martes, 13 de agosto de 2019
ECUADOR – 14/08/2019
El socialista Rafael Correa, presidente de Ecuador entre 2007 y 2017, no habría imaginado que dos mujeres de su círculo más cercano, su asesora Pamela Martínez y la asistente de esta, Laura Terán, entregarían a la justicia elementos de convicción suficientes para que la jueza Camacho ordenara su prisión preventiva, atendiendo el pedio de la fiscal general del Estado.
Es lo que le ha ocurrido al expresidente y otros exfuncionarios implicados en casos de sobornos de varias empresas, nacionales y extranjeras, a cambio de obras públicas. Los imputados están siendo investigados por los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, delito este último imprescriptible.
La trama salió a la luz por una investigación periodística que dio cuenta de aportaciones a las campañas electorales del movimiento político liderado por Correa que habrían exigido dinero a las empresas para adjudicarlas obras públicas, la mayoría de las cuales tienen enormes sobrecostes. Además del expresidente y su vicepresidente Glas, actualmente en prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht, están involucrados dos de sus ministros y una decena más de altos cargos de su época. La jueza también ha ordenado que se retengan las cuentas bancarias de los imputados y se les prohíba vender sus bienes.
Se trata de la segunda orden de prisión para el líder socialista, que reside en Bélgica, país de origen de su esposa. La anterior ocasión fue por el caso del secuestro de un legislador y aliado suyo, pero la Interpol desestimó el caso.
La asesora Martínez, quien por influencia del presidente llegó a ser magistrada de la Corte Constitucional, fue detenida en el aeropuerto de Guayaquil cuando intentaba viajar a México tras llegar de otro vuelo internacional. Días después se detuvo a su asistente Terán. Las dos habían trabajado en el Palacio de Gobierno.
Una libreta con anotaciones hallada en la chimenea de un apartamento de la asesora resultó clave. Allí se descubrieron los códigos que usaban para recibir los sobornos. El del presidente era SP, señor presidente, SVP el del señor vicepresidente, ministros y otros funcionarios tenían su propia identificación secreta. Después de una investigación ordenada por la justicia se descubrieron correos electrónicos y un archivo en los ordenadores donde se recuperaron más de 60.000 documentos en los que estaban los datos de las empresas, el registro de contribuyentes y los teléfonos de contacto. Se menciona que las empresas contratistas entregaban el dinero en efectivo para pagar los gastos del partido y hasta las fiestas de cumpleaños de los empleados. Para la fiscal general todo esto se trata de una estructura ilícita liderada por Correa, cuya asesora Martínez y asistente Terán colaboran con la justicia a cambio de rebajas en las penas que les correspondan.
NACHO ALDAY
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