Un convenio internacional para proteger la Armada Invencible
Publicado por José María Lancho el may 8, 2013
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Hace tiempo, un buen amigo abogado, inglés, me comentaba que un investigador había localizado a los herederos de uno de los buques naufragados de la Armada Invencible y que una reclamación millonaria se estaba preparando para hacerse con los restos.
La idea de cazar tesoros en yacimientos arqueológicos submarinos, enmascarando el expolio en supuestos derechos de herederos, era una ocurrencia sacada de los laboratorios legales de Odyssey, poco antes del hallazgo de los restos de la fragata Mercedes. Coincidencias a parte, era el tipo de idea que ha cautivado a juristas norteamericanos y españoles, a defensores de Odyssey y a determinados asesores de Cultura, desde entonces.
Le dije que el asunto olía como el alcantarillado de Sodoma. Pero mi amigo no había sacado el tema de balde, quería saber cuál era la postura española sobre los pecios de la Armada Invencible en aguas británicas e irlandesas.
La historia de esos pecios ha sido, de hecho, la historia de la industria cazatesoros europea. Ambos lo sabíamos. La industria cazatesoros inglesa alcanzó la madurez financiera y tecnológica mucho antes que la norteamericana. De hecho, todavía goza de excelente salud como demuestra la localización en Inglaterra de una de las sedes de Odyssey Marine.
De entre los muchos países en los que reposan las cenizas de nuestro pasado naval, el Reino Unido e Irlanda cuentan en sus costas con numerosos y fundamentales pecios de origen español.
Algunos son huellas con las que todavía una amplia historiografía inglesa pretende explicar parte de su propia modernidad. Entre 30 y 50 pecios, contando sólo los naufragios de la Gran Armada de 1588.
Frente a esa realidad sorprende la fragilidad del silencio español. Demasiadas veces elevado a la categoría de discurso oficial y más propio de viudas de la cultura que de gestores de las potencialidades de la sociedad civil. Estos pecios, le dije a mi amigo, no aparecen en el libro de instrucciones del Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático, no existen como patrimonio histórico español, al menos para los que toman decisiones.
¿Cuál es el estado de ese patrimonio arqueológico en esos países?
La situación de los pecios de origen español en Reino Unido es desigual. Las autoridades españolas no han mostrado nunca interés y eso ha propiciado que la protección, cuando la hay, ha llegado normalmente tarde. Es la forma que tienen en ese país de equilibrar los intereses de la industria con los generales de la cultura: entre el descubrimiento del pecio y su declaración como bien protegido existe un espacio de tiempo que permite que la industria cazatesoros viva impunemente sin ofender el discurso oficial.
En Irlanda personajes como Stenuit han expoliado yacimientos a placer, a pesar de que en ese país, supuestamente, cuentan con protección los pecios de más de 100 años. En Reino Unido, el probable San Bartolomé hundido en 1597 frente a las Islas Sorlingas (Scylle) fue saqueado durante más de una década y sólo empezó a ser protegido en los años 80 del pasado siglo, no obstante siendo la normativa que permitía su protección, la Protection of Wrecks Act, del año 1973. Es necesario reconocer que en aquel momento la legislación inglesa era mucho más avanzada que la española.
Ni se ha ofrecido ni se ha solicitado ningún convenio de colaboración entre los tres países. Hasta este momento los pecios de la Armada no han sido objeto de interés alguno por parte de nuestro Gobierno.
El Reino Unido reconoce el principio de la inmunidad soberana para los buques de guerra y Estado. Lo ha empleado con éxito numerosas veces en garantía de sus propios pecios, recordemos el Sussex en el Mar de Alborán… En este último y desgraciado caso sirvió de pretexto para el Gobierno de ese país para el más que probable propósito de efectuar labores de espionaje o inteligencia a través de una empresa cazatesoros, a la que no ha dejado de favorecer y proteger desde entonces. La ilegal -y vergonzosa- autorización ocasional de nuestras máximas autoridades a los piratas sólo extrañó a la Guardia Civil, la Armada y la sociedad civil, es decir a los últimos eslabones de la cadena trófica del poder en España.
Tal vez en esas profundidades es donde se pueda encontrar la explicación de los continuos retrasos del procedimiento de La Línea de la Concepción. Pero lejos de mi sembrar más dudas sobre la separación de poderes en España.
Lo cierto es que nuestro país no va a contratar a una empresa cazatesoros norteamericana para cartografiar los fondos de la base naval de Clyde con la excusa de “venimos a buscar galeones”.
Sin embargo, es el momento para que el acceso, investigación y gestión de los pecios de la Armada en aguas del Reino Unido y en Irlanda impliquen una serie de garantías de participación y decisión sobre su gestión dada su titularidad española. Garantías para un patrimonio que puede compartirse pero que no puede excluir el respeto a las tumbas, la integridad del yacimiento y la coparticipación científica. El planteamiento lógico a seguir, dado que se trata de pecios que tendrían consideración de buques de guerra y gozarían de inmunidad soberana, sería un acuerdo internacional a tres bandas: España, Reino Unido e Irlanda. Un convenio internacional capaz de garantizar la integridad arqueológica y moral a los restos de esos buques, de preservar su valor cultural a las generaciones europeas en paz.
Porque el expolio de la Armada ha llegado a tener que ver con la profanación y la propaganda en su sentido más pobre y nacionalista, me temo. Tal vez en épocas en las que la arqueología afectaba, más que ahora, a las emociones y pasiones más previsibles de los países, puedan explicar las cacerías de pecios del duque de Argyll, a principios del siglo XX, más propias de un sacrófago que de un hombre ilustrado, como sin duda fue. Quizá se sentía obligado de continuar con los muertos el trabajo de su antecesor en 1597 con los vivos. Este noble, al mando de 10.000 hombres, aplastó para Inglaterra a los 2000 últimos aliados escoceses de España, aquellos que iban a apoyar a la Armada Invencible desde el norte, los clanes de Gordon, Cameron, Comyn y Hay. La batalla de Glenlivetya sucedió y ni siquiera esa substancia que es el recuerdo retiene ya su verdadero emplazamiento. El significado del presente no es dar la razón o quitársela a los muertos, sino aprender y preservar un legado que sólo la percepción científica eleva a significado, algo que nos vincula con las raíces de la humanidad no con las ramas del nacionalismo de siempre.
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