EL DRAMA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
Las autonomías rebajarán personal y servicios y subirán tasas e impuestos
Acaba el plazo para presentar los planes y Hacienda suaviza sus amenazas
Se pretende un ahorro adicional de 5.700 millones y otros 4.000 en ingresos
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, presenta ayer sus medidas de ajuste rodeado por los miembros de su Gobierno. / MONTSERRAT DIEZ (EFE)
La oleada de recortes pasa ahora a las autonomías. Ayer acabó el plazo para presentar sus planes de ajuste en Hacienda. La mayoría han tenido que revisar y endurecer sus primeras propuestas. Solo la Comunidad Valenciana y Baleares, que ayer dio un salto cualitativo al anunciar el cierre de dos hospitales, han enseñado de momento sus cartas. Los demás planes están bajo secreto en Hacienda, pero se irán conociendo poco a poco.
Fuentes de las autonomías apuntan que todas, con mayor o menor grado, van en la misma línea: recortes de personal, recortes de sueldos a través de la eliminación de horas extra, y aumentos de tasas e impuestos.
Los planes presentados suponen, según Hacienda, un ahorro de gastos de 5.700 millones de euros en 2012 [sin tener en cuenta el efecto de las medidas sanitarias y educativas, que según el Ejecutivo supondrán otro ahorro de 10.000 millones anuales]. Por el lado de los ingresos, las comunidades tienen previsto aumentarlos en unos 4.050 millones.
Hacienda ha suavizado mucho su discurso. Ayer entró en vigor la nueva Ley de Estabilidad, que le permite intervenir comunidades si no cumplen el déficit. Pero el ministerio ha abandonado ya esa amenaza, al menos de momento, y considera ahora que no tendrá que intervenir ninguna comunidad autónoma.
Evita dar el nombre de las comunidades que han presentado planes más problemáticos. Sin embargo, no es un secreto que Cataluña y Andalucía, dos de las pocas autonomías no gobernadas por el PP, están enfrentadas al Ejecutivo por distintos motivos. “Cataluña ha corregido mucho y en la buena dirección”, precisaron ayer fuentes del Gobierno. Aun así, la Generalitat sigue contando con 211 millones de ingresos que el Gobierno rechaza entregarle. El recorte es generalizado, aunque Andalucía no quiere desvelar aún sus planes. El País Vasco y Navarra son las que tendrán que hacer un menor esfuerzo.
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Las principales medidas se concentran en reducción de gastos de personal. Castilla-La Mancha, por ejemplo, la comunidad gobernada por la número dos del PP, Dolores de Cospedal, prevé ahorrar cerca de 650 millones en personal mediante las privatizaciones de parte de la sanidad. Otras autonomías mucho mayores, como la Comunidad Valenciana, hablan de un ahorro en este apartado de 250 millones, según resume el programa de estabilidad 2012-2015 de los planes de ajuste regionales que se envió ayer a Bruselas.
En el área de Sanidad, las comunidades han previsto reducir la cartera de servicios, paralizar las promociones profesionales, aumentar la jornada laboral de los interinos, modificar los conciertos sanitarios, cerrar parcialmente hospitales, reducir planes bucodentales infantiles, mostrar más rigor en la aplicación de productos dietéticos. Así como favorecer la colaboración público-privada de la gestión de servicios sanitarios.
En el ámbito educativo, las comunidades pretenden la eliminación de actividades extraescolares, la reducción de las sustituciones, el incremento de la jornada laboral de los interinos y el aumento del número de alumnos por clase, entre otros. Los planes regionales también incluyen reducciones de transferencias a universidades y recortes selectivos a prestaciones sociales como el acceso a la vivienda para jóvenes, ayudas a la infancia y a centros de mayores.
Otra de las medidas que han incluido mayoritariamente todas las comunidades en sus planes pasa por reducir su sector público empresarial. Está previsto que supriman 514 entes, fundaciones y empresas públicas regionales para ahorrar unos 250 millones de euros.
Para ello, algunas comunidades han aumentado los tipos impositivos en el IRPF y han reducido las deducciones, como la de vivienda habitual de jóvenes. También se incluyen la subida del precio de los medios de transporte públicos y nuevas tasas vinculadas al medio ambiente.
