1 de julio de 2013

Irún sigue celebrando su Alarde con hombres y mujeres por separado

Irún sigue celebrando su Alarde con hombres y mujeres por separado

El alcalde José Antonio Santano siguió el desfile tradicional y Martin Garitano, el mixto

EL PAIS -  Bilbao 30 JUN 2013 - 20:37 CET2
Varias mujeres durante el desfile del Alarde mixto en Irun. / JAVIER ETXEZARRETA (EFE)
El Alarde tradicional (formación militar) del País Vasco, compuesto por 8.000 soldados varones y 19 cantineras, y el mixto, integrado por más de 1.000 personas, entre ellas mujeres soldado, desfilaron ayer por las calles de Irún (Gipuzkoa) con total normalidad en dos actos que siguieron miles de iruneses.
Como en los últimos 17 años, hombres y mujeres soldado desfilaron por separado, ya que la ceremonia tradicional no permite participar a las segundas a menos que sea como cantineras. Y, como en años anteriores, el alcalde irundarra, José Antonio Santano (PSE-EE), presenció desde la balconada del Ayuntamiento, acompañado de otras autoridades, el Alarde tradicional, pero no recibió al mixto.
Este último sí contó con el apoyo del diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano; la presidenta de las Juntas guipuzcoanas, Lohitzune Txarola; la portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Laura Mintegi, además de representantes de EA, Alternatiba, Ezker Anitza-IU o EB-Berdeak.
Se dio la circunstancia de que, tras el recibimiento al grupo tradicional se produjo un encuentro entre Santano y el resto de autoridades que venían a recibir al mixto. Garitano le pidió entonces al alcalde que se incorporara con ellos a participar en la ceremonia de las mujeres, pero éste se negó.
Txarola manifestó que le hubiera “encantado” que el alcalde aceptase su propuesta: “Desde luego, lo que no esperaba era que nos hiciera un pequeño recibimiento ahí en una esquina del Ayuntamiento”. Después añadió que espera que “el año que viene la situación cambie” y continuó con sus críticas: “Si el alcalde fuera realmente neutral, lo normal sería que estuviese aquí”.
Por su parte Laura Mintegi se lamentó de que en “un día alegre”, la fiesta estuviese empañada porque “se haya estabilizado una situación de anormalidad, una situación de discriminación hacia la mujer”. Cree que la situación se debe “normalizar” para “no tener que ver a un pueblo que está de fiesta pero que está divido por una situación injusta respecto a las mujeres”. Entre los años 1996 y 2005 se produjeron fuertes altercados entre partidarios de uno y otro desfile.
El hecho de que San Marcial cayese en domingo contribuyó al ambiente festivo en el que se desarrollaron los actos. El cargo de comandante del Alarde tradicional recayó este año en Javier Mitxelena. En el mixto, su general, Ainhoa Ruiz de Arbulo, ejerció el cargo por cuarto año consecutivo, después de convertirse en la primera mujer general.

Los tribunales castrenses podrán juzgar a civiles “en caso de conflicto armado”

Los tribunales castrenses podrán juzgar a civiles “en caso de conflicto armado”

El nuevo código cambia un concepto tasado, la declaración de guerra, por otro indeterminado

Mucha gente piensa que los tribunales militares solo pueden juzgar a militares, pero no es cierto. Lo que determina la competencia de la jurisdicción castrense no es la profesión del acusado, sino la naturaleza del delito. Aunque la mayoría de los delitos del Código Penal Militar solo pueden ser cometidos por militares, algunos pueden cometerlos civiles, en calidad de autores o de cómplices (por ejemplo, los llamados delitos contra la hacienda militar).
El artículo 117.5 de la Constitución limita la jurisdicción militar al “ámbito estrictamente castrense” y a “los supuestos de estado de sitio”. El código militar vigente añade otro caso en el que los tribunales militares pueden juzgar a civiles: “En tiempo de guerra”. La propia ley aclara que el “tiempo de guerra” se extiende desde la declaración formal de guerra o la ruptura generalizada de hostilidades con una potencia extranjera hasta el cese de estas. Declarar la guerra es una prerrogativa del Rey, previa autorización de las Cortes.
Pero las guerras ya no se declaran sino que se hacen; así que Defensa ha tomado la calle de en medio en el nuevo Código Penal Militar. Donde ponía “en tiempo de guerra”, ha puesto “en situación de conflicto armado”. El problema es que no explica qué es un conflicto armado, ni quién lo declara, ni cuándo empieza. Se cambia un concepto tasado, la declaración de guerra, por otro indeterminado.
No es una cuestión semántica. “En situación de conflicto armado” cualquier español que difundiera información clasificada o de interés militar que perjudique la defensa de España o sus aliados podrá ser acusado de traición y condenado, por un tribunal militar, a 20 años de cárcel. Y cualquier civil que desobedezca un bando militar podrá ser condenado a seis años de cárcel.
El texto ni siquiera aclara si se trata de un “conflicto armado” de carácter internacional o interno. Pero parece que ambos, pues sí precisa un supuesto que solo será competencia de los jueces militares en caso de conflicto internacional: el delito de rebelión. Es decir, el golpe de Estado.

Siria reaviva el conflicto chií-suní en toda la región

Siria reaviva el conflicto chií-suní en toda la región

El componente sectario de la guerra desata una lucha de poder por la supremacía en Oriente Próximo

