La Fiscalía propone cambiar la ley para expulsar a los ediles de partidos ilegalizados

ABC.es - Noticias de España y del mundo

Lunes, 21 de Septiembre de 2009

Madrid

La Fiscalía propone cambiar la ley para expulsar a los ediles de partidos ilegalizados

Conde-Pumpido ha reivindicado la labor de Anticorrupción para perseguir conductas corruptas «vengan de donde vengan y sean quienes sean sus autores»

Dívar, durante su intervención / EFE

Su Majestad el Rey saluda al presidente del CGPJ y el Supremo antes del acto / EFE

Foto de familia de la solemne apertura del Año Judicial / EFE

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid conversa con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño / EFE

El curso en los Tribunales nace con la amenaza de otra huelga de jueces

MEMORIA FISCALÍA: Los robos y delitos en la carretera, fuente de actuaciones fiscales en 2008

MEMORIA FISCALÍA: Alerta del «preocupante» aumento de jóvenes que pegan a sus padres

Lee el discursode Carlos Dívar, presidente del Supremo y el CGPJ

N. VILLANUEVA / E. MONTAÑÉS | MADRID
Actualizado Lunes, 21-09-09 a las 14:30
El Rey Juan Carlos preside hoy en el Tribunal Supremo el acto de solemne apertura del Año Judicial, un evento que marca el inicio formal del nuevo curso en los Tribunales españoles y en el que esta acompañado por el presidente del Alto Tribunal, Carlos Dívar, y por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Al acto, que ha tenido lugar desde las 12.00 horas en el Salón de Pleno del Tribunal Supremo, han acudido el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, y la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, entre otras personalidades.
El primer discurso ha corrido a cargo de Conde-Pumpido, quien ha abogado hoy por propugar una modificación legal que permita que los concejales de los partidos que sean ilegalizados no puedan permanecer en los ayuntamientos.

En su intervención durante la solemne apertura del Año Judicial, Conde-Pumpido ha dicho: «La conclusión de que la ilegalización de un partido político no afecta a la condición de cargos electos de sus miembros comporta el que, ilegalizado un partido y prohibida su actividad, puede darse la anomalía de que quienes fueron elegidos en sus listas, están gobernando una institución democrática, en particular un Ayuntamiento».

Conde-Pumpido ha dicho que «hay que poner coto a una situación difícilmente aceptable en decmoracia: que quienes concurrieron a un proceso electoral en las filas de un partido político que luego ha sido ilegalizado por su vinculación con una organización terrorista puedan seguir ostentando el gobierno de las corporaciones municipales».
Conde-Pumpido considera que la nueva «fórmula general» que podrían concretarse en la incorporación al artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local «de una causa de disolución más, recogiendo precisamente ese supuesto de hecho, esto es, el que el Ayuntamiento sea gobernado por una mayoría de concejales que hubieran sido elegidos en la lista de un partido ilegalizado».

El azote terrorista
En otro ámbito de cosas, el fiscal general del Estado ha destacado las actuaciones en la lucha antiterrorista, congratulándose por el hecho de que tras el sangriento 11-M, «ningún integrante de una u otra célula terrorista de naturaleza "yihadista" ha conseguido burlar la permanente vigilancia del Estado y ejecutar ataque alguno contra la vida e integridad de las personas o sus bienes». Ello no permite concluir, ha hecho hincapié Conde-Pumpido, que el riesgo haya desaparecido, por lo que las recomendaciones de la Fiscalía Generalson adelantar la respuesta a través de figuras penales típicas de colaboración e integración en grupo terrorista, utilizar técnicas especiales de investigación, reforzar la cooperación entre Estados y potenciar la represión de los comportamientos de soporte y cobertura de las células terroristas.
Conde-Pumpido y Carlos Dívar han hecho un repaso al azote del terrosimo etarra durante el pasado Año Judicial

