El Supremo obliga por primera vez al pago público del cambio de sexo
La Xunta de Galicia costeará la cirugía que negó durante años a una viguesa
La Consellería aseguraba que no había ningún centro público habilitado
Charlotte Goiar
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia por primera vez a favor de una persona atrapada en un cuerpo de sexo ajeno y en contra de una comunidad autónoma que le ha vetado reiteradamente, desde hace seis años, el derecho que reclamaba a operarse con cargo a la sanidad pública. Ahora la Xunta de Galicia está obligada a planificar el tratamiento pre y postoperatorio de C.T.G.A. (Vigo, 1972), conocida en las redes sociales desde las que batalla por la causa como Charlotte Goiar. Además, deberá pagar íntegramente una complicada cirugía cuyo coste oscila entre 15.000 y 25.000 euros fuera de la comunidad, ya que en Galicia no existe (y esa era la razón que aducía la Consejería de Sanidad) ningún centro público habilitado para ello.
En febrero de 2012, siguiendo los precedentes de fallos favorables a pacientes con disforia de género —contradicción entre su sexo biológico y su identidad de género— que habían dictado los tribunales superiores de Cataluña y Madrid, ambos en 2003, el Superior de Galicia sentenció que la Xunta tenía que correr con los gastos de Goiar, pero ya fuera de plazo el Gobierno de Feijóo logró que el Supremo admitiese a trámite su recurso. La sentencia firme, rechazándolo de plano y confirmando la resolución del alto tribunal gallego, es de mayo pasado, pero la interesada optó por guardar silencio hasta septiembre. Esperó callada durante más de dos meses una respuesta administrativa, pero el Gobierno gallego todavía no le ha contestado.
“No vamos a hacer declaraciones sobre este caso, pero obviamente el Servicio Gallego de Salud respeta todas las sentencias”, se limitó a comentar ayer una fuente oficial a este diario. La causa de C.T.G.A. podría sentar precedente en una comunidad en la que, hasta el momento, nadie ha logrado una cirugía de reasignación genital con cargo al erario público. Según recogen las sentencias anteriores a la del Supremo referidas al caso de esta viguesa, que nació con apariencia de varón y ya fue diagnosticada por el psicólogo del colegio a los siete años, la Xunta incluyó cuando Zapatero gobernaba en Madrid la cirugía de cambio de sexo en su cartera de servicios. Sin embargo, nunca llegó a completar los trámites para acreditar en la comunidad centros públicos capacitados. Esto le sirvió de argumento a la Administración para prolongar el sufrimiento de esta mujer, que ya rompió una primera barrera a los 16 años, al convertirse en la primera persona que empezó a tratarse con hormonas en un hospital público de Vigo. Desde 1991, además, precisa tratamiento psiquiátrico.
Una práctica penada con la cárcel hasta 1981
- Hasta 2007, la legislación prohibía expresamente que el Ministerio cubriese las operaciones de reasignación genital. Entonces, cuando se reguló el cambio de identidad (sexo y nombre) en el DNI, se eliminó simplemente la prohibición y varias comunidades incluyeron la prestación. El veto provenía de un real decreto de 1995, pero entonces ya se realizaban operaciones en clínicas privadas. Hasta 1981, esta cirugía estaba penada con la cárcel. El médico que se arriesgase podría acabar entre rejas.
- La sanidad pública, aun cuando no asumía las operaciones a transexuales, ya incluía las intervenciones a niños nacidos en un estado intersexual, con genitales masculinos y femeninos al mismo tiempo. Se elimina, por lo general, el menos desarrollado de los dos.
- Andalucía fue la pionera. En Málaga la sanidad pública opera desde 1999. En su primera década, esta unidad de referencia para toda España efectuó casi 300 reasignaciones. Por cada tres mujeres que nacen en cuerpo masculino y son operadas se registra un hombre enclaustrado en formas de mujer. La edad media de los pacientes es de 28 años.
- La reasignación de sexo más ardua es la que transforma un cuerpo de mujer en uno de hombre. Cuesta unos 35.000 euros. La de hombre a mujer se realiza desde 15.000.
- La sentencia de un tribunal superior más reciente ha sido la de Asturias. En marzo el Principado fue obligado a pagar la cirugía a María Jesús Lastra.
Goiar llegó a intentar suicidarse. Aislada, sin amigos, sin trabajo, sin más recursos que una renta de integración social que no le llega “ni para el alquiler” y que la empuja cada día a los comedores benéficos, encontró finalmente una abogada de oficio que llevó su drama de cada día a los tribunales. En 2008, un juzgado de Vigo reconoció su problema pero desestimó la demanda reconociendo la incapacidad de la Xunta para realizar en sus centros públicos la necesaria vaginoplastia y la cirugía correctiva asociada. En el año 2012 logró su primera victoria en el Tribunal Superior, pero la sentencia todavía era recurrible. La ansiada confirmación del Supremo ha llegado al poco tiempo de morir su madre, la única persona de su familia que, según relata Goiar, no le dio la espalda cuando decidió, ya adolescente, vestirse de chica. La justicia, incluso en la primera sentencia que le denegó la asistencia pública, asocia su “síndrome ansioso-depresivo” a su falta de identidad con la piel que la envuelve.
Charlotte Goiar no soporta verse desnuda: “No me puedo imaginar mayor defecto físico para una mujer que tener pene”. Goiar prefiere no ser definida como transexual. Reivindica, y así lo recoge también en un párrafo la sentencia del Tribunal Superior de Galicia, ratificada por el Supremo, un síndrome denominado de Harry Benjamin que un médico llegó a diagnosticarle: “Afecta a uno de cada 30.000 bebés”, explica, “y está reconocido como una enfermedad rara por la OMS desde los años sesenta. Se debe a la alteración de un gen en el feto en la primera fase de la gestación”, cuando se produce la diferenciación sexual.
La penosa lucha de Charlotte Goiar ha minado su salud física y psíquica, pero sueña con nacer de nuevo en la cuarta década de su vida: “Y encontrar alguien que me dé trabajo, y un hombre que me quiera”, confesaba tras conocerse la primera sentencia a su favor. Los tribunales reconocen que “no se puede negar la cirugía hasta que se disponga de medios” porque la paciente “sufre graves problemas de adaptación y comportamiento”. El argumentario recuerda que el Servicio Gallego de Salud acordó en su día incluir la cirugía de cambio de sexo en su cartera, pero además contempla el “tratamiento quirúrgico en caso de trastornos mentales”. “No solo concurre en la demandante una situación de transexualismo sino además un síndrome ansioso-depresivo conectado con lo anterior, lo que determina un cuadro clínico más complejo y que puede incardinarse en lo que antes se llamaba estado intersexual patológico y que ahora, simplemente, es un trastorno mental que justifica la cirugía”, concluye la sentencia ratificada por el Supremo. Un decreto del año 1995 prohibía expresamente que la sanidad pública asumiese el coste de la cirugía de reasignación sexual. En 2007, otro decreto eliminó todo rastro de este veto. Entonces, Andalucía llevaba ya ocho años operando, y luego se sumaron las comunidades de Madrid, Cataluña y País Vasco. Otras autonomías, como Aragón y Extremadura, pagan la operación fuera o asumen al menos fases intermedias como las mamoplastias. Pero el vacío legal al respecto aún llena los quirófanos de algunas comunidades autónomas que solo asumen unos eternos, y demoledores, tratamientos hormonales.
elmundo.es
cincodias.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario