La crisis empuja a dos millones de españoles a la precariedad desde 2007
El sindicato de técnicos de Hacienda asegura que los recortes y las subidas de impuestos han contribuido a una mayor desigualdad
La crisis ha hecho que se incremente en dos millones el número de personas adultas que viven en situación de precariedad en España desde 2007, debido sobre todo al repunte del desempleo, a la reducción de salarios y a los recortes presupuestarios y sociales aprobados por el Gobierno en los últimos años, según se desprende del informe Adiós a las clases medias, elaborado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El informe, elaborado a partir de datos oficiales de diferentes organismos estatales y autonómicos, revela que la tasa de precariedad en España —que incluye núcleos familiares con ingresos conjuntos iguales o inferiores a 12.000 euros brutos anuales, así como familia s sin ingresos— se incrementó hasta llegar al 43,7% de la población, por lo que en la actualidad afecta a un total de 20,6 millones de personas. Los hogares mileuristas son, sobre todo, asalariados, que suman 16 millones, seguidos por los adultos sin ingresos (2,9 millones) y los autónomos (casi 1,7 millones).
A finales de 2007, cuando apenas se empezaban a notar los efectos de la crisis, la precariedad se afectaba al 40% de la población, unos 18,5 millones de personas, entre los que se contabilizaban 2,1 millones de adultos sin ingresos, 744.000 menos que ahora. Desde entonces, los rendimientos del trabajo de los asalariados y autónomos no han dejado de caer, mientras que, por el contrario, las rentas altas han invertido gran parte de su capital en diferentes instrumentos como las Sicav (sociedades patrimoniales y otros instrumentos de inversión para reducir o eludir sus pagos al fisco). De hecho, Hacienda pierde anualmente cerca de 300 millones de euros por la baja tributación de estas sociedades, que se sitúa en solo un 1%.
Asimismo, los contribuyentes más pudientes también han evitado tributar el grueso de su patrimonio en el IRPF, declarándolo como ganancias de capital, cuyo gravamen más elevado hasta la reforma de diciembre de 2011 era del 21%, aunque el nuevo tipo máximo para estas rentas (27%) sigue siendo muy inferior al que soportan los asalariados por su trabajo, que va desde el 24,75% hasta el 52%. Con todo, Gestha valora la mayor tributación que, a partir de 2013, se aplicará a las plusvalías generadas en menos de un año, una medida que pretende reducir la especulación y el fraude, como un primer paso hacia la mejora de la progresividad del IRPF.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, esta desigualdad entre rentas bajas y altas también se ha ampliado por las sucesivas subidas de impuestos, especialmente en el IVA e IRPF. A estas se han sumado los recortes aprobados en los últimos dos años y medio, que han impactado especialmente en el poder adquisitivo de las rentas inferiores a los 33.000 euros anuales, que suponen el 85% de los trabajadores.
Para contrarrestar esta situación de precariedad, Gestha propone una serie de iniciativas que por sí solas permitirían recaudar más de 63.000 millones de euros anuales sin necesidad de ampliar las diferencias salariales -de los que más de 3.500 millones se recaudarían en el País Vasco- y centrando las inspecciones sobre grandes corporaciones y patrimonios, que concentran el 71,7% de la evasión fiscal.
Una de las medidas incluidas en este paquete, que consiste en excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, permitiría al Estado recaudar 1.380 millones de euros adicionales cada año.
Otra propuesta es la aprobación de un proyecto de ley para crear un Impuesto sobre la riqueza de ámbito estatal -evitando así las bonificaciones autonómicas al 100% de la cuota- con mínimos exentos similares a los vigentes en el Impuesto sobre Patrimonio, al que sustituiría a partir de 2013. Consideran que el tipo efectivo de esta nueva tasa debería triplicar al del actual impuesto, además de incorporar fórmulas para evitar la interposición de sociedades con las que las grandes fortunas puedan eludir su pago, así como incluir la ya mencionada exención de la plena propiedad de la deuda pública.
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