Atentado con coche bomba en un barrio chií de Bagdad. / THAIER AL-SUDANI (REUTERS)
La presencia de combatientes chiíes de varios países alrededor del santuario de Sayeda Zeinab, a las afueras de Damasco, ha llevado a sus rivales suníes a alertar de una yihad chií (aunque hasta ahora los únicos llamamientos a la guerra santa provienen de éstos). El conflicto civil en Siria ha reavivado las tensiones latentes entre esas dos ramas del islam y el temor a que el enfrentamiento confesional incendie la región más allá de sus fronteras. Algunos agoreros hablan de un rediseño del mapa de Oriente Próximo. Sin embargo, y aunque el lenguaje sectario está adquiriendo niveles preocupantes, más que una guerra de religión se trata de una lucha por la supremacía regional.
Quienes auguran el desbordamiento del conflicto apuntan a la reanudación de la violencia confesional en Irak, los enfrentamientosintercomunitarios en las ciudades libanesas de Trípoli y Sidón, o el reciente linchamiento de cuatro chiíes en Egipto. Hay analistas que han llegado a vincular la elevada participación de los alevíes en el movimiento de indignados de Turquía con su malestar por el apoyo de Erdogan a los rebeldes suníes en lSiria.
“Va a redibujarse el mapa regional según lo que suceda en Siria y en función de esa división entre suníes y chiíes”, afirma Theodore Karasik, director del Institute for Near East and Gulf Military Analysis (INEGMA) en Dubái. No es la primera vez en esta última década que oímos una advertencia similar. Pero a diferencia de lo que ocurriera en Irak, Karasik señala que en Siria “se están destruyendo santuarios y monumentos con profundo significado para ambas confesiones, lo que está añadiendo tensión al enfrentamiento”.
De ahí la importancia de Sayeda Zeinab. Para los piadosos chiíes, el simbolismo de este lugar es casi tan fuerte como el de la batalla por la sucesión del profeta que se libró en Kerbala en el siglo VII, y que dejó dividido el islam. Los ganadores suníes secuestraron y vejaron a Zeinab, la nieta de Mahoma, que los derrotados chiíes creen enterrada en ese santuario.
“No pueden dejársela arrebatar una segunda vez”, explica Ali al Ahmed, director del Institute for Gulf Affairs en Washington. Sin embargo, Al Ahmed niega que estemos ante una guerra de religión como las que enfrentaron a católicos y protestantes en la Europa del siglo XVII. “Se trata de sucesos muy limitados en los que participa un porcentaje mínimo de la población. La retórica viene sobre todo de las monarquías del Golfo, que están utilizando el sectarismo para mantener a las poblaciones ocupadas y que no cuestionen su poder”, asegura convencido de que lo que está en juego es “una redistribución del poder, no las fronteras”.
Sin duda hay combatientes, tanto chiíes como suníes, que viajan a Siria porque consideran que es su deber religioso. Interpretaciones literales y extremistas de ambas confesiones alientan esas actitudes. Pero no estamos en el siglo VII.
“Ambos bandos en este conflicto usan la religión para promover sus intereses geopolíticos”, opina Meir Javedanfar, analista del Centro Interdisciplinario Herzliya en Israel. Javedanfar pone como ejemplo que tras el linchamiento de los chiíes en El Cairo, “el Gobierno iraní no ha reaccionado porque sus relaciones con Egipto son más importantes que la seguridad de los chiíes egipcios”. De igual modo, defiende que “el régimen iraní apoya a Bachar el Asad porque le proporciona una base política en el Mediterráneo y le permite enviar armas a Hezbolá; le hubiera dado igual si El Asad fuera suní siempre que estuviera dispuesto a ayudarle”.
Los gobernantes árabes, en particular la familia real de Arabia Saudí, temen que si prevalece El Asad, Irán consolide su influencia en una región que consideran su patio trasero. Más allá de que los monarcas saudíes se hayan arrogado el liderazgo de la rama suní del islam (mayoritaria entre los 1.300 millones de musulmanes) y que la República Islámica aspire a ser el faro de los chiíes (una séptima parte del total), la rivalidad entre ambos países estalló a raíz de la revolución iraní de 1979. La invasión de Irak en 2003 fue la gota que colmó el vaso al entregar el bastión iraquí a su mayoría chií, lo que alentó la tesis del famoso arco chií, la continuidad territorial de esa comunidad desde Irán hasta el Mediterráneo.
Todos los países de la península Arábiga tienen minorías chiíes que sus gobernantes suníes ven como una posible quinta columna. De ahí el recelo, a menudo exagerado hasta la paranoia, ante cualquier amenaza, real o percibida, de la otra orilla del golfo Pérsico. De ahí también, el envío de tropas saudíes para aplastar la primavera de Bahréin, dónde los chiíes son mayoría como en Irak. Pero ha sido la entrada de Hezbolá en el conflicto sirio lo que ha desatado todas las alarmas.
“La revolución en Siria ha revelado la verdad sobre Hezbolá y sus chiíes, que están poseídos por el demonio”, ha dicho el influyente clérigo suní Yussuf al Qaradawi para justificar la necesidad de una yihad, ante el beneplácito de varios ulemas saudíes y egipcios. Los propagandistas suníes han equiparado ser miembro de ese grupo con chií y chií con terrorista. Más grave aún, las autoridades parecen compartir el argumento. 18 libaneses chiíes han sido expulsados de Qatar la semana pasada, después de que el Consejo de Cooperación del Golfo (que agrupa a las seis petromonarquías árabes) anunciara medidas contra “los permisos de residencia y las transacciones comerciales y financieras de Hezbolá”.
Sin negar la gravedad de la situación, el analista Karl Sharro considera improbable la partición de Siria o Irak. “No hay movimientos para una secesión confesional”, ha defendido en The National. En su opinión, “el vínculo entre el aumento del sectarismo y fragmentación política es una tenue extrapolación basada más en el miedo que en verdaderos indicios”. Además, asegura, tanto en esos países como en Líbano, “los conflictos sectarios representan luchas de poder internas, dentro de las fronteras nacionales”.
Ese argumento encuentra apoyo en las alianzas interconfesionales que existen tanto en Irak como en Líbano. Además, ni una ni otra comunidad son en absoluto homogéneas. Existen grandes rivalidades entre los suníes y entre los chiíes, no solo dentro de cada país sino también a nivel regional. Como ha escrito en estas mismas páginas el director de FRIDE, Richard Youngs, “en lugar de ser una realidad sociológica muy arraigada, la división entre suníes y chiíes es en ocasiones fabricada o exagerada por algunos regímenes para legitimarse y es usada como herramienta para lograr intereses nacionales”.

