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Viernes 21/08/2009. Actualizado 14:10h.
SUCESOS | Hablan los vecinos de Son Gotleu
'Se ha declarado una guerra, lo de anoche fue el primer chispazo'
* Gitanos y nigerianos se desafían en plena calle ante unos vecinos aterrorizados
* Piden a la alcaldesa que tome cartas en el asunto
Carla Arrieta | Palma
Actualizado viernes 21/08/2009 12:32 horas
"Los vecinos están aterrorizados", asegura el presidente de la asociación de vecinos del barrio de Son Gotleu, Ginés Quiñonero, y no es para menos. El barrio palmesano se convirtió anoche en escenario de una batalla campal entre nigerianos y gitanos en la que se vieron implicadas cerca de un millar de personas. Tres personas resultaron heridas por arma blanca, navajas, y los antidisturbios tuvieron que cargar dos veces contra los grupos enfrentados.
Parece ser que todo comenzó por una disputa por unas gafas de sol, sin embargo, Quiñonero aclara que "se ha declarado una guerra, lo de anoche fue el primer chispazo". La tensión se masca en el ambiente. Esta misma mañana miembros de ambas etnias se amenazaban asegurando que "esto no se va a quedar así, os vamos a matar" decían unos, a lo que los nigerianos contestaban "nosotros no vamos a quedarnos tampoco sentados, y vamos a ganar".
"Esto no ha hecho más que empezar" asegura Quiñonero, "esta situación es muy grave y lleva muchos años fraguándose desde el año 2000 con la invasión de inmigrantes que se han hecho con el pueblo gracias al beneplácito de los políticos que les dan dinero y poder sin condiciones en detrimento de los que llevamos aquí más de 40 años, son unos canallas", se lamenta.
"Esto va a terminar muy mal, porque los políticos nos están discriminando a los españoles"
"Parece que no se dan cuenta, pero esto va a terminar muy mal, porque los políticos nos están discriminando, a los españoles, y las mafias nigerianas están destruyendo este pueblo" dice el portavoz vecinal. Quiñonero añade que "acabaremos tomándonos la justicia por nuestra mano, en septiembre tenemos convocada una manifestación y haremos lo que sea necesario para que la alcaldesa tome de una vez el bastón de mando y haga lo que tiene que hacer porque aquí acabará muerto más de uno".
Las redadas, las reyertas y la droga no son desconocidas para los vecinos de este barrio obrero "quienes no se han ido de aquí es porque no tienen los recursos necesarios, porque este pueblo está terminado".
21 de agosto de 2009
Cebrián afirma que el decreto ley de la TDT es "una intervención del Gobierno para doblegar a los medios"
ELPAÍS.com - Madrid - 21/08/2009
Cebrián afirma que el decreto ley de la TDT es "una intervención del Gobierno para doblegar a los medios"
"Hay que poner fin a la intervención del Gobierno en el mercado", asegura el consejero delegado de PRISA
El consejero delegado del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, ha denunciado esta mañana en una entrevista en la Cadena SER el "intervencionismo descarado, inmoral e inadmisible" del Gobierno por aprobar el decreto ley de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago. "Nos oponemos a un decreto de urgencia anticonstitucional que no tiene otro sentido que no sea ayudar a sus amigos", ha asegurado Cebrián. "Se trata de una intervención desaforada del Gobierno para doblegar a los medios", ha añadido.
El consejero delegado de PRISA (editor de este diario) ha señalado que no hay una guerra de medios, sino "una guerra del Gobierno contra medios independientes". Para Cebrián, la aprobación de este decreto ley es una "guinda" más de una forma de gobernar "por capricho".
Hace una semana, el Consejo de Ministros aprobó la TDT de pago a través de un real decreto ley, un recurso legislativo que se aplica en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El Consejo de Estado se oponía a que la reforma fuera tramitada de urgencia. La fórmula requiere ahora de la convalidación del Parlamento, aproximadamente en el plazo de un mes.
"Lo que nos preocupa no es la competencia entre dos grupos, sino la calidad democrática", ha indicado Cebrián, quien ha calificado el comportamiento del Gobierno de "propio de una república bananera" y que crea "inseguridad jurídica" a la empresas.
Sobre la ruptura de las negociaciones con Imagina (empresa que lidera GAMP, el grupo de productoras integradas en el accionariado de La Sexta), Cebrián ha afirmado que se frenaron porque no había acuerdo con los valores de la compañía, pero el principal problema era identificar quién era el verdadero negociador. "Hay que saber quién está negociando al otro lado de la mesa", según Cebrián, que ha denunciado que se trataba de alguien vinculado al Boletín Oficial del Estado. "Hay que poner fin a la intervención del Gobierno en el mercado", ha añadido.
Cebrián ha apuntado al Ministerio de Industria como el impulsor de este decreto. "Procede de un ministerio que propone quitarnos la corbata para ahorrar energía", ha criticado el consejero delegado. "No hubo ninguna documentación a disposición de los ministros, es una voz de mando". En opinión de Cebrián, en un negocio en el que se mueven 5.000 millones de euros el Gobierno tiene que ser "cuidadoso".
Cebrián ha recordado que con el Gobierno de José María Aznar ya se produjeron decisiones intervencionistas en el mercado para favorecer a Telefónica. "Ahora nos encontramos con que las decisiones arbitrarias pueden llevar a que el Gobierno también tenga que indemnizar a las empresas", como ya ocurrió con el Ejecutivo del PP.
Cebrián afirma que el decreto ley de la TDT es "una intervención del Gobierno para doblegar a los medios"
"Hay que poner fin a la intervención del Gobierno en el mercado", asegura el consejero delegado de PRISA
El consejero delegado del Grupo PRISA, Juan Luis Cebrián, ha denunciado esta mañana en una entrevista en la Cadena SER el "intervencionismo descarado, inmoral e inadmisible" del Gobierno por aprobar el decreto ley de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago. "Nos oponemos a un decreto de urgencia anticonstitucional que no tiene otro sentido que no sea ayudar a sus amigos", ha asegurado Cebrián. "Se trata de una intervención desaforada del Gobierno para doblegar a los medios", ha añadido.
El consejero delegado de PRISA (editor de este diario) ha señalado que no hay una guerra de medios, sino "una guerra del Gobierno contra medios independientes". Para Cebrián, la aprobación de este decreto ley es una "guinda" más de una forma de gobernar "por capricho".
Hace una semana, el Consejo de Ministros aprobó la TDT de pago a través de un real decreto ley, un recurso legislativo que se aplica en casos de extraordinaria y urgente necesidad. El Consejo de Estado se oponía a que la reforma fuera tramitada de urgencia. La fórmula requiere ahora de la convalidación del Parlamento, aproximadamente en el plazo de un mes.
"Lo que nos preocupa no es la competencia entre dos grupos, sino la calidad democrática", ha indicado Cebrián, quien ha calificado el comportamiento del Gobierno de "propio de una república bananera" y que crea "inseguridad jurídica" a la empresas.
Sobre la ruptura de las negociaciones con Imagina (empresa que lidera GAMP, el grupo de productoras integradas en el accionariado de La Sexta), Cebrián ha afirmado que se frenaron porque no había acuerdo con los valores de la compañía, pero el principal problema era identificar quién era el verdadero negociador. "Hay que saber quién está negociando al otro lado de la mesa", según Cebrián, que ha denunciado que se trataba de alguien vinculado al Boletín Oficial del Estado. "Hay que poner fin a la intervención del Gobierno en el mercado", ha añadido.
