OPINIÓN
De bancos, zorros, erizos
Las entidades no cumplen su función. Solo prestan para mantener una ficción
“El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una cosa grande”. En un famoso ensayo sobre Tolstói, Isaiah Berlin diferenciaba a dos clases de pensadores, remontándose a un antiguo dicho atribuido al poeta griego Arquícolo. Lo recuerda el economista americano Dani Rodrik (La paradoja de la globalización, Antoni Bosch editor) cuando estudia cómo la industria financiera ha estado desde el principio en el núcleo de la crisis que padece el planeta.
Los erizos tienen una idea central y no se fijan en las complicaciones y en las excepciones, o las adaptan para que encajen en su visión del mundo. Los zorros tienen una visión más diversa que les evita articular un gran eslogan, y son escépticos ante las teorías de una sóla dirección ya que sienten que la complejidad de las cosas impide las generalizaciones. Los zorros ven la economía demasiado impura para que las políticas ideales de los erizos sean las adecuadas.
La principal diferencia en el discurso entre la reforma financiera que ha abordado ahora el Gobierno Rajoy y la anterior, es que la actual parece más multidisciplinar y no se fija tan solo en las fusiones de entidades (antes, fusiones frías, vergonzantes) para determinar la solución de los problemas.
¿Para qué sirve un banco?: para engrasar el sistema productivo con sus créditos y para que se mueva la bicicleta del dinero circulante de empresas y familias. Por eso se ha denominado al sistema crediticio el aparato sanguíneo de la economía de mercado, y por ello se han justificado las inmensas ayudas públicas que ha obtenido desde el inicio de la Gran Recesión: si se paralizan los bancos, se para todo. Pues bien, cuatro años y medio después del arranque de los problemas por los abusos financieros de las hipotecas subprime y cientos y cientos de miles de euros gastados por el dinero público en apoyos (en detrimento de las cuentas de los Estados y de los estímulos a la economía real), el sistema financiero todavía no está sano y sigue sin fluir el crédito. España, por ejemplo, lleva cuatro años acumulados de variación negativa del crédito bancario. Lo reconoce el ministro de Economía, Luis de Guindos (véase EL PAÍS de ayer), cuando declara: “Las entidades no cumplen su función fundamental (…) El único crédito que dan es para mantener la ficción de las valoraciones de sus propiedades. Eso es lo que se quiere romper”.
Así pues, cuando se haga el balance de la reforma financiera anunciada la pasada semana, su resultado se medirá, sobre todo, en relación al objetivo central citado. Pero hay al menos otros dos que habrán de tenerse en cuenta. Primero, la cartografía que resulte de los cambios y sus consecuencias para el consumidor (empresas, familias y particulares).
A finales de 2007, el censo de entidades financieras era el siguiente: 114 bancos (muchos de los cuales dormían en el seno de algún grupo o ficha), 45 cajas de ahorro y 82 cooperativas de crédito. Un sector muy atomizado por su aparente minifundismo (en el que la cuota de mercado de las entidades más grandes era muy alta). ¿Cuántas quedarán al final de esta reconversión (en estos momentos, tras la primera ronda, ya sólo restan 17 cajas?; ¿qué capacidad de elección tendrán los demandantes de crédito o circulante? Cabe el riesgo de un gran oligopolio de oferta, con tres o cuatro grupos que impongan las reglas del juego y las condiciones, a no ser que las grandes entidades mundiales entren a competir con más fuerza en España.
El segundo objetivo será conocer con la mayor transparencia posible la cantidad de dinero público utilizado para obtener la normalidad del crédito, en sus diferentes capítulos (que no son homogéneos).
Se parte de la intervención, hasta hoy, de Caja Castilla La Mancha, CAM, Cajasur, Unnim, Banco de Valencia, Caixa Catalunya o CaixaGalicia. Cuánto dinero en recapitalizaciones directas (y si el mismo ha motivado la presencia de administradores públicos en los consejos de las entidades nacionalizadas, con capacidad para determinar sus políticas), los préstamos devueltos y no devueltos, los avales públicos a las emisiones privadas, la compra de activos, la liquidez obtenida y a qué precio, etcétera.
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