23 de febrero de 2012
Marlaska, nuevo presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
PODER JUDICIAL
EL PAIS - JOSÉ YOLDI / JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ Madrid 23 FEB 2012 - 11:54 CET7
Fernando Grande-Marlaska ha sido designado esta mañana por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. El hasta ahora titular del juzgado de instrucción número tres de ese tribunal ha contado con el apoyo de 11 vocales: nueve conservadores más los progresistas Margarita Robles y Félix Azón. El actual presidente de la Sala Javier Gómez Bermúdez, que optaba a la reelección, ha logrado nueve apoyos.
La elección se produjo en segunda votación, según han señalado fuentes del órgano de gobierno de los jueces. La única abstención que se ha producido ha sido la del vocal Miguel Carmona.
Tras conocer su designación, Grande-Marlaska ha comentado a los periodistas que habitualmente cubren la información de la Audiencia que se encuentra "muy, muy satisfecho" y que tiene la firme intención de ejercer su nuevo cargo "con consenso y responsabilidad".
Grande-Marlaska formaba parte, junto con el actual presidente y con la magistrada de esta Sala Teresa Palacios, de la terna que fue elevada al Pleno por la Comisión de Calificación de este órgano tras las entrevistas que se realizaron a los siete aspirantes iniciales el pasado 15 de febrero.
Durante dicha intervención, Grande-Marlaska anunció que, en caso de ser elegido, dotaría la actual Oficina de Víctimas --creada a través de un convenio con el Gobierno Vasco-- de "verdadero contenido" y daría "consideración especial" a la información a los familiares de los fallecidos y heridos en actos de terrorismo sobre el desarrollo de las causas.
En este sentido, el nuevo presidente de la Sala de lo Penal anunció la incorporación a esta Oficina de los profesionales médicos destinados ahora a los Juzgados de Menores y que "podrían estar infrautilizados". "Quiero ser un compañero más, formar un grupo de trabajo, generar un equipo y promover una administración de Justicia con garantías, asumiendo la responsabilidad", manifestó durante la entrevista.
Fernando Grande-Marlaska llegó a la Audiencia en 2006, procedente de la Audiencia de Bizkaia. Sustituyó a Baltasar Garzón durante su estancia en la Universidad de Nueva York y desde su juzgado prosiguió la lucha iniciada por aquél contra el entorno social y político de ETA. Marlaska fue quien inició la investigación del caso Faisán, el chivatazo policial alaparato de extorsión de la banda, supuestamente organizado por el exdirector de la Policía Víctor García Hidalgo y dos mandos policiales. A la vuelta de Garzón, quedó adscrito a la Sala Penal, desde donde saltó al juzgado Central de Instrucción 3. Desde su puesto intentó archivar el caso de las falsas identificaciones de los 62 militares fallecidos en el Yak-42, pero la Sala, finalmente, condenó a los cargos implicados, informa Manuel Altozano
Javier Gómez Bermúdez, actual presidente de la Sala, llegó al cargo con los únicos votos de los vocales propuestos por el PP en el anterior Consejo del Poder Judicial. Su éxito más reconocido fue la organización del juicio del 11-M, que presidió con mano de hierro. Pero la sentencia en ese caso le granjeó enemistades entre medios y sectores conservadores, al desterrar las teorías conspirativas lanzadas por algunos miembros de ese partido. Su impopularidad en ese sector creció con su actuación en el caso Faisán, al decidir que fuera el pleno y no la sección segunda de la Audiencia el que decidiera sobre el procesamiento de tres cargos policiales de Interior durante el Gobierno de Zapatero. Antes de presidir la Sala ocupó el cargo de juez Central de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.
La última en la terna de candidatos era Teresa Palacios. En su destino actual, la sección cuarta de la Audiencia, su visibilidad es menor, pero durante su paso por el juzgado Central número 3, acaparaba titulares por sus investigaciones de grandes delitos económicos. Esta magistrada de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura —la que más años lleva destinada en la Audiencia de los siete candidatos— se atrevió a imputar al presidente del Santander, Emilio Botín, en el caso de las cesiones de crédito, aunque el Supremo archivó el caso al considerar que la acusación popular no podía impulsarlo sin el apoyo del fiscal. También fue la instructora del caso Gescartera, el fraude de la agencia de valores que afectó a varios cargos del PP. Al final, ninguno de ellos resultó condenado en el juicio.
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