Cebrián ha apuntado al Ministerio de Industria como el impulsor de este decreto. "Procede de un ministerio que propone quitarnos la corbata para ahorrar energía", ha criticado el consejero delegado. "No hubo ninguna documentación a disposición de los ministros, es una voz de mando". En opinión de Cebrián, en un negocio en el que se mueven 5.000 millones de euros el Gobierno tiene que ser "cuidadoso".
Cebrián ha recordado que con el Gobierno de José María Aznar ya se produjeron decisiones intervencionistas en el mercado para favorecer a Telefónica. "Ahora nos encontramos con que las decisiones arbitrarias pueden llevar a que el Gobierno también tenga que indemnizar a las empresas", como ya ocurrió con el Ejecutivo del PP.
El Gobierno vasco pagará las ayudas a las familias de los presos de ETA
ELPAIS
El Gobierno vasco pagará las ayudas a las familias de los presos de ETA
El Boletín Oficial del País Vasco publica hoy la resolución tras el rechazo del TSJPV a la petición del Ejecutivo central de suspenderlas
EFE - Bilbao - 21/08/2009
El Gobierno Vasco pagará 225.076 euros a familiares de presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazara la petición del Gobierno central de suspender de manera cautelar estas ayudas. La intención del lehendakari Patxi López, era también la de anular estas subvenciones aprobadas por el anterior tripartito formado PNV, EA y EB.
El Gobierno central recurrió esta convocatoria y pidió su suspensión cautelar, al entender que la ejecución de esas ayudas supondría una "trasgresión irreparable" a la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo. El TSJPV no lo entendió así y denegó la suspensión cautelar. El Alto Tribunal justificó su decisión al considerar que aunque en la mayoría de los casos tales ayudas irán a familiares del "círculo" etarra, "ello no entraña necesariamente una legitimación ética, social y política del terrorismo".
El Boletín Oficial del País Vasco publica hoy la resolución por la que se hace pública la relación de los más de 250 beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la orden de 4 de marzo de 2009, aprobada por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe.
El Gobierno vasco pagará las ayudas a las familias de los presos de ETA
El Boletín Oficial del País Vasco publica hoy la resolución tras el rechazo del TSJPV a la petición del Ejecutivo central de suspenderlas
EFE - Bilbao - 21/08/2009
El Gobierno Vasco pagará 225.076 euros a familiares de presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazara la petición del Gobierno central de suspender de manera cautelar estas ayudas. La intención del lehendakari Patxi López, era también la de anular estas subvenciones aprobadas por el anterior tripartito formado PNV, EA y EB.
El Gobierno central recurrió esta convocatoria y pidió su suspensión cautelar, al entender que la ejecución de esas ayudas supondría una "trasgresión irreparable" a la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo. El TSJPV no lo entendió así y denegó la suspensión cautelar. El Alto Tribunal justificó su decisión al considerar que aunque en la mayoría de los casos tales ayudas irán a familiares del "círculo" etarra, "ello no entraña necesariamente una legitimación ética, social y política del terrorismo".
El Boletín Oficial del País Vasco publica hoy la resolución por la que se hace pública la relación de los más de 250 beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la orden de 4 de marzo de 2009, aprobada por el Ejecutivo de Juan José Ibarretxe.
"Nuestra justicia es del siglo XIX"
ELPAIS
ENTREVISTA: VIENE DE PRIMERA PÁGINA... EL PLANTE DE LA JUDICATURA NURIA ORELLANA Juez decana de Cádiz
"Nuestra justicia es del siglo XIX"
GABRIELA CAÑAS 21/08/2009
¿El detonante? La petición del Gobierno de una sanción dura para el juez Tirado.Cuando Nuria Orellana se prestó a coordinar la última reunión anual de decanos en Cádiz no sospechaba que sería tan decisiva para la justicia española. "Yo soy muy valiente", bromea, "así que cuando propusieron la ciudad de Cádiz como sede de la reunión, yo acepté enseguida".
¿El detonante? La petición del Gobierno de una sanción dura para el juez Tirado.Cuando Nuria Orellana se prestó a coordinar la última reunión anual de decanos en Cádiz no sospechaba que sería tan decisiva para la justicia española. "Yo soy muy valiente", bromea, "así que cuando propusieron la ciudad de Cádiz como sede de la reunión, yo acepté enseguida".
Convocados del 5 al 8 de octubre del pasado año, los jueces decanos conocieron en Cádiz las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a favor de una dura sanción contra el juez Rafael Tirado, quien no ejecutó la orden de prisión contra el presunto asesino de la niña Mari Luz. Fue el detonante del Movimiento 8 de Octubre, que puso en pie de guerra a los jueces y culminó, en febrero, con la primera huelga de la judicatura del país.
Fiel a las directrices de la asociación a la que pertenece, Orellana no secundó esa huelga. Su protesta consistió en un paro de una hora y la lectura de un manifiesto. "Luego me quedé hasta más tarde trabajando", asegura.
Las cosas han cambiado en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a cuya junta directiva pertenece. La APM (1.200 asociados) es la más numerosa de un colectivo de 4.543 jueces y magistrados. Se desmarcó del paro de febrero, pero ahora ha llamado a la huelga para el 8 de octubre y esta magistrada lo tiene claro: "La secundaré si no hay antes avances sustanciales".
Nuria Orellana recibe a EL PAÍS en el Palacio de Justicia de Cádiz. En el segundo piso está su juzgado de lo mercantil, el primero instalado en la provincia. Ocupa las antiguas dependencias de lo que era la casa del presidente de la Audiencia. La crisis económica ha multiplicado los casos que tramitan sus ocho funcionarios. En estos momentos, se ven aquí 60 concursos de acreedores y a veces la sala de vistas se queda pequeña. "Hay casos con 2.000 o 3.000 acreedores y no caben", explica Orellana.
Ella calcula que su juzgado soporta una carga de trabajo que duplica la que sería razonable. Tiene más de 500 casos registrados. La complejidad de los asuntos, como el de Delphi, es moneda corriente. Le pesa especialmente el drama del paro, la rescisión de contratos cuando una empresa entra en concurso de acreedores (antes quiebra) y confiesa que uno de los casos más dramáticos que instruyó le hizo perder unos cuantos kilos.
Las dependencias de su juzgado están repletas de papeles y junto a la mesa de su despacho reposa un carrito con ruedas. Porteadora de expedientes, como muchos magistrados, acarrea papeles diariamente a casa para dictar las sentencias o resoluciones por las tardes.
Los jueces han conseguido que el ascenso no conlleve el traslado forzoso. Nuria Orellana cree que es una conquista en el terreno de la conciliación de la vida personal y profesional. Considera un avance que el Ministerio de Justicia esté acometiendo un ambicioso plan de mejora en nuevas tecnologías que permita a los juzgados de toda España estar interconectados. Pero la APM insiste en que deben ser los jueces los que fijen la agenda (el Gobierno quiere que lo hagan los secretarios judiciales) y quiere ver en septiembre la partida económica correspondiente a la mejora de la justicia, entre otras cosas. A día de hoy, dice Orellana, "la justicia española sigue siendo una justicia del siglo XIX".