El Ejército castigará el acoso sexual con hasta cuatro años de cárcel

El Ejército castigará el acoso sexual con hasta cuatro años de cárcel

El nuevo Código Penal castrense protege la “intimidad y dignidad” de los militares

Mujeres militares durante un acto en la base de El Goloso (Madrid) en 2006. / ULY MARTÍN
Las Fuerzas Armadas quieren atajar los casos de acoso sexual y laboral en su seno. Y erradicar los brotes de xenofobia, islamofobia, racismo u homofobia. Así será, al menos, si se aplica a rajatabla el borrador del nuevo Código Penal Militar —al que ha tenido acceso EL PAÍS— en el que, por vez primera, se tipifica como delito la conducta del superior que comete contra un subordinado “actos de acoso tanto sexual y por razón de sexo como profesional”. La pena son seis meses a cuatro años de cárcel, así como la posible expulsión del Ejército.
Los tribunales militares ya han dictado varias condenas contra mandos que acosaban sexualmente a sus subordinadas, pero lo han hecho aplicando el delito de “abuso de autoridad”, en su modalidad de trato degradante o inhumano, penado con hasta cinco años de cárcel. La novedad consiste en que este artículo se mantiene y amplía, para incluir también los atentados contra la “libertad o indemnidad sexual” del inferior. Y se le añade otro artículo que específicamente castiga el acoso sexual o profesional; así como las amenazas, coacciones, injurias, calumnias y, en general, atentados graves contra la “intimidad y dignidad personal o en el trabajo” de la víctima.
También penaliza cualquier “discriminación grave por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, religión, convicciones, opinión, discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La enumeración es ilustrativa de la heterogeneidad de las Fuerzas Armadas donde, como en la propia sociedad española, hay mujeres, extranjeros, musulmanes u homosexuales.
El acoso o la discriminación no solo pueden darse entre superiores y subordinados, sino también entre militares del mismo empleo o graduación, por lo que el nuevo Código Penal castiga también esta conducta cuando no hay relación jerárquica entre delincuente y víctima, aunque la pena prevista es menor: de seis meses a dos años de cárcel.
La “discriminación grave” a mujeres, gais o musulmanes será delito
La elaboración de un nuevo Código Penal Militar —el vigente data de 1985— responde a un mandato de la ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas de 2011 y complementa la nueva ley disciplinaria militar, en tramitación parlamentaria. En coherencia con esta última —que redujo a dos meses la duración máxima del arresto— fija en tres meses y un día la pena mínima de prisión, pero permite al tribunal rebajarla hasta dos meses y un día.
El reconocimiento de los derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas se refleja en el castigo al militar que “impidiere o limitare arbitrariamente [a otro militar] el ejercicio de los derechos o libertades públicas”; y también en la despenalización de hacer reclamaciones “con publicidad”. No obstante, las peticiones colectivas, propias de las asociaciones profesionales, seguirán siendo delito, castigado con seis meses de prisión, “si pusieran en grave riesgo el mantenimiento de la disciplina”.
Los militares no incurrirán en delito de desobediencia cuando la orden recibida “entrañe la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o una infracción manifiesta, clara y terminante de normas esenciales del ordenamiento jurídico”.
El nuevo Código Penal Militar refleja los 28 años transcurridos desde la aprobación del vigente en novedades como la alusión a las misiones internacionales del Ejército; el castigo a quien introduzca drogas en un buque o aeronave militar; o la sanción al militar que dejase de socorrer a una persona en peligro “en los supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidad”, en los que actúa la Unidad Militar de Emergencias.
En muchos casos, el Código Penal Militar se remite a los delitos previstos en el Código Penal común, pero aumentando su pena. Ello le sirve para justificar que los juzgue la jurisdicción castrense, en vez de la ordinaria.