18 de septiembre de 2015
25 exministros piden reconocer la singularidad de Cataluña
el pais - ELSA GARCÍA DE BLAS Madrid 18 SEP 2015 - 11:10 CEST
Un total de 25 exministros de UCD, PSOE y PP han suscrito un manifiesto en el que abogan por que se abra un “riguroso análisis” sobre si la “singularidad” de Cataluña está siendo “reconocida y valorada de manera justa”, a fin de dar respuesta a las “aspiraciones legítimas de los catalanes”. Los expolíticos, miembros de laFundación España Constitucional, proponen una reforma de la norma fundamental en la organización territorial. El texto pide el derecho a decidir “entre todos”. No hacerlo así, señalan, “equivaldría a un golpe de Estado”.
De los 25 firmantes del manifiesto, titulado “Ante el intento de separar Cataluña de España. Llamamiento a la reflexión y a la concordia”, 13 ocuparon una cartera ministerial con un Gobierno de UCD, siete con un Ejecutivo del PSOE y cinco lo hicieron con el PP. Todos están retirados ya de la acción política. Entre ellos hay nombres como Marcelino Oreja (presidente de la fundación), Rodolfo Martín Villa, Juan Antonio Ortega y José Lladó, por UCD; Cristina Garmendia, José Bono, Cristina Alberdi y César Antonio Molina, por el PSOE; y Josep Piqué, Pío Cabanillas, Eduardo Zaplana y Abel Matutes, por el PP. La Fundación España Constitucional fue impulsada por Bono y Zaplana en 2013 para defender la norma fundamental.
El documento consensuado, al que ha tenido acceso EL PAÍS y que será difundido hoy, parte de un llamamiento al diálogo a las principales fuerzas políticas ante “tan desatinado y grave propósito” como es “un plebiscito separatista” que plantea Artur Mas en las elecciones del 27-S. Los firmantes recuerdan que la Constitución consagró una “amplia descentralización política” y que Cataluña “nunca antes gozó de una autonomía tan profunda”.
Al mismo tiempo, reconocen que hay nuevas circunstancias que aconsejan hoy estudiar la reforma de la norma fundamental. En ese cambio señalan la organización territorial del Estado como una cuestión que la Constitución dejó “muy abierta” y que debería ser “actualizada”, “para ajustarse mejor y de manera equitativa a las necesidades del conjunto de España y de los perfiles singulares propios de sus comunidades”.
El manifiesto aboga en ese sentido por propiciar ante la opinión pública “un riguroso análisis sobre si su singularidad [la de Cataluña] está siendo reconocida y valorada de manera justa y dar a continuación respuesta pertinente a las aspiraciones legítimas de los catalanes”. Los firmantes consideran que ese análisis ha de ser valiente: debe llevar a rectificar “cuanto aparezca como equivocado, sin excluir ningún asunto, por delicado que sea”, enfatizan en el texto. La reforma resultante de esa reflexión tendrá, eso sí, un límite, en su opinión: “Debe ser compatible con el proyecto común que es España”. Esto es, que más allá del enfoque puramente catalán, la organización territorial debe ajustarse “mejor” a la realidad de todas las autonomías.
Los exministros cargan contra el proceso soberanista impulsado por los independentistas catalanes, que no respeta “los estándares y garantías exigibles en democracia”. “Imponer como hecho consumado una España sin Cataluña es disparatado”, subrayan. “Una decisión de tal calibre, que alteraría el ser histórico y el existir de España, no puede adoptarse en elecciones autonómicas”. Y piden “derecho a decidir, sí, pero para todos y entre todos”. “No hacerlo así equivaldría a un pronunciamiento o golpe de Estado, y abriría una enorme crisis de convivencia”, lamentan.
A Marcelino Oreja, presidente de la Fundación España Constitucional y ministro de Asuntos Exteriores con Adolfo Suárez, le viene a la memoria el nombre de Josep Tarradellas, expresidente de la Generalitat, cuando piensa en cómo afrontar el desafío soberanista. “Hay que recuperar el espíritu de Tarradellas. Entonces había una voluntad de arreglar las cosas, y eso es algo que ha faltado ahora por parte de quienes lideran el Gobierno de Cataluña”, asegura Oreja a EL PAÍS. El jurista confía en que el esfuerzo que los firmantes del manifiesto —de formaciones distintas—han hecho para ponerse de acuerdo “sirva a algunos de reflexión”.
Ante una declaración unilateral de independencia, los expolíticos creen que “no se podría reprochar a ningún Gobierno que usase” la potestad de suspender en todo o en parte la autonomía de Cataluña, una previsión constitucional “vigente” para situaciones graves. También consideran que en ese escenario “cabría utilizar” instrumentos de “carácter penal, de orden público y en general, coactivos” para hacer cumplir la Constitución. No obstante, ellos prefieren las vías de reflexión y concordia. “Ahora es la hora de la prudencia y la responsabilidad”, concluyen.
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