Nuria Orellana nació en Jerez de la Frontera hace 41 años. La quiebra de Puerto Sherry tuvo la culpa de que se convirtiera en septiembre de 2004 en la primera juez de lo mercantil de la provincia de Cádiz. "Aquello me enganchó". Se especializó y ganó la oposición para ser juez de lo mercantil y gestionar la nueva ley concursal. Reto fácil para una mujer que cosechó en la carrera 13 matrículas de honor.
Su señoría cree que la falta de costumbre en la judicatura de dar explicaciones públicas ha generado una "imagen errónea" y arrogante de los jueces. "La huelga ha sido un hito histórico y ahora se nos pone cara".
Notó ya en marzo de 2007 la multiplicación de asuntos mercantiles, propios de la crisis que se avecinaba. Sin ánimo de amargar el veraneo, asegura que aún no ha empezado a notar en su juzgado el final de la debacle.
ENTREVISTA: VIENE DE PRIMERA PÁGINA... EL PLANTE DE LA JUDICATURA NURIA ORELLANA Juez decana de Cádiz
"Nuestra justicia es del siglo XIX"
GABRIELA CAÑAS 21/08/2009
¿El detonante? La petición del Gobierno de una sanción dura para el juez Tirado.Cuando Nuria Orellana se prestó a coordinar la última reunión anual de decanos en Cádiz no sospechaba que sería tan decisiva para la justicia española. "Yo soy muy valiente", bromea, "así que cuando propusieron la ciudad de Cádiz como sede de la reunión, yo acepté enseguida".
¿El detonante? La petición del Gobierno de una sanción dura para el juez Tirado.Cuando Nuria Orellana se prestó a coordinar la última reunión anual de decanos en Cádiz no sospechaba que sería tan decisiva para la justicia española. "Yo soy muy valiente", bromea, "así que cuando propusieron la ciudad de Cádiz como sede de la reunión, yo acepté enseguida".
Convocados del 5 al 8 de octubre del pasado año, los jueces decanos conocieron en Cádiz las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a favor de una dura sanción contra el juez Rafael Tirado, quien no ejecutó la orden de prisión contra el presunto asesino de la niña Mari Luz. Fue el detonante del Movimiento 8 de Octubre, que puso en pie de guerra a los jueces y culminó, en febrero, con la primera huelga de la judicatura del país.
Fiel a las directrices de la asociación a la que pertenece, Orellana no secundó esa huelga. Su protesta consistió en un paro de una hora y la lectura de un manifiesto. "Luego me quedé hasta más tarde trabajando", asegura.
Las cosas han cambiado en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a cuya junta directiva pertenece. La APM (1.200 asociados) es la más numerosa de un colectivo de 4.543 jueces y magistrados. Se desmarcó del paro de febrero, pero ahora ha llamado a la huelga para el 8 de octubre y esta magistrada lo tiene claro: "La secundaré si no hay antes avances sustanciales".
Nuria Orellana recibe a EL PAÍS en el Palacio de Justicia de Cádiz. En el segundo piso está su juzgado de lo mercantil, el primero instalado en la provincia. Ocupa las antiguas dependencias de lo que era la casa del presidente de la Audiencia. La crisis económica ha multiplicado los casos que tramitan sus ocho funcionarios. En estos momentos, se ven aquí 60 concursos de acreedores y a veces la sala de vistas se queda pequeña. "Hay casos con 2.000 o 3.000 acreedores y no caben", explica Orellana.
Ella calcula que su juzgado soporta una carga de trabajo que duplica la que sería razonable. Tiene más de 500 casos registrados. La complejidad de los asuntos, como el de Delphi, es moneda corriente. Le pesa especialmente el drama del paro, la rescisión de contratos cuando una empresa entra en concurso de acreedores (antes quiebra) y confiesa que uno de los casos más dramáticos que instruyó le hizo perder unos cuantos kilos.
Las dependencias de su juzgado están repletas de papeles y junto a la mesa de su despacho reposa un carrito con ruedas. Porteadora de expedientes, como muchos magistrados, acarrea papeles diariamente a casa para dictar las sentencias o resoluciones por las tardes.
Los jueces han conseguido que el ascenso no conlleve el traslado forzoso. Nuria Orellana cree que es una conquista en el terreno de la conciliación de la vida personal y profesional. Considera un avance que el Ministerio de Justicia esté acometiendo un ambicioso plan de mejora en nuevas tecnologías que permita a los juzgados de toda España estar interconectados. Pero la APM insiste en que deben ser los jueces los que fijen la agenda (el Gobierno quiere que lo hagan los secretarios judiciales) y quiere ver en septiembre la partida económica correspondiente a la mejora de la justicia, entre otras cosas. A día de hoy, dice Orellana, "la justicia española sigue siendo una justicia del siglo XIX".
Nuria Orellana nació en Jerez de la Frontera hace 41 años. La quiebra de Puerto Sherry tuvo la culpa de que se convirtiera en septiembre de 2004 en la primera juez de lo mercantil de la provincia de Cádiz. "Aquello me enganchó". Se especializó y ganó la oposición para ser juez de lo mercantil y gestionar la nueva ley concursal. Reto fácil para una mujer que cosechó en la carrera 13 matrículas de honor.
Su señoría cree que la falta de costumbre en la judicatura de dar explicaciones públicas ha generado una "imagen errónea" y arrogante de los jueces. "La huelga ha sido un hito histórico y ahora se nos pone cara".
Notó ya en marzo de 2007 la multiplicación de asuntos mercantiles, propios de la crisis que se avecinaba. Sin ánimo de amargar el veraneo, asegura que aún no ha empezado a notar en su juzgado el final de la debacle.
Jueces metidos a médicos
ELPAIS
Jueces metidos a médicos
Abortos en menores, esterilizaciones o cambio de sexo requieren muchas veces de una sentencia - El caso de la chica transexual de Barcelona plantea la incongruencia del sistema
EMILIO DE BENITO 21/08/2009
Un juez tiene en sus manos facilitar o retrasar que María, de 16 años, haga una vida normal. La joven transexual (nombre supuesto) ha estado durante el último año y medio hormonándose para tener el cuerpo de mujer con el que se identifica. Seguramente viste y se comporta como la chica que siente que es, aunque ello le ha costado cambiar de centro escolar y un rechazo que le ha llevado a intentar suicidarse.
Un juez tiene en sus manos facilitar o retrasar que María, de 16 años, haga una vida normal. La joven transexual (nombre supuesto) ha estado durante el último año y medio hormonándose para tener el cuerpo de mujer con el que se identifica. Seguramente viste y se comporta como la chica que siente que es, aunque ello le ha costado cambiar de centro escolar y un rechazo que le ha llevado a intentar suicidarse. Ahora ha pedido autorización para ir más allá y operarse para modificar los rasgos masculinos con los que nació. Su familia y su médico están de acuerdo. Pero eso no basta.
El Código Penal de 1995 establece en su artículo 156 que las esterilizaciones y cirugía transexual son lesiones. Si el afectado es menor de edad, no vale con que él o sus representantes den su consentimiento. La decisión queda en manos de un juez. "Es la primera vez que se plantea este asunto", afirma Ricardo de Lorenzo, abogado especializado en temas sanitarios (es el presidente de la asociación española de estos expertos). Y achaca la situación a que "en España no está regulada la mayoría de edad sanitaria", como lo está en otros países. En Francia, por ejemplo, está en los 15 años; en Reino Unido, a los 16.
