31 de agosto de 2015
La Iglesia pide 24 años de cárcel para seis activistas contra la ley del aborto
ELPAIS - LUCÍA BOHÓRQUEZ Palma de Mallorca 30 AGO 2015 - 20:05 CEST
El Obispado de Mallorca ha pedido cuatro años de cárcel para cada uno de los seis jóvenes que en febrero de 2014 irrumpieron en una misa en una iglesia de Palma para mostrar su rechazo a la política sobre el aborto. En total, la Iglesia de Mallorca, que ejerce la acusación particular en este caso, pide 24 años de cárcel para los activistas, a quienes acusa de varios delitos de ofensa contra los sentimientos religiosos.
La Fiscalía solicita un total de nueve años de cárcel para los encausados, una petición de un año y medio para cada uno. La instrucción del asunto, que será juzgado por la Audiencia Provincial de Palma, ha finalizado esta semana. Los hechos se produjeron el domingo 9 de febrero de 2014 en la Iglesia de Sant Miquel de la capital balear. Cuando se estaba llevando a cabo la eucaristía dominical, una treintena de jóvenes irrumpió en el templo, lanzando consignas como “aborto libre y gratuito” y portando algunas pancartas.
La entrada de los activistas provocó momentos de tensión en el templo y algunos de ellos fueron expulsados por los propios feligreses. La acción fue grabada en vídeo por los jóvenes, que posteriormente fueron detenidos por la Policía Nacional. Uno de los arrestados, menor de edad, ya fue juzgado y tuvo que cumplir una medida leve por los hechos.
A través de un comunicado, los acusados han rechazado haber cometido delito alguno. Afirman que la protesta “fue un ejercicio legítimo a la libertad de expresión y no es ningún delito”. Ellos consideran que no es delito “denunciar públicamente a través de este tipo de acciones la disconformidad con una política que se ha hecho de espaldas a los ciudadanos”. Apuntan que acciones como las que llevaron a cabo en la iglesia de Sant Miquel contribuyeron en buena parte a la retirada de la propuesta de ley sobre el aborto.
Fuentes cercanas al Obispado de Mallorca afirman que siempre han estado abiertos a alcanzar un acuerdo, si los jóvenes reconocen su error y piden disculpas. Además, subrayan que no se ha solicitado la pena máxima que contempla el Código Penal por este delito y que es de seis años.
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