EDITORIAL
Autogolpe
en Cataluña
Los urdidores del golpe parlamentario catalán
contra su propio Estatuto dieron ayer otro paso en su intento de demolición de
la autonomía
La
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y el vicepresidente primero, Lluís
M. Corominas, a su llegada a la reunión de la mesa del Parlament donde se
debate la modificación de la disposición sobre el referéndum MARTA PÉREZ EFE
Los urdidores del golpe parlamentario
catalán contra su propio Estatuto —aún no consumado—, dieron ayer otro paso en
su intento de demolición de la autonomía. La presión social les obligó a
conceder más tiempo y un formato de ponencia —falsamente conjunta— a la reforma
reglamentaria que les permitiría proclamar la secesión sin debate y sin el
concurso de la oposición que representa a más de la mitad de los ciudadanos.
Pero no la desecharon, como exige el estándar democrático. El portavoz
parlamentario convergente, Jordi Turull —más fiel al pujolismo más corrupto que
a la nueva cúpula del partido PdeCat—, justificó la deriva crecientemente
autoritaria del secesionismo.
Afirmó que en “tiempos excepcionales” se
requieren "medidas excepcionales", como ese cambio en el reglamento
para sojuzgar y silenciar a los grupos opositores. Los guardianes del Estatut
quieren ejecutar el autogolpe al Estatut en silencio, por sorpresa, contra sus
propias promesas de transparencia, respeto a la legalidad y compromiso de
contar con la mayoría social. Esa proclamación de una República “de derecho”
catalana que se pretende realizar cambiando el orden del día de una jornada
parlamentaria, y sin conocimiento público previo del pretendido texto de la ley
de desconexión, es un verdadero putsch, aunque su ratificación se remita al
resultado de un posterior —e ilegal— referéndum.
Encierra una deshonestidad cobarde: derivar
la criminalidad del golpe a los parlamentarios secesionistas, liberando a sus
jefes —inactivos en este episodio, cómodamente refugiados en el Ejecutivo— de
la inhabilitación. Calca las exigencias de la (antisistema) CUP: primero la
declaración unilateral de secesión, después el referéndum legitimador. Es la
secuencia inversa a la prometida por Junts pel Sí (Esquerra y la exConvergència),
ahora plegados a los anticapitalistas: si no se enmiendan, acabarán teniendo
que huir de las iras de sus propios votantes moderados.
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