Lo que sí hay es una edad mínima para que los pacientes den su consentimiento, aclara De Lorenzo. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, la establece en 16 años. Pero hay excepciones: interrupción del embarazo, tratamientos de reproducción asistida y participar en ensayos clínicos; no dice nada de cirugía de reasignación de sexo, "y nadie lo tiene claro, ni la ministra de Igualdad [Bibiana Aído] ni el de Justicia, como se ha visto con el debate de la nueva ley del aborto", dice el abogado. Así, resulta que para donar un órgano hay que tener 18 años; para abortar bastará con tener 16; para someterse a una cirugía de reasignación sexual, 18; para operarse del corazón, 16; y hay que tener 18 para participar en un ensayo clínico, señala De Lorenzo como ejemplos del "lío".
Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada Octavio García Pérez, en el fondo de toda esta diversidad normativa hay un problema más serio: "La Ley de Protección Jurídica del Menor establece que éstos son titulares de derechos", pero la regulación está "muy dispersa". Para algunos asuntos no se les considera capaces para decidir hasta los 18 años y, en cambio, "para lo malo pretendemos bajar a 12 años la responsabilidad penal". "Deberíamos partir de la capacidad natural de juicio de los menores en cada caso", afirma García Pérez. "Aunque no estemos de acuerdo con las decisiones que puedan tomar", matiza.
En el caso de María, el profesor no duda en defender una interpretación más laxa de la legislación. No obvia que la cirugía de cambio de sexo está incluida en el Código Penal como un delito de lesiones "para proteger la salud de las personas". Pero por eso mismo, "no pueden estar prohibidas las intervenciones que no sólo no perjudican la salud, sino que la mejoran", dice.
García Pérez argumenta que la inclusión de este tipo de intervenciones en el Código Penal junto a las esterilizaciones puede ser contradictoria. "A nadie se le ocurre pedir un permiso judicial para operar a un menor al que hay que extirparle los testículos o los ovarios porque tiene un cáncer", aduce.
Un criterio similar es el que ha usado el médico de María, Iván Mañero, jefe de la unidad de trastornos de género del hospital Clínico de Barcelona. "Resulta chocante que a una menor se la considere madura para abortar, pero no para cambiar de sexo", apunta. Para él, no hay duda: "La transexualidad es una enfermedad que se debería tratar. Si a un menor con leucemia no le tratáramos, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues esto también es un problema de salud".
Mañero -"probablemente el médico que más casos de transexuales ha tratado en España", según Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE y ex presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales-, debía de saber que con ese criterio se estaba metiendo en un jardín. Aunque en rigor tiene razón (los principales listados internacionales de enfermedades, como el DSM-IV o el CIE-10, todavía incluyen la transexualidad o la disforia de género), esta situación puede empezar a cambiar. La Asociación Americana de Psiquiatría -una referencia en este campo y la organización médica que abrió la puerta a la descatalogación de la homosexualidad como enfermedad- está debatiendo precisamente sacar el transexualismo de su lista de patologías. Porque esta condición es muy especial: no se trata de un trastorno propiamente dicho, pero necesita una intervención médica para solucionarse.
Una de las primeras organizaciones de afectados en reaccionar a las palabras del médico ha sido la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). "¿Acaso alguien sigue defendiendo que una circunstancia personal como es la maternidad sea una enfermedad, por más que en algunos casos requiera hasta intervención quirúrgica (cesáreas)?", afirma.
La veterana activista Kim Pérez matiza: las personas transexuales "no requerimos que se nos atienda porque suframos de ninguna patología o trastorno, puesto que nuestra transexualidad es sólo una variante natural de la sexualidad, sino por los obstáculos sociales que encontramos en nuestro derecho a la libre expresión humana, y en el dolor y la angustia con que estas dificultades han llenado nuestras vidas".
También el congreso español de sexología que tuvo lugar en León hace un año entró en el debate: "La transexualidad no es necesariamente una enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental", dijo la presidenta de su comité científico, Miren Larrazábal.
La diputada del PSOE Carmen Montón, que fue ponente de la llamada Ley de Identidad de Género, aprobada en 2007, insiste en que la ley no regula las condiciones para operarse, sino las necesarias para cambiar los papeles de una persona transexual de manera que reflejen el nombre y sexo que siente como propio. Para ella, fue un gran éxito que se consiguiera que no se exigiera la intervención quirúrgica de reasignación de sexo, sino "que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado". De esta manera, se permitía el cambio de papeles sin operación.
Para Zerolo, que también estuvo muy implicado en la ley, el caso de María demuestra "que hace falta un desarrollo reglamentario" de la norma "para recoger esta casuística", que aunque "no sea la habitual", es importante.
No se trataba de una ley caprichosa. Quería facilitar la vida a unas 3.000 personas en España. Porque la transexualidad no es algo tan minoritario. Aproximadamente uno de cada 14.000 bebés con genitales masculinos alberga una identidad femenina. El proceso contrario se da aproximadamente en uno de cada 35.000 niñas. Aplicado al padrón español, unas 3.000 personas, a las que hay que añadir muchos transexuales extranjeros que buscan refugio en España. Porque vivir con una identidad sexual que no se corresponde con la biológica se paga caro en muchas partes. La ONG internacional Transgender Europe calcula que cada tres días una persona transexual es asesinada en algún lugar del planeta.
En teoría, María está a punto de cumplir los requisitos para cambiar sus papeles. Por lo que se ha sabido, lleva ya año y medio hormonándose. Cuando cumpla los dos, ya habrá recibido el tratamiento médico necesario para "acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado" que exige la ley.
Pero hay un inconveniente: dentro de seis meses, María seguirá siendo menor de edad. Y la ley la excluye, salvo que se emancipe de sus padres. Montón y Zerolo apuntan a esa posibilidad para acelerar los trámites que le permitirían operarse si lo desea y, sobre todo, cambiar los papeles. La diputada dice que, curiosamente, nadie, ni siquiera los colectivos de transexuales, planteó modificar el Código Penal cuando se debatió la ley.
Federico Montalvo, del despacho de abogados Asjusa, especializado en derecho sanitario, cree que una opción que hubiera evitado el recurso a los tribunales habría sido que el caso de María lo hubiera visto un comité ético del hospital. Claro que él mismo admite que eso hubiera ocurrido "en caso de conflicto entre el paciente, sus padres y los médicos, lo que no parece ser la situación". De todas formas, en estos "casos frontera" tampoco cree que "sea malo" que intervenga un juez. Eso sí, "habría que habilitar una vía rápida para que lo haga".
En el fondo de la polémica está el miedo de los legisladores de que, si se permite el cambio de sexo muy pronto, la persona pueda "arrepentirse". "Por eso la ley es tan restrictiva, es muy protectora", admite el profesor García Pérez. "Pero en este caso, parece que lo tiene claro. Tiene todas las papeletas para ser feliz", dice Montón. "Los que hablan del cambio de sexo como un capricho no saben lo que dicen; no han estado cerca de una de estas personas y no saben por lo que tienen que pasar", afirma desde Valencia la diputada.
Aunque la parlamentaria admite que la idea de permitir el cambio a los menores ni siquiera fue compartida por muchos de los expertos que comparecieron en el congreso cuando se estaba debatiendo la Ley de Identidad de Género. "Los del Colegio de Psicólogos nos aconsejaron que los dejáramos fuera", recuerda.
