 44.000 millones de tajo en 2012 que, para la mayoría del Gobierno, para el propio Rajoy y para los barones autonómicos que le han visitado eran una locura que iba a incendiar definitivamente a España y destrozar el Estado de bienestar. Son 29.600, una cifra aún enorme —para hacerse una idea, los recortes que hicieron que Zapatero se desplomara en las encuestas en 2010 fueron de 10.000 millones—, pero mucho menor.
Sin embargo, el reparto de esos recortes es claramente desigual. El Ejecutivo carga buena parte del peso sobre las autonomías. Tanto, que el ajuste dibujado por el Gobierno para la Administración central es más suave que el que se había comprometido a hacer el anterior Ejecutivo socialista (tenía que recortar 1,6 puntos del déficit y la bajada prevista ahora es de 1,1 puntos, unos 5.500 millones menos).
Con este panorama, el Gobierno tiene los deberes medio hechos. Con el ajuste anunciado el pasado 30 de diciembre —subida del IRPF y 8.900 millones de no disponibilidad—, prácticamente cumpliría con el nuevo objetivo de déficit del 4%. Claro que ahora tiene que poner negro sobre blanco qué partidas recorta —no lo ha hecho—. Por ejemplo, qué proyectos de Fomento se paralizan o qué subvenciones se cortan. Tan hechos están esos deberes que se puede caer el principal argumento de la subida de impuestos: el que rezaba que la Administración central tenía que recortar mucho más de lo esperado por un déficit desbocado. En realidad, recortará incluso menos de lo que estaba previsto cuando el PP prometía en sus mítines no subir impuestos.
Las que tendrán que recortar mucho más de lo previsto en esos planes son las autonomías. Se han librado de un recorte algo mayor si el objetivo fuera del 4,4%, pero aún así tienen por delante un panorama muy complejo. Las comunidades tienen que asumir, en plena recesión, con casi todo el gasto social a sus espaldas y sus ingresos desplomándose cada mes, un nuevo ajuste de 15.600 millones.
Durante las últimas semanas, los presidentes autonómicos han advertido al Ejecutivo de Rajoy de que están llegando al límite de los recortes. El presidente les hizo caso en parte: le pedían que alejara el objetivo de déficit todo lo posible de ese temido 4,4%. Y lo ha hecho. Pero, a la vez, se ha quedado él con casi todo el margen extra y ha dejado a las comunidades la parte más dura. Es muy difícil pensar así, con esa situación dramática que le han planteado algunos barones a Rajoy en La Moncloa, que esos 15.600 millones nuevos no afectarán al gasto social y a servicios esenciales como sanidad, educación o asistencia social.
El Gobierno argumenta en privado que las comunidades fueron las responsables de disparar el déficit del año pasado al registrar un desfase presupuestario del 2,94%, más del doble del objetivo. Mientras, el déficit del Estado ascendió al 5,1%, frente al objetivo del 4,8%; la desviación presupuestaria de los Ayuntamientos fue de 0,38%, frente al 0,3%; y la Seguridad Social registró un déficit del 0,09% cuando tenía previsto un superávit del 0,4%.
Como tienen muy poco margen, entre los consejeros ya se especula con posibles rebajas al sueldo de los funcionarios, reducción de eventuales o un aumento de impuestos, como la ampliación del céntimo sanitario a todos los territorios. Esta situación deja cierto margen a la Administración central para acometer nuevos ajustes, que podrían servir para amortiguar un posible incumplimiento por parte de las comunidades.
El Consejo de Ministros aprobó ayer además el techo de gasto para 2012, que finalmente será de 118.565 millones de euros, lo que supone un descenso del 4,7% respecto al límite de gasto de 2011 previsto en el proyecto de Presupuestos, aunque luego, tras sucesivas medidas de ajuste, acabó por debajo de los 118.000 millones. La cifra se reduce a 116.295 millones una vez descontadas las obligaciones de pago pendientes del año pasado. Por tanto, el gasto disponible para el conjunto de los ministerios se reducirá un 12,5% en comparación con el primer presupuesto del año anterior.
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