El Gobierno advierte de que 21 cargos catalanes pueden ser suspendidos
La Abogada General del Estado registra el escrito de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento catalán
EL PAIS - JAVIER CASQUEIRO Madrid 11 NOV 2015 - 14:01 CET
La Abogada General del Estado, Marta Silva, saliendo del Tribunal Constitucional, donde ha presentado el recurso de inconstitucionalidad. / JULIÁN ROJAS
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este miércoles al recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del Parlamento catalán para comenzar el proceso para independizarse de España. La Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha registrado a las 12.10 el texto ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Rajoy pide en su recurso que se les haga un “apercibimiento expreso de suspensión en sus funciones” a 21 altos cargos catalanes —entre ellos la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y el presidente en funciones Artur Mas— en virtud del artículo 92.4.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que alude al incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
El recurso solicita al Tribunal Constitucional que se notifique “personalmente” la providencia de suspensión a la presidenta del Parlamento de Cataluña y de la Mesa, Carmen Forcadell, y al presidente en funciones, Artur Mas, así como también a quien sea nombrado “como consecuencia del acto de investidura por el Parlamento catalán recién constituido”. También reclama que sean informados otros 19 cargos, entre miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los miembros del Gobierno de la Generalitat en funciones.
En el texto, el Gobierno solicita al Constitucional que “imponga” a Forcadell, a los miembros de la mesa y al secretario general del Parlamento de Cataluña “la prohibición expresa de admitir a trámite”, ya sea en toma de consideración, o para debatirlo o votarlo, “iniciativa alguna de carácter legislativo o de cualquier otra índole, que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la Resolución suspendida”. También reclama que se le prohíba al presidente en funciones de la Generalitat y a todo su Consejo de Gobierno, “promover iniciativa legislativa” o “dictar” normas de rango reglamentario o realizar “cualquier otra actuación” con la misma finalidad.
El pleno del Constitucional aprobará, previsiblemente en la tarde de este miércoles, la admisión a trámite del recurso del Gobierno, lo que provocará —de forma automática, tal y como dicta la Constitución— la suspensión de la resolución impugnada. El pleno está fijado para las cuatro y media de la tarde.
El Consejo de Estado ha avalado al Gobierno para impugnar la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán. El recurso pide al tribunal Constitucional que advierta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, al secretario, Pere Sol, y a toda la Mesa de la Cámara, así como a Artur Mas y a su Gobierno, de la posibilidad de ser suspendidos de sus funciones o acusados de desobediencia.
Las maniobras que el Gobierno pretende bloquear no son solo las tres leyes prometidas por los independentistas —las de proceso constituyente, seguridad social y hacienda propia—, sobre las que existe escaso o nulo margen al estar el Ejecutivo catalán en funciones, sino también el bloque de medidas sociales que Junts pel Sí y la CUP pactaron y decidieron añadir en el anexo de la resolución secesionista.
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