El Gobierno aprueba una drástica limpieza del crédito del ladrillo
Exige fuertes provisiones de hasta el 52% por el crédito teóricamente sano al sector promotor
Obligará a las sociedades a aportar todos los inmuebles a una sociedad antes de fin de año
Apoyará con dinero público prestado al 10% a las entidades que no puedan afrontar el saneamiento
Habrá un mes para presentar el plan de saneamiento y hasta el 30 de junio para las fusiones
Guindos, Santamaría y Pastor, tras el Consejo de Ministros. / ULY MARTÍN
El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la segunda reforma financiera del Gobierno de Mariano Rajoy en poco más de tres meses. Mientras que el decreto de febrero se centró en provisionar los activos del sector del ladrillo declarados problemáticos, en esta el foco se pone en el crédito teóricamente sano, para el que se exigen también fuertes provisiones. Las entidades que no puedan afrontar ese saneamiento podrán recibir dinero público al 10%. Además, se obliga a que los bancos aporten antes de fin de año los inmuebles que se han quedado por el impago de créditos a sociedades anónimas y tras una tasación independiente. El Gobierno ha decidido también encargar a dos entidades independientes que valoren toda la cartera de los bancos, en respuesta a las dudas internacionales sobre las cuentas de la banca española.
"Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil", ha explicado en rueda de prensa el ministro de Economía, Luis de Guindos, porque a los bancos les cuesta financiarse y se corta el crédito a la economía.Guindos pretende la "ausencia total de dudas" sobre el sector. Para ello se ha aprobado esa tasación independiente y la nueva reforma financiera a través de un decreto ley. Como en la reforma de febrero, Guindos ha prometido que se producirá la "venta de viviendas a precios reducidos".
Tras barajar diversas alternativas, Economía ha decidido exigir a los bancos provisiones sobre el crédito promotor teóricamente sano o normal (que no es dudoso ni subestándar).La reforma de febrero afectó sobre todo a los activos tóxicos del ladrillo y solo parcialmente a la cartera que en teoría no era problemática. En su nueva norma, aunque inicialmente barajó una cobertura única para todo el crédito promotor, finalmente se ha decidido por exigir diferentes niveles de provisiones (el colchón con el que los bancos se protegen de las pérdidas) dependiendo del activo que haya como garantía.
Se incrementa del 7% al 30% de media la cobertura de los créditos sanos, según ha anunciado Luis de Guindos, en lo que supone un saneamiento que el ministro ha cifrado en 28.000 o 30.000 millones de euros. La reforma exige provisiones del 45% para el crédito promotor sin garantía hipotecaria o con suelo como garantía; del 22% para el que tiene como garantía promociones sin terminar y del 7% para las promociones terminadas, según ha señalado el ministro. Eso se sumaría al 7% exigido ya con carácter general para todo el crédito promotor sano en la reforma de febrero. Con ello, las provisiones serían de hasta el 52% para créditos al corriente de pago.
El Gobierno dará un mes de plazo para presentar un plan en que se detallen las medidas que van a tomar las entidades para cumplir con el decreto. Cuando del plan resulte que las entidades incurrirán en un déficit de capital principal, también deberán detallarse medidas para solucionarlo en un plazo máximo de cinco meses, según ha confirmado Guindos.
El plan deberá ser aprobado por el Banco de España en un plazo de 15 días y se podrá solicitar dinero público para cumplirlo sin necesidad de una fusión. Las ayudas públicas se darán a las entidades prioritariamente mediante la forma de bonos contingentes convertibles(conocidos como cocos, en el argot financiero). Estos bonos funcionan como un préstamo retribuido a tipos de interés del 10%, según ha anunciado la vicepresidenta el Gobierno, pero se convierten en acciones en caso de dificultades. Son muy similares a las participaciones preferentes convertibles como las que el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz de Bankia, ha solicitado que se conviertan en capital en lo que supondrá su nacionalización.
Guindos rechaza que esa ayuda pública sea una ayuda pública por ese tipo de interés próximo al 10%, que es el doble de lo que el Tesoro paga para financiarse a largo plazo. El dinero deberá reembolsarse a un plazo de cinco años. Guindos ha señalado que además de la fórmula de los cocos, cabe la opción de que las ayudas públicas se instrumenten mediante acciones. El Gobierno ha calculado que la cantidad de dinero público a inyectar no supere los 15.000 millones de euros.
Además, en una disposición final, el Gobierno ha decidido ampliar en un mes el plazo para que las entidades presenten proyectos de fusión ante el Ministerio de Economía para beneficiarse de unas mejores condiciones con que hacer el saneamiento. ese plazo acabará ahora el 30 de junio.
En cuanto a las sociedades que reciban los inmuebles, el borrador del Gobierno prevé imponer a esas inmobiliarias, una especie de bancos malos o de inmobiliarias malas, la obligación de vender anualmente un 5% de sus activos. El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, había confirmado esta mañana que se exigirán provisiones adicionales al sector y que secrearán varios vehículos para dar salida a los activos tóxicos.
La transferencia de los inmuebles "será obligatoria para todas las entidades", ha subrayado Luis de Guindos. Muchos bancos ya tienen en realidad sociedades que son las que gestionan sus activos inmobiliarios. Ahora, las transferencias de activos se realizarán al valor contable minorado por las provisiones o coberturas constituidas. Pero no se obliga a que entren inversores privados, con lo que en la práctica no tiene por qué cambiar nada para las grandes entidades. Guindos solo dice que sería "deseable". En algunos borradores se contemplaba que Economía pueda establecer instrumentos de apoyo financiero a las adquisiciones de capital en dichas sociedades.
Con las provisiones sobre créditos sanos se trata de combatir lamorosidad oculta de que alertó el FMI recientemente, aunque esa advertencia pasó inicialmente inadvertida porque Economía suavizó el mensaje del organismo en la traducción española de las conclusiones preliminares del informe. Y se trata también de intentar vencer la desconfianza que se ha instalado en los mercados hacia la banca española.
Los bancos y cajas de ahorros tienen algo más de 300.000 millones de euros en crédito promotor y activos inmobiliarios adjudicados por el impago de deudas. De esa cifra, el Banco de España tenía clasificados como problemáticos a cierre de 2011 unos 184.000 millones de euros, bien por ser créditos morosos, subestándar (en riesgo de impago) o inmuebles que se ha quedado la banca por impago de los créditos que dio para financiar su compra.
Pero las nuevas exigencias se centran en el crédito sano, que sumaba a cierre de 2011 los restantes 120.000 millones de euros, si bien la cifra se ha ido reduciendo en el arranque de este año.Con datos de cierre de año, las entidades con un mayor volumen de crédito promotor teóricamente sano en sus cuentas eran Bankia (con unos 19.500 millones), La Caixa (con 13.650 millones) y el Banco Santander (con 12.800 millones). En proporción a su tamaño, tomando como referencia el volumen de la inversión crediticia en España, las entidades con mayor crédito promotor en situación normal son algunas de las que ya han sido absorbidas.
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