Conde-Pumpido ha destacado que en 2008 se detuvo a 61 personas relacionadas contra el terrorismo islamista, un número que supera ligeramente al de años procedentes. Desde los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, se han producido 438 actuaciones contra acusados de pertenecer o colaborar con células de origen islamista.
Condenados 61 miembros de ETAEn relación con la actividad criminal de ETA, Conde-Pumpido ha hecho un repaso a los atentados perpetrados por la banda armada en 2008, cuando sufrimos la «dolorosa y desgarradora experiencia» de las muertes del concejal del PSOE Isaías Carrasco (7 de marzo de 2008), del empresario vasco Ignacio de Uría (3 de diciembre de 2008), del agente Juan Manuel Piñuel (14 de mayo de 2008) y del militar Luis Conde de la Cruz (22 de septiembre de 2008). Ha añadido que «la irracionalidad del grupo terrorista» sembró 2008 con 35 atentados, 25 más que el año anterior, con pérdidas de vidas humanas y numerosos daños materiles.
La Fiscalía propone cambiar la ley para expulsar a los ediles de partidos ilegalizados
Frente a ello, el fiscal general ha reivindicado «la actuación valiente, decidida y siempre abnegada» de las Fuerzas de Seguridad del Estado, la cual hizo posible durante los doce meses la detención de 105 personas vinculadas con ETA, 69 en España y la mayoría de las restantes en Francia; así como 67 más a consecuencia de su intervención en acciones violentas de terrorismo callejero. Además, ha destacado los 48 escritos de acusación presentados en el año 2008 por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra 80 personas vinculadas a ETA, así como la celebración de 38 juicios orales, que se han saldado con la condena de 61 personas, aproximadamente un 80 por cien de los acusados por el Ministerio Público.
«Asistimos expectantes al Plan Estratégico del Ministerio de Justicia», ha confiado el fiscal general del Estado, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes

Ha subrayado que la colaboración con Francia es uno de los «mejores arietes» con los que se cuenta en el campo de la cooperación internacional contra el terrorismo. Buena muestra de ello es la detención en el país vecino de 35 personas estrechamente relacionadas con la banda ETA, entre ellos el responsable del aparato militar, Garikoitz Aspiazu Rubina «Txeroki», que hoy llega extraditado para rendir cuentas ante la Justicia española por cinco de las 21 causas que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.
También se ha reservado un espacio en su intervención al reciente Plan Estratégico aprobado por el Ministerio de Justicia y que debe suponer un aumento de la planta judicial, entre otras medidas para la modernización de la Justicia española. Conde-Pumpido ha recalcado que, desde la Fiscalía, «asistimos expectantes al Plan» y ha confiado en sus resultados para la agilización de los procesos judiciales.

Apenas unas líneas de su intervención en el Supremo se han pronunciado respecto al «culebrón» político-judicial del verano, tras la denuncia por supuestas escuchas ilegales al PP realizada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. El fiscal general del Estado ha dicho que se han incrementado en más de un cien por cien las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción ante la exigencia de la sociedad de «erradicar las conductas corruptas vengan de donde vengan, sean quienes sean sus autores».

Dívar ha sido el segundo en intervenir. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que también ha recordado a las víctimas del terrorismo, ha querido animar a los jueces a seguir trabajando con dedicación «superando pasajeras situaciones de desánimo o incertidumbre, que ha venido caracterizando el ejercicio de la jurisdicción».
En su discurso en el acto de apertura de los Tribunales, que preside el Rey, Dívar se ha comprometido a esforzarse para poner al día al Tribunal Supremo (TS), pues, a su juicio, se trata de «una cuestión de Estado» en la que deben implicarse todos los poderes, instituciones y administraciones. Según Dívar, «esa actualización constituirá, sin duda alguna, un importante factor dinamizador de la economía nacional».

El Rey ha sido el encargado de inaugurar solemnemente este nuevo curso judicial. Tras el acto de apertura del Año Judicial se ofrecerá un refrigerio en el propio Tribunal Supremo.
Está previsto que asistan al evento los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como distintos miembros de la Audiencia Nacional, encabezados por su presidente, Ángel Juanes.