Madrid tuvo que rescatar en 2010 a sus hospitales de gestión semiprivada
La Cámara de Cuentas revela que el Gobierno acordó restablecer el equilibro financiero de las concesiones y pagar a las empresas dos millones más al año
Manifestación frente al Hospital del Henares, en Coslada. / BERNARDO PÉREZ
Fue el punto álgido del debate televisado entre los candidatos Esperanza Aguirre y Tomás Gómez en la campaña de 2011, el único momento en que se vio en apuros la expresidenta: Gómez enarboló en pleno directo una carta de las constructoras de los hospitales de gestión semiprivada inaugurados en 2008 en la que pedían al Gobierno regional 80 millones más y advertían de su “colapso” si no los recibían. Lo que entonces se desconocía, y ahora desvela un informe de la Cámara de Cuentas consultado por EL PAÍS, es que un año antes la Comunidad de Madrid tuvo que restablecer el equilibrio económico financiero de las concesiones de los seis hospitales.
Un acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre de 2010 modificó, al alza, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste, centros sanitarios construidos mediante contratos de concesión de obra pública adjudicados por concurso en 2005 y que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, puso en marcha casi a la vez en unmaratón inaugurador de menos de un mes, durante febrero de 2008. El Gobierno regional acordó pagarles dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica inicial de 2005. La cantidad más elevada corresponde al hospital del Sureste, en Arganda del Rey, con un incremento anual de 582.699 euros. La oferta inicial de la empresa concesionaria fue en 2005 de 9.912.709 euros.
El canon aumenta
La Comunidad aprobó en 2010 incrementar el canon anual de los seis hospitales de gestión semiprivada:
- Hospital Infanta Cristina: 236.385 euros anuales más
- Hospital Infanta Leonor: 674.929 euros
- Hospital Infanta Sofía: 306.327 euros
- Hospital del Henares: 110.029 euros
- Hospital del Tajo: 86.206
- Hospital del Sureste: 582.699
Según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, aprobado el 24 de septiembre pasado, el Consejo de Gobierno del 30 de septiembre de 2010 aprobó tanto el restablecimiento del equilibro económico como el gasto por modificados en la construcción de los hospitales, que estarán en manos de las empresas que los construyeron hasta que reviertan a la Administración al acabar los 30 años de concesión. Sin embargo, la referencia del Consejo de Gobierno de ese día que publica el Gobierno regional en su página web no lo recoge. Además de incrementar en dos millones anuales el canon a las concesionarias, el acuerdo también contemplaba modificar la cantidad máxima anual desde la puesta en servicio de los hospitales: ese concepto supone 4,3 millones, según el informe (1,4 de ellos para el hospital Infanta Leonor; la cantidad más elevada).
La Cámara de Cuentas desvela otros aspectos desconocidos hasta ahora de la relación entre la Administración y las sociedades concesionarias, como la existencia de recursos contenciosos administrativos en los que reclaman diferentes cantidades a las empresas públicas, la forma jurídica que la Comunidad dio a estos hospitales, o los expedientes sancionadores iniciados por incumplimientos en la fase de construcción o ya en la de funcionamiento. Por ejemplo, el informe destaca que la empresa pública del hospital Infanta Cristina inició 12 expedientes entre 2008 y 2009 por “infracciones” cometidas por las empresas. Se resolvieron sin imponer penalidades “a pesar de que cuatro de ellos los hechos se califican como graves”, asegura el documento.
Ninguna de las empresas públicas liquidó el ejercicio 2009 tal y como exigen los pliegos del contrato, señala la Cámara de Cuentas, “lo que genera una incertidumbre respecto a la retribución final a abonar por las empresas públicas a las sociedades concesionarias”, añade. El informe recoge que “al menos dos” de estas empresas han reclamado importes a su favor por “ajustes de volumen”, es decir, por haber realizado más actividad (por ejemplo, dar más comidas) de la prevista. Reclaman a la Administración 2,5 millones de euros, precisa el documento.
La concesionaria del hospital Infanta Cristina reclama el pago de 925.120 euros por variaciones de volumen en los servicios de restauración y esterilización en el ejercicio 2009, según el informe. La del hospital Infanta Leonor, por su parte, reclama el abono de 1,5 millones por la restauración y la esterilización de 2008 y 2009. Su reclamación fue desestimada por silencio administrativo, al que la concesionaria contestó con un recurso contencioso administrativo que, cuando se elaboró el informe de la Cámara de Cuentas, estaba pendiente de resolución.
El informe de fiscalización detecta alguna irregularidad en las relaciones entre la Administración y las empresas que gestionan todos los servicios no sanitarios de los hospitales (limpieza, lavandería, seguridad, restauración, esterilización, apoyo administrativo...). Señala, por ejemplo, deficiencias en el control del cumplimiento de las empresas en lo que respecta al material que debían aportar y el personal necesario para los servicios. “En relación con el control de las empresas públicas sobre si las sociedades concesionarias asignan a los servicios los recursos humanos detallados en sus ofertas, tan solo la empresa pública Hospital del Henares ha aportado documentación justificativa de la realización de controles periódicos en todos los servicios”, afirma el texto. Una conclusión polémica, puesto que un informe de la Inspección de Trabajo, desvelado por este diario, detectó en 2009 que faltaba personal, material básico y vigilancia en los hospitales inaugurados un año antes.
En cuanto al mobiliario, que debe volver a la Administración en perfecto estado al terminar la concesión, la Cámara señala que las concesionarias no entregaron inventarios hasta el ejercicio 2009, “lo que ha dificultado el control por las empresas públicas de la integridad del mobiliario existente hasta esas fechas”. Las tres empresas públicas que hicieron comprobaciones entre el mobiliario recibido y el que figura en los inventarios o el previsto en los pliegos “han encontrado diferencias no justificadas”, concluye el informe. El Infanta Leonor, por ejemplo, “detectó una diferencia de 318 elementos, que no ha sido justificada. No ha realizado con posterioridad ningún otro control del mobiliario, pese a tener acceso a la aplicación informática de la sociedad concesionaria que lo controla”.
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