Jos Megens, de la unidad de género de la Universidad Libre de Ámsterdam, lo tiene claro: "Cuanto antes se empiece la reasignación de sexo, mejor. Si se consigue actuar antes de la pubertad, la terapia hormonal es más efectiva. Las chicas no tienen la menstruación, que es una de las cosas que más les traumatiza, y las operaciones de extirpación de mamas dejan menos cicatrices", afirma. "Los chicos enseguida se ponen fuertes; en tres meses de hormonación nadie diría que nacieron chicas", añade Zerolo.
En el centro de Megens han llegado a tratar niños de 6 a 10 años, aunque por cuestiones legales no empiezan la hormonación hasta los 16 y retrasan la cirugía hasta los 18. Eso sí, el médico holandés afirma que sólo un tercio de los casi 100 menores de 10 años que ha visto en su unidad eran auténticos transexuales.
Gina Serra, la presidenta de la Asociación de Transexuales de Cataluña, cree que a partir de los ocho años un niño ya sabe si está "en el cuerpo correcto". También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha pedido "respeto para la identidad sexual de los menores". "En unas edades donde la integración social es clave y el pronto tratamiento es básico para un mejor resultado, judicializar la atención sanitaria integral, retrasándola durante meses e incluso años, no beneficia ni social ni psíquica ni físicamente a los afectados", afirma la federación.
Mar Cambrollé, su portavoz, insiste: "Si yo como adulta puedo solicitar una atención sanitaria integral que incluye la cirugía de reasignación de sexo, no entiendo por qué una chica de 16 años, que tiene el apoyo de sus padres y una recomendación sanitaria, tiene que pedir permiso a un juez. Si dicho tratamiento es necesario según los médicos, los padres y la joven y no pone en riesgo la vida de la persona que lo recibe, ¿por qué en estos casos hay que pedir permiso a un juez y en infinidad de otras operaciones o tratamientos no?".
José Luis Díez Ripollés, profesor de Derecho de la Universidad de Granada, también cree que en este caso la interpretación es excesivamente rigurosa. "No creo que tenga que participar un juez". "Las intervenciones curativas, las que van a solucionar un problema de salud, mientras el paciente o, en su defecto, los padres consientan, se pueden realizar sin que, a mi juicio, se cometa un delito". Díez Ripollés cree que quizá el asunto se ha judicializado porque así los médicos "se curan en salud".
Sea por lo que sea, María tendrá que esperar.
Un proceso para toda la vida
Carlos, transexual de 21 años, comenzó hace cinco el paso de niña a hombre. Para él, "la parte psicológica fue la más fácil. Tenía muy claro lo que era". La física no lo fue tanto. "Un día decidí que me vestiría de chico. Siempre". Así comenzó todo.
Luego vinieron las hormonas. En su caso, una masculinizante (testosterona). "En tres meses tenía algo de barba. Empecé a ir al gimnasio, y me puse bastante cachas. Poco después se me fue la regla. Tuve suerte, porque empecé pronto y no me salió casi pecho". Aun así, Carlos se ha hecho una mastectomía. Ahora, aparte de seguir hormonándose -"eso es para toda la vida", dice-, duda sobre si quiere extirparse los ovarios y someterse a una faloplastia (creación de un pene con su propio tejidos en el que se incluyen la uretra y el clítoris). "Me han dicho que los resultados no son muy buenos, y mi novia no se queja, así que de momento lo voy a dejar", concluye.
El paso contrario (de hombre a mujer) empieza, la mayoría de las veces, de manera parecida: con un vestido y algo de maquillaje. También depilación (temporal o definitiva). Y hormonas.
La ley española ni siquiera pide tanto para aceptar el cambio de sexo: lo que importa es que la persona pase la "prueba de vida": que se comporte de acuerdo al género que siente como propio.
Pero hay mucho más, y cada una llega hasta donde quiere o puede: implantes de pecho, extirpación de la nuez, de los genitales; creación de una vagina, feminización de los rasgos. Hasta clases para hablar y moverse. Porque, como decía Agrado, el personaje de la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almódovar, "una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma".
A falta de una mayoría de edad
En España las leyes no definen una mayoría de edad sanitaria , afirma el abogado Ricardo de Lorenzo, especialista en derecho sanitario. Por eso hay una dispersión de normas que fijan edades mínimas para algunas actuaciones médicas.
- Código Penal de 1995. En su artículo 156 considera las esterilizaciones y la cirugía transexual un delito de lesiones. Para los menores de 18 años no hay consentimiento informado que valga, ni suyo ni de sus padres.
- Ley de Autonomía del Paciente (2002). Estipula que un paciente de más de 16 años o emancipado ya puede decidir qué tratamientos médicos quiere recibir. Pero hay excepciones: La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida .
- Aborto. El proyecto que prepara el Gobierno rebaja la edad para decidir abortar hasta los 16 años.
- Otros. Un menor de edad no puede decidir donarle un riñón a su hermano, por ejemplo. En cambio, el protocolo catalán establece en los 13 años la posibilidad de recibir la píldora poscoital sin receta.
Jueces metidos a médicos
Abortos en menores, esterilizaciones o cambio de sexo requieren muchas veces de una sentencia - El caso de la chica transexual de Barcelona plantea la incongruencia del sistema
EMILIO DE BENITO 21/08/2009
Un juez tiene en sus manos facilitar o retrasar que María, de 16 años, haga una vida normal. La joven transexual (nombre supuesto) ha estado durante el último año y medio hormonándose para tener el cuerpo de mujer con el que se identifica. Seguramente viste y se comporta como la chica que siente que es, aunque ello le ha costado cambiar de centro escolar y un rechazo que le ha llevado a intentar suicidarse.
Un juez tiene en sus manos facilitar o retrasar que María, de 16 años, haga una vida normal. La joven transexual (nombre supuesto) ha estado durante el último año y medio hormonándose para tener el cuerpo de mujer con el que se identifica. Seguramente viste y se comporta como la chica que siente que es, aunque ello le ha costado cambiar de centro escolar y un rechazo que le ha llevado a intentar suicidarse. Ahora ha pedido autorización para ir más allá y operarse para modificar los rasgos masculinos con los que nació. Su familia y su médico están de acuerdo. Pero eso no basta.
El Código Penal de 1995 establece en su artículo 156 que las esterilizaciones y cirugía transexual son lesiones. Si el afectado es menor de edad, no vale con que él o sus representantes den su consentimiento. La decisión queda en manos de un juez. "Es la primera vez que se plantea este asunto", afirma Ricardo de Lorenzo, abogado especializado en temas sanitarios (es el presidente de la asociación española de estos expertos). Y achaca la situación a que "en España no está regulada la mayoría de edad sanitaria", como lo está en otros países. En Francia, por ejemplo, está en los 15 años; en Reino Unido, a los 16.
Lo que sí hay es una edad mínima para que los pacientes den su consentimiento, aclara De Lorenzo. La Ley de Autonomía del Paciente, de 2002, la establece en 16 años. Pero hay excepciones: interrupción del embarazo, tratamientos de reproducción asistida y participar en ensayos clínicos; no dice nada de cirugía de reasignación de sexo, "y nadie lo tiene claro, ni la ministra de Igualdad [Bibiana Aído] ni el de Justicia, como se ha visto con el debate de la nueva ley del aborto", dice el abogado. Así, resulta que para donar un órgano hay que tener 18 años; para abortar bastará con tener 16; para someterse a una cirugía de reasignación sexual, 18; para operarse del corazón, 16; y hay que tener 18 para participar en un ensayo clínico, señala De Lorenzo como ejemplos del "lío".
