12 de febrero de 2017
España, en la diana del Estado Islámico
España,
en la diana del Estado Islámico
El informe del Gobierno sobre Seguridad Nacional
alerta de "amenazas directas" a nuestro país
Un miembro del Estado Islámico en Mosul en junio de 2014. REUTERS
España no solo comparte con numerosos
países la amenaza “global” que representa el Estado Islámico (ISIS) sino que “ha sido amenazada directamente a
través de las redes sociales como objetivo de sus actuaciones por el doble
motivo de integrar la Coalición Global contra el Daesh [acrónimo en árabe del
ISIS], así como por formar parte del territorio reivindicado por los radicales
y al que se refieren como Al Andalus”. Así lo advierte el informe anual de 2016
que el Gobierno ha remitido a la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad
Nacional.
Para apuntalar su alerta sobre la amenaza
yihadista, el documento recuerda que se han publicado “algunos comunicados en español, lo que implica un incremento del riesgo
por su influencia sobre los radicales instalados en nuestro país” y que, el
pasado verano, “Daesh lanzó una campaña para contratar traductores de español,
[lo] que sugiere un creciente interés en la captación de combatientes
extranjeros hispanohablantes”.
El retroceso del llamado Califato en Siria
e Irak, bajo la presión de la coalición internacional, no solo conlleva el
riesgo de los denominados combatientes retornados, sino que puede tener como
efecto colateral “una Al Qaeda más fuerte que intente recuperar el liderazgo
perdido ante el Daesh con atentados en suelo europeo [...] un escenario de
considerable probabilidad”.
Entre las medidas de prevención, destaca la
puesta en marcha, en diciembre de 2015, de una página web y una línea
telefónica de colaboración ciudadana, que han recibido casi 2.700
comunicaciones, de las que el 37% “se consideran de interés”. El año pasado se
realizaron 36 operaciones policiales contra el yihadismo, con 69 detenidos.
Desde junio de 2015, España se encuentra en el nivel 4 de alerta
antiterrorista, el segundo más alto de una escala de 5.
Sobre ETA, el informe es mucho más optimista: constata que “ha perdido gran parte de su
capacidad organizativa y operativa” y, por vez primera, aunque con cautela,
admite que “no se puede descartar la eliminación total de esta organización
terrorista”.
Uno de los campos más sensibles es el de la ciberseguridad. El Centro Criptológico Nacional (CCN),
dependiente del servicio secreto CNI, registró 21.000 incidentes el año pasado,
un 15% más que en 2015, de los que el 3,6% son considerados muy graves o
críticos por su peligrosidad. Especialmente preocupantes son los ataques contra
operadores estratégicos, incluidas las infraestructuras críticas, que se han
más que triplicado respecto al año anterior, alcanzando los 441. Por ejemplo,
los incidentes de ciberseguridad en Renfe “han experimentado un crecimiento
exponencial”, por lo que la compañía ferroviaria ha creado un "equipo de
respuesta ante emergencias informáticas".
“Diversas campañas contra redes
gubernamentales con información sensible y empresas de sectores estratégicos
son atribuibles, con un alto grado de probabilidad, a estados extranjeros”, reconoce
el documento. “A los países tradicionalmente más conocidos por el empleo de
este tipo de herramientas ofensivas”, prosigue, en alusión a Rusia y China, a
los que no cita, “se han unido nuevos actores”. Pero determinar de manera
irrefutable la autoría de un Estado “sigue constituyendo el mayor problema”, se
lamenta, lo que impide aplicar la regulación internacional (por otro lado,
insuficiente) y “dota a los actores ofensivos de una gran impunidad”.
La crisis
migratoria que trajo a casi dos millones de personas a la UE en 2015 se contuvo en
2016, con medio millón en total, y la ruta del Mediterráneo occidental, la que
afecta más directamente a España, siguió siendo la de menor tránsito, con 8.797
entradas, frente a más de 360.000 en el Mediterráneo oriental y central.
Pese a ello, constata que la llegada de
inmigrantes irregulares a las costas españolas aumentó el año pasado un 54% y
que la fuerte presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, con saltos masivos de
las vallas fronterizas, saturó el centro de estancia temporal (CETI) de esta
última ciudad, “La cooperación de Marruecos resulta esencial para frenar esos
flujos migratorios”, admite el informe.
El documento advierte de que "el
masivo flujo de migrantes y refugiados que tratan de entrar en Europa [es]
aprovechado por antiguos combatientes europeos del Daesh para camuflarse en su
retorno", aunque en otro apartado reconoce que no puede confirmarse que
sea un fenómeno masivo y que solo "se han registrado [algunos] casos de
terroristas islámicos que han utilizado la ruta mediterránea". Del mismo
modo, al analizar el riesgo que supone la proliferación
de armas de destrucción masiva, constata que el ISIS las ha utilizado en Siria e Irak y que "el
principal reto [...] es evitar que el Daesh pudiera utilizar esa tecnología
para atacar objetivos en occidente".
Aunque el presidente del Consejo de
Europeo, Donald
Tusk,
calificó de "amenaza exterior" al presidente estadounidense, Donald
Trump, en el informe no aparece ninguna mención a los efectos de su victoria
electoral de noviembre pasado ni a las promesas que hizo durante la campaña. Y
no por falta de tiempo, ya que el capítulo sobre seguridad económica y
financiera alude al rebote del sector bancario estadounidense tras las
elecciones presidenciales. Tampoco hay referencias al auge de los populismos o
al ascenso de los eurófobos, más allá de alguna alusión al
"cuestionamiento del avance del proyecto de integración de la UE". El
Gobierno ha querido evitar cualquier asunto políticamente espinoso, como el
proceso secesionista en Cataluña o la corrupción política, por más que alguno
de esos temas afecte a la seguridad nacional más que la mayoría de los que
menciona.
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