La
violencia machista no solo tiene un gran coste humano. Para las mujeres, las familias, su entorno y toda la sociedad. Los casos de malos tratos suponen también un importantísimo impacto económico. Los países de la Unión Europea dedican más de 109.000 millones de euros al año en atención sanitaria, servicios sociales, procesos judiciales o pérdidas económicas derivadas de la violencia de género, según un reciente estudio coordinado por el
Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), una institución dependiente de la UE. Una huella de alrededor del 0,8% del PIB de los 28 Estados miembros. Mientras, apunta el informe, los países comunitarios invierten en programas de prevención apenas el 3% de esa cantidad, de media.
El trabajo,
el primero que mide el coste económico —directo e indirecto— de este problema social a nivel europeo, toma como referencia Reino Unido y sus datos y los ha extrapolado al resto de Estados miembros, por población y estadísticas disponibles. Así, detalla el documento,
Reino Unido emplea más de 13.700 millones de euros al año en afrontar el coste derivado de la violencia de los hombres hacia sus parejas o exparejas; España, según esas estimaciones, dedica más de 10.000 millones. “Y estas cantidades son muy conservadoras”, asegura Sylvia Walby, la autora principal del estudio. “En el informe no se incluyen, por ejemplo, los costes para los hijos de las víctimas o para sus familias”, precisa Walby, directora de la cátedra Unesco de Investigación en temas de Género y profesora en la Universidad de Lancaster.
La violencia machista afecta a 55 millones de europeas. Un 22% de las ciudadanas de la UE ha sufrido alguna vez
malos tratos por parte de su pareja o expareja, según la macroencuesta de la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales (FRA). Estas agresiones provocan, además, un importante coste económico para los sistemas sanitarios de los países. Urgencias, atención especializada, fármacos, o los efectos de esos ataques para la salud mental, sexual y reproductiva. Elementos que suponen un coste de alrededor de 7.600 millones de euros anuales en toda UE. Una cantidad evitable. Como también lo es el impacto de los días de baja o la caída de la productividad laboral. En Reino Unido, dice el estudio, supone una pérdida de casi 1.600 millones de euros al año.
“Las mujeres sufren heridas y lesiones físicas graves, pero también otros problemas, como depresión. La violencia de género tiene un impacto enorme a largo plazo en la salud de las mujeres. Deja importantes secuelas”, apunta la profesora de la Universidad de Copenhague Karin Helweg-Larsen. Esta investigadora explica que los datos oficiales de los servicios sanitarios y sociales daneses indican que las mujeres que sufren violencia —la denuncien o no— acuden con más frecuencia a los centros de salud.
Pero una de las mayores cargas económicas la afronta el sistema legal: desde la investigación policial y forense hasta el proceso judicial o el gasto en medidas de protección y prisiones. En Reino Unido, estos factores suponen, según el estudio del EIGE, un coste de casi 2.500 millones de euros al año. Una cifra difícil de trasladar a otros países de la UE, ya que los sistemas legales de los 28 Estados miembros son distintos. Difieren, por ejemplo, en las penas y los tipos de delito. Un caso: en Lituania una agresión sexual dentro del matrimonio no se define como violación; en España sí.
Walby y su compañera, Philippa Olive, ponen cifras también al impacto emocional y físico de las agresiones machistas. Elementos, reconocen, “polémicos”. Dar un valor monetario a algo tan intangible como la pérdida de años con salud es complejo. Para medirlo, las investigadoras han tomado como referencia los baremos elaborados por el Gobierno británico para evaluar el coste social y económico de los delitos; un estudio que se emplea, por ejemplo, a la hora de fijar indemnizaciones. Y las cifras son colosales. Ese impacto indirecto supone unos 6.600 millones de euros al año en Reino Unido; el 48% del coste económico de la violencia de género.
La
jefa de operaciones de EIGE, Thérèse Murphy, apunta que el objetivo del estudio es abrir los ojos a todos los ángulos del fenómeno. “Poner una cifra al sufrimiento y al dolor que produce este fenómeno es complicado, pero necesario. Siempre se habla de cuánto se gasta en prevención, pero no del coste económico de este problema”, añade Walby.
El EIGE no concreta la cifra de lo destinado a prevención en los 28 miembros comunitarios. Apunta que es alrededor del 3% de lo que cuesta la violencia de género: es decir, unos 3.300 millones de euros al año. Establecer esa cantidad país por país es complejo. Hay Estados que no tienen una partida específica para ello sino un apartado en otros presupuestos. Y otros, en los que además de la partida estatal hay fondos regionales o municipales. Este es el caso de España. A los 45 millones de euros que el Gobierno destina a la promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia de género hay que sumar lo que destinan las 17 autonomías. Aún así, critica Ana María Pérez del Campo, presidenta de la asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, es “completamente insuficiente”.
Servicios y prestaciones dispares
La violencia de género supone un coste de casi 1.300 millones de euros al año para los servicios sociales y especializados británicos, según el informe del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE). Casas de acogida, asistencia, ayuda financiera, cursos de reinserción, desarrollo de protocolos, teléfonos de ayuda. Un impacto grande para un sistema de ayudas robusto, aunque cada vez con más recortes.
Pero no todos los países tienen los mismos servicios de atención para las maltratadas. En una Unión Europea en la que apenas hay estadísticas comunes para medir este problema social, las prestaciones disponibles también difieren. Solo 12 países —incluido España— tienen protocolos sanitarios especializados para víctimas de violencia machista, nueve tienen programas de reinserción laboral y 17 disponen de líneas telefónicas de emergencia especiales. Además, solo cinco, según un informe del EIGE, disponen de programas específicos para los maltratadores. La jefa de operaciones de ese instituto, Thérèse Murphy, apunta que lo siguiente será analizar esos servicios públicos y las políticas: “Así se podrá ver si el dinero se está invirtiendo de manera eficiente y, si no, reconducir la situación”.