Para el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada Octavio García Pérez, en el fondo de toda esta diversidad normativa hay un problema más serio: "La Ley de Protección Jurídica del Menor establece que éstos son titulares de derechos", pero la regulación está "muy dispersa". Para algunos asuntos no se les considera capaces para decidir hasta los 18 años y, en cambio, "para lo malo pretendemos bajar a 12 años la responsabilidad penal". "Deberíamos partir de la capacidad natural de juicio de los menores en cada caso", afirma García Pérez. "Aunque no estemos de acuerdo con las decisiones que puedan tomar", matiza.
En el caso de María, el profesor no duda en defender una interpretación más laxa de la legislación. No obvia que la cirugía de cambio de sexo está incluida en el Código Penal como un delito de lesiones "para proteger la salud de las personas". Pero por eso mismo, "no pueden estar prohibidas las intervenciones que no sólo no perjudican la salud, sino que la mejoran", dice.
García Pérez argumenta que la inclusión de este tipo de intervenciones en el Código Penal junto a las esterilizaciones puede ser contradictoria. "A nadie se le ocurre pedir un permiso judicial para operar a un menor al que hay que extirparle los testículos o los ovarios porque tiene un cáncer", aduce.
Un criterio similar es el que ha usado el médico de María, Iván Mañero, jefe de la unidad de trastornos de género del hospital Clínico de Barcelona. "Resulta chocante que a una menor se la considere madura para abortar, pero no para cambiar de sexo", apunta. Para él, no hay duda: "La transexualidad es una enfermedad que se debería tratar. Si a un menor con leucemia no le tratáramos, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues esto también es un problema de salud".
Mañero -"probablemente el médico que más casos de transexuales ha tratado en España", según Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE y ex presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays y Transexuales-, debía de saber que con ese criterio se estaba metiendo en un jardín. Aunque en rigor tiene razón (los principales listados internacionales de enfermedades, como el DSM-IV o el CIE-10, todavía incluyen la transexualidad o la disforia de género), esta situación puede empezar a cambiar. La Asociación Americana de Psiquiatría -una referencia en este campo y la organización médica que abrió la puerta a la descatalogación de la homosexualidad como enfermedad- está debatiendo precisamente sacar el transexualismo de su lista de patologías. Porque esta condición es muy especial: no se trata de un trastorno propiamente dicho, pero necesita una intervención médica para solucionarse.
Una de las primeras organizaciones de afectados en reaccionar a las palabras del médico ha sido la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA). "¿Acaso alguien sigue defendiendo que una circunstancia personal como es la maternidad sea una enfermedad, por más que en algunos casos requiera hasta intervención quirúrgica (cesáreas)?", afirma.
La veterana activista Kim Pérez matiza: las personas transexuales "no requerimos que se nos atienda porque suframos de ninguna patología o trastorno, puesto que nuestra transexualidad es sólo una variante natural de la sexualidad, sino por los obstáculos sociales que encontramos en nuestro derecho a la libre expresión humana, y en el dolor y la angustia con que estas dificultades han llenado nuestras vidas".
También el congreso español de sexología que tuvo lugar en León hace un año entró en el debate: "La transexualidad no es necesariamente una enfermedad y, menos aún, una enfermedad mental", dijo la presidenta de su comité científico, Miren Larrazábal.
La diputada del PSOE Carmen Montón, que fue ponente de la llamada Ley de Identidad de Género, aprobada en 2007, insiste en que la ley no regula las condiciones para operarse, sino las necesarias para cambiar los papeles de una persona transexual de manera que reflejen el nombre y sexo que siente como propio. Para ella, fue un gran éxito que se consiguiera que no se exigiera la intervención quirúrgica de reasignación de sexo, sino "que ha sido tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado". De esta manera, se permitía el cambio de papeles sin operación.
Para Zerolo, que también estuvo muy implicado en la ley, el caso de María demuestra "que hace falta un desarrollo reglamentario" de la norma "para recoger esta casuística", que aunque "no sea la habitual", es importante.
No se trataba de una ley caprichosa. Quería facilitar la vida a unas 3.000 personas en España. Porque la transexualidad no es algo tan minoritario. Aproximadamente uno de cada 14.000 bebés con genitales masculinos alberga una identidad femenina. El proceso contrario se da aproximadamente en uno de cada 35.000 niñas. Aplicado al padrón español, unas 3.000 personas, a las que hay que añadir muchos transexuales extranjeros que buscan refugio en España. Porque vivir con una identidad sexual que no se corresponde con la biológica se paga caro en muchas partes. La ONG internacional Transgender Europe calcula que cada tres días una persona transexual es asesinada en algún lugar del planeta.
En teoría, María está a punto de cumplir los requisitos para cambiar sus papeles. Por lo que se ha sabido, lleva ya año y medio hormonándose. Cuando cumpla los dos, ya habrá recibido el tratamiento médico necesario para "acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado" que exige la ley.
Pero hay un inconveniente: dentro de seis meses, María seguirá siendo menor de edad. Y la ley la excluye, salvo que se emancipe de sus padres. Montón y Zerolo apuntan a esa posibilidad para acelerar los trámites que le permitirían operarse si lo desea y, sobre todo, cambiar los papeles. La diputada dice que, curiosamente, nadie, ni siquiera los colectivos de transexuales, planteó modificar el Código Penal cuando se debatió la ley.
Federico Montalvo, del despacho de abogados Asjusa, especializado en derecho sanitario, cree que una opción que hubiera evitado el recurso a los tribunales habría sido que el caso de María lo hubiera visto un comité ético del hospital. Claro que él mismo admite que eso hubiera ocurrido "en caso de conflicto entre el paciente, sus padres y los médicos, lo que no parece ser la situación". De todas formas, en estos "casos frontera" tampoco cree que "sea malo" que intervenga un juez. Eso sí, "habría que habilitar una vía rápida para que lo haga".
En el fondo de la polémica está el miedo de los legisladores de que, si se permite el cambio de sexo muy pronto, la persona pueda "arrepentirse". "Por eso la ley es tan restrictiva, es muy protectora", admite el profesor García Pérez. "Pero en este caso, parece que lo tiene claro. Tiene todas las papeletas para ser feliz", dice Montón. "Los que hablan del cambio de sexo como un capricho no saben lo que dicen; no han estado cerca de una de estas personas y no saben por lo que tienen que pasar", afirma desde Valencia la diputada.
Aunque la parlamentaria admite que la idea de permitir el cambio a los menores ni siquiera fue compartida por muchos de los expertos que comparecieron en el congreso cuando se estaba debatiendo la Ley de Identidad de Género. "Los del Colegio de Psicólogos nos aconsejaron que los dejáramos fuera", recuerda.
Jos Megens, de la unidad de género de la Universidad Libre de Ámsterdam, lo tiene claro: "Cuanto antes se empiece la reasignación de sexo, mejor. Si se consigue actuar antes de la pubertad, la terapia hormonal es más efectiva. Las chicas no tienen la menstruación, que es una de las cosas que más les traumatiza, y las operaciones de extirpación de mamas dejan menos cicatrices", afirma. "Los chicos enseguida se ponen fuertes; en tres meses de hormonación nadie diría que nacieron chicas", añade Zerolo.
