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Los funcionarios de Baleares ya no tendrán que hablar catalán
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El Gobierno de Bauzá quiere impedir que personas cualificadas se queden sin acceder a la Administración
Día 17/03/2012
El Gobierno autonómico de José Ramón Bauzá aprobó ayer la modificación de la Ley de Función Pública, que da luz verde para que el catalán deje de ser un «requisito» en el acceso a la Administración pública de las Islas Baleares y que esta exigencia pase a ser solamente un «mérito».
La modificación ha establecido una serie de excepciones en la función pública, para «garantizar que los ciudadanos tengan el derecho a ser atendidos en las dos lenguas» y afecta a los puestos de trabajo de asesoramiento lingüístico y de atención directa al público, así como atención telefónica. El catalán también será un requisito para acceder y ocupar puestos de la función pública docente, que se deberá regir por su normativa reglamentaria específica.
El portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Educación, Rafael Bosch, explicó ayer en Menorca que para llevar a cabo esta modificación «se ha tenido en cuenta la legislación vigente, así como la expresión del poder judicial en diversas sentencias». Además, precisó que durante el camino de elaboración del texto se han tenido que modificar algunos artículos de otras leyes por «coherencia jurídica». Éstas son la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma y la Ley de Coordinación de Policías Locales. Tanto Bosch, como el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, y el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, se han venido reafirmando en su defensa del bilingüismo.
Mayor cualificación
En todas las modificaciones, solo se ha tocado aquello que hace referencia a la necesidad de acreditar un determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana para acceder a un puesto de trabajo. En el caso concreto de la Ley de Normalización Lingüística, también se ha modificado el artículo que hace referencia a la toponimia, hasta ahora exclusivamente en catalán. En el nuevo redactado, se deja claro que cada consistorio de Baleares podrá proponer la inclusión de la fórmula castellana junto a la catalana. También se reconoce como órgano competente a los Consejos Insulares, para decidir si desean la toponimia sólo en catalán o en las dos lenguas. Bosch recalcó que con esta reforma se pretende atraer a la comunidad a las personas más preparadas laboralmente, sin prejuicio de su lengua.
Concretamente, especificó que con las nuevas medidas se intenta instrumentalizar los mecanismos necesarios para que los procesos selectivos permitan el acceso de las personas «mejor cualificadas y que superen las pruebas con más nivel en la Administración balear, sin que la falta de un determinado nivel de catalán sea un obstáculo».
Según el Gobierno autonómico balear, todo ello no es impedimento para que, una vez dentro de la Administración pública, todas las personas interesadas en alcanzar un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de esta lengua con la colaboración de la propia Administración o con el fomento de los cursos necesarios.
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