Vigo y Zaragoza amenazan a los bancos si mantienen su política de desahucios
Los dos alcaldes preparan planes sociales y no prestarán a la policía local
Una mujer muestra su emoción tras ser paralizado su desahucio el jueves en Zaragoza. / JAVIER CEBOLLADA (EFE)
Algunos lo han hecho ya, como el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, deCoalición Canaria, y otros amenazan con hacerlo. Hay un movimiento, de momento a título individual, de alcaldes que advierten a los bancos con los que operan de que retirarán sus cuentas si mantienen su política indiscriminada e implacable de ejecución de desahucios sin dar otra alternativa a los afectados. El alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, ha asegurado a este periódico que lo hará sin la menor duda, además de llevar a cabo otras iniciativas para paliar las situaciones de extrema vulnerabilidad que viven muchos ciudadanos desahuciados.
En estos momentos, la concejalía de Hacienda del Ayuntamiento vigués prepara una modificación de las condiciones de concursos públicos, de manera que si una entidad bancaria ejecuta un desahucio incurrirá en causa de resolución de contrato. “No puede ser que alguien que ha perdido su trabajo, y como consecuencia no puede pagar la hipoteca de su vivienda, le echen de la misma y, además, mantenga la deuda”, señaló Caballero a este periódico.
En la mayoría de los casos, ese piso del que se ha expulsado a una familia queda vacío. “En vez de echar a las personas de su vivienda, se las puede dejar en régimen de alquiler a un precio social”, continuó Caballero. El regidor socialista anunciará en las próximas horas que pondrá a disposición de personas que ya han sufrido el desahucio asesoramiento jurídico gratuito, con los abogados del propio Ayuntamiento. Otra iniciativa será el sorteo de 35 viviendas en alquiler especialmente para personas que han sufrido el desalojo de sus casas por impago de la hipoteca.
La moratoria en el pago de la hipoteca, que ahora discuten el Gobierno y el PSOE, ha sido exigida hace meses por algunos alcaldes. A partir de ahora, algunos alcaldes mantendrán una actitud de desobediencia a la hora de colaborar en los desahucios, pero el regidor de Vigo ya se lo comunicó a la Xunta de Galicia durante el otoño de 2011 y en el verano de 2012. “Comunicamos a la Xunta que la policía local de Vigo no ayudaría a llevar a cabo los desahucios”, señala Caballero.
En Zaragoza, el alcalde, el socialista Juan Alberto Belloch, también apostó ayer a primera hora, durante el debate de la ciudad, por no prestar la colaboración de la policía local para echar a la gente de su casa. Luego, durante el día, matizó que estaba muy mayor para ir a prisión si no facilitaba agentes para taponar una calle para un desahucio por orden judicial. Lo haría obligado. Pero sí reafirmó que aboga por un gran pacto social de todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad contra ese drama y auguró una dotación de 10 millones de euros.
La sensibilidad sobre los desahucios va a más y, mientras llegan los cambios legales, son muchos los actores que tienen que intervenir en ellos que elevan su protesta, cada cual en su medida. El movimiento de alcaldes tiene el aspecto de convertirse en imparable. De la adopción de medidas concretas, los alcaldes tratarán en la reunión de la ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se celebrará el próximo 27 de noviembre. De entrada, Abel Caballero, vicepresidente de la organización, llevará las medidas que ha propuesto y ha adoptado para su Ayuntamiento. El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, alcalde de Santander (PP), también ha mostrado su intención de dar un paso al frente en esta lucha.
Ayer fue un día de iniciativas de Ayuntamientos, pero muchos partidos de la oposición volvieron a recordar al PP, PSOE y a la opinión pública que fueron ellos quienes se adelantaron en la denuncia de este drama social y en las iniciativas para paliarlo.
Anoche, la diputada del BNG Olaia Fernández Dávila, además de recordar sus iniciativas, pidió en el pleno del Congreso la reforma de la Ley Hipotecaria con efectos retroactivos y la paralización de todos los desahucios, no solo los casos más extremos.
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