En el centro de Megens han llegado a tratar niños de 6 a 10 años, aunque por cuestiones legales no empiezan la hormonación hasta los 16 y retrasan la cirugía hasta los 18. Eso sí, el médico holandés afirma que sólo un tercio de los casi 100 menores de 10 años que ha visto en su unidad eran auténticos transexuales.
Gina Serra, la presidenta de la Asociación de Transexuales de Cataluña, cree que a partir de los ocho años un niño ya sabe si está "en el cuerpo correcto". También la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales ha pedido "respeto para la identidad sexual de los menores". "En unas edades donde la integración social es clave y el pronto tratamiento es básico para un mejor resultado, judicializar la atención sanitaria integral, retrasándola durante meses e incluso años, no beneficia ni social ni psíquica ni físicamente a los afectados", afirma la federación.
Mar Cambrollé, su portavoz, insiste: "Si yo como adulta puedo solicitar una atención sanitaria integral que incluye la cirugía de reasignación de sexo, no entiendo por qué una chica de 16 años, que tiene el apoyo de sus padres y una recomendación sanitaria, tiene que pedir permiso a un juez. Si dicho tratamiento es necesario según los médicos, los padres y la joven y no pone en riesgo la vida de la persona que lo recibe, ¿por qué en estos casos hay que pedir permiso a un juez y en infinidad de otras operaciones o tratamientos no?".
José Luis Díez Ripollés, profesor de Derecho de la Universidad de Granada, también cree que en este caso la interpretación es excesivamente rigurosa. "No creo que tenga que participar un juez". "Las intervenciones curativas, las que van a solucionar un problema de salud, mientras el paciente o, en su defecto, los padres consientan, se pueden realizar sin que, a mi juicio, se cometa un delito". Díez Ripollés cree que quizá el asunto se ha judicializado porque así los médicos "se curan en salud".
Sea por lo que sea, María tendrá que esperar.
Un proceso para toda la vida
Carlos, transexual de 21 años, comenzó hace cinco el paso de niña a hombre. Para él, "la parte psicológica fue la más fácil. Tenía muy claro lo que era". La física no lo fue tanto. "Un día decidí que me vestiría de chico. Siempre". Así comenzó todo.
Luego vinieron las hormonas. En su caso, una masculinizante (testosterona). "En tres meses tenía algo de barba. Empecé a ir al gimnasio, y me puse bastante cachas. Poco después se me fue la regla. Tuve suerte, porque empecé pronto y no me salió casi pecho". Aun así, Carlos se ha hecho una mastectomía. Ahora, aparte de seguir hormonándose -"eso es para toda la vida", dice-, duda sobre si quiere extirparse los ovarios y someterse a una faloplastia (creación de un pene con su propio tejidos en el que se incluyen la uretra y el clítoris). "Me han dicho que los resultados no son muy buenos, y mi novia no se queja, así que de momento lo voy a dejar", concluye.
El paso contrario (de hombre a mujer) empieza, la mayoría de las veces, de manera parecida: con un vestido y algo de maquillaje. También depilación (temporal o definitiva). Y hormonas.
La ley española ni siquiera pide tanto para aceptar el cambio de sexo: lo que importa es que la persona pase la "prueba de vida": que se comporte de acuerdo al género que siente como propio.
Pero hay mucho más, y cada una llega hasta donde quiere o puede: implantes de pecho, extirpación de la nuez, de los genitales; creación de una vagina, feminización de los rasgos. Hasta clases para hablar y moverse. Porque, como decía Agrado, el personaje de la película Todo sobre mi madre, de Pedro Almódovar, "una es más auténtica cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma".
A falta de una mayoría de edad
En España las leyes no definen una mayoría de edad sanitaria , afirma el abogado Ricardo de Lorenzo, especialista en derecho sanitario. Por eso hay una dispersión de normas que fijan edades mínimas para algunas actuaciones médicas.
- Código Penal de 1995. En su artículo 156 considera las esterilizaciones y la cirugía transexual un delito de lesiones. Para los menores de 18 años no hay consentimiento informado que valga, ni suyo ni de sus padres.
- Ley de Autonomía del Paciente (2002). Estipula que un paciente de más de 16 años o emancipado ya puede decidir qué tratamientos médicos quiere recibir. Pero hay excepciones: La interrupción voluntaria del embarazo, la práctica de ensayos clínicos y la práctica de técnicas de reproducción humana asistida .
- Aborto. El proyecto que prepara el Gobierno rebaja la edad para decidir abortar hasta los 16 años.
- Otros. Un menor de edad no puede decidir donarle un riñón a su hermano, por ejemplo. En cambio, el protocolo catalán establece en los 13 años la posibilidad de recibir la píldora poscoital sin receta.
20 de agosto de 2009
Igualdad aconseja un curso ofrecido por una red árabe de corte extremista
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Jueves, 20 de Agosto de 2009
Madrid
Igualdad aconseja un curso ofrecido por una red árabe de corte extremista
JAVIER LÓPEZ | JAÉN
El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Igualdad, recomienda en su último boletín un curso de verano sobre Palestina organizado por la red Mundo Árabe. La misma que, en su página digital, acusa a España de rendirse ante Israel, a la cadena Cope de ser un instrumento al servicio del sionismo y al PP de propiciar la instalación en Castilla y León de industria militar israelí.
Mundo Árabe también denuncia que las naciones occidentales mienten sobre los piratas de Somalia, en cuyas aguas territoriales fueron secuestrados españoles. En su opinión, los bucaneros son los países que esquilman las riquezas naturales de la zona. Asimismo, sugiere que el estafador Madoff sea la punta de una pirámide de lavado de dinero en Israel.
Respecto a España, considera una rendición, auspiciada por el Gobierno socialista y «la derecha» que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya archivado la causa que instruía el juez Fernando Andreu por presuntos delitos de crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza en 2002.
«El caso tenía los días contados tras la decisión del Congreso, presionado por Israel, de limitar la jurisdicción universal», sostiene Mundo Árabe, que aún así merece el honor de que el Instituto de la Juventud destaque su curso, que, en opinión del organismo de Igualdad, tiene como objetivo acercarse a la realidad de Palestina después de años de «conflicto» (el entrecomillado es del Injuve) con una de las grandes potencias militares mundiales, el estado de Israel.
La crítica de Mundo Árabe no se circunscribe a la clase política. Para los medios de comunicación también guarda calificativos. En especial para la Cope, a la que acusa de glorificar diariamente de manera escandalosa al estado de Israel. «Tanto es así, que la emisora eclesiástica defiende a capa y espada, desde siempre, las matanzas, asesinatos selectivos y no selectivos, y toda clase de atropellos que Israel perpetra incesante e impunemente contra el indefenso pueblo palestino».
La cadena episcopal se dedica de lleno, en su opinión, a incriminar a Palestina y a sus órganos de resistencia legítima contra la ocupación de sus territorios.
Jueves, 20 de Agosto de 2009
Madrid
Igualdad aconseja un curso ofrecido por una red árabe de corte extremista
JAVIER LÓPEZ | JAÉN
El Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Igualdad, recomienda en su último boletín un curso de verano sobre Palestina organizado por la red Mundo Árabe. La misma que, en su página digital, acusa a España de rendirse ante Israel, a la cadena Cope de ser un instrumento al servicio del sionismo y al PP de propiciar la instalación en Castilla y León de industria militar israelí.
Mundo Árabe también denuncia que las naciones occidentales mienten sobre los piratas de Somalia, en cuyas aguas territoriales fueron secuestrados españoles. En su opinión, los bucaneros son los países que esquilman las riquezas naturales de la zona. Asimismo, sugiere que el estafador Madoff sea la punta de una pirámide de lavado de dinero en Israel.
Respecto a España, considera una rendición, auspiciada por el Gobierno socialista y «la derecha» que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya archivado la causa que instruía el juez Fernando Andreu por presuntos delitos de crímenes de guerra contra siete militares israelíes, entre ellos un ex ministro de Defensa, por la muerte de 14 civiles en Gaza en 2002.
«El caso tenía los días contados tras la decisión del Congreso, presionado por Israel, de limitar la jurisdicción universal», sostiene Mundo Árabe, que aún así merece el honor de que el Instituto de la Juventud destaque su curso, que, en opinión del organismo de Igualdad, tiene como objetivo acercarse a la realidad de Palestina después de años de «conflicto» (el entrecomillado es del Injuve) con una de las grandes potencias militares mundiales, el estado de Israel.
La crítica de Mundo Árabe no se circunscribe a la clase política. Para los medios de comunicación también guarda calificativos. En especial para la Cope, a la que acusa de glorificar diariamente de manera escandalosa al estado de Israel. «Tanto es así, que la emisora eclesiástica defiende a capa y espada, desde siempre, las matanzas, asesinatos selectivos y no selectivos, y toda clase de atropellos que Israel perpetra incesante e impunemente contra el indefenso pueblo palestino».
La cadena episcopal se dedica de lleno, en su opinión, a incriminar a Palestina y a sus órganos de resistencia legítima contra la ocupación de sus territorios.
Guerra de banderas en el barrio de Gràcia
ABC.es - Noticias de España y del mundo
Jueves, 20 de Agosto de 2009
Madrid
Guerra de banderas en el barrio de Gràcia
El objeto de la disputa fue la bandera republicana, que Martínez quiso tapar con una estelada independentista porque a su juicio formaba parte de "la política española del distrito", mientras Amigó quería mantenerla, hasta el punto de que ambos emprendieron una pela que terminó con las tres banderas ondeando de lado
Y. CARDO
À. G. | BARCELONA
Ni incidentes al desalojar las plazas, ni excesiva presencia de lateros, ni problemas con las fiestas alternativas. Las Fiestas de Gràcia de este año están transcurriendo de manera relativamente plácida, una tranquilidad sólo rota por el comportamiento, entre la desmemoria histórica y el bochorno político, del concejal de ERC Ricard Martínez, de quien ayer el grupo del PP pidió la dimisión.
Presidente del consejo del distrito de Gràcia -cargo de carácter honorífico en tanto que el concejal ejecutivo es Guillem Espriu (PSC)-, Ricard Martínez protagonizó un penoso incidente el pasado martes durante la inauguración de la llamada «plaça de les Dones del 36». Si hasta ahora las guerras de banderas en Gràcia, más bien escaramuzas de colegial, las había protagonizado Martínez en el balcón de la sede del distrito al retirar de manera contumaz la bandera española, el martes el enfrentamiento lo tuvo a cuenta de la bandera republicana. La situación llegó hasta tal punto que Martínez casi llega a las manos con el concejal de distrito de ICV Roger Amigó debido a la presencia en el citado acto de la bandera republicana.
Dirigiéndose a los presentes en un tono que más parecía proclama de ERC que discurso insititucional, Martínez hizo suyas las quejas por el cierre de la plaza durante la noche pese a que el proyecto se diseñó durante el pasado mandato, cuando dirigía el distrito. Tras su intervención, su asesor, en nómina municipal, colocó una bandera independentista tapando la republicana que se había colocada en el escenario.
La situación llegó hasta tal punto que Martínez casi llega a las manos con el concejal de distrito de ICV Roger Amigó
El Ayuntamiento calla
Esta acción llevó al concejal de ICV a quitar la «estelada», lo que a su vez motivó el monumental enfado de Martínez. Encendido, hasta el punto de abalanzarse sobre Amigó, denunció que la bandera republicana «no se prohíbe porque es española, como la política del distrito». De la sorpresa a la vergüenza ajena, los presentes tuvieron que separar físicamente a los protagonistas del incidente. El Ayuntamiento, sin querer valorar un incidente que se califica por si mismo, mantuvo un prudente silencio.
«Homenaje parcial»
Por su parte, el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, reclamó la dimisión del concejal republicano por un «esperpento» que le «inhabilita». De igual modo, y al margen de las banderas, Fernández lamentó que en una plaza que se llama «de les dones del 36» se homenajee sólo a una parte de las mujeres que vivieron esa época, y no a otras que también murieron, aunque «por su amor a España o por su fe católica». Xavier Trias (CiU) calificó el incidente de «lamentable».
Jueves, 20 de Agosto de 2009
Madrid
Guerra de banderas en el barrio de Gràcia
El objeto de la disputa fue la bandera republicana, que Martínez quiso tapar con una estelada independentista porque a su juicio formaba parte de "la política española del distrito", mientras Amigó quería mantenerla, hasta el punto de que ambos emprendieron una pela que terminó con las tres banderas ondeando de lado
Y. CARDO
À. G. | BARCELONA
Ni incidentes al desalojar las plazas, ni excesiva presencia de lateros, ni problemas con las fiestas alternativas. Las Fiestas de Gràcia de este año están transcurriendo de manera relativamente plácida, una tranquilidad sólo rota por el comportamiento, entre la desmemoria histórica y el bochorno político, del concejal de ERC Ricard Martínez, de quien ayer el grupo del PP pidió la dimisión.
Presidente del consejo del distrito de Gràcia -cargo de carácter honorífico en tanto que el concejal ejecutivo es Guillem Espriu (PSC)-, Ricard Martínez protagonizó un penoso incidente el pasado martes durante la inauguración de la llamada «plaça de les Dones del 36». Si hasta ahora las guerras de banderas en Gràcia, más bien escaramuzas de colegial, las había protagonizado Martínez en el balcón de la sede del distrito al retirar de manera contumaz la bandera española, el martes el enfrentamiento lo tuvo a cuenta de la bandera republicana. La situación llegó hasta tal punto que Martínez casi llega a las manos con el concejal de distrito de ICV Roger Amigó debido a la presencia en el citado acto de la bandera republicana.
Dirigiéndose a los presentes en un tono que más parecía proclama de ERC que discurso insititucional, Martínez hizo suyas las quejas por el cierre de la plaza durante la noche pese a que el proyecto se diseñó durante el pasado mandato, cuando dirigía el distrito. Tras su intervención, su asesor, en nómina municipal, colocó una bandera independentista tapando la republicana que se había colocada en el escenario.
La situación llegó hasta tal punto que Martínez casi llega a las manos con el concejal de distrito de ICV Roger Amigó
El Ayuntamiento calla
Esta acción llevó al concejal de ICV a quitar la «estelada», lo que a su vez motivó el monumental enfado de Martínez. Encendido, hasta el punto de abalanzarse sobre Amigó, denunció que la bandera republicana «no se prohíbe porque es española, como la política del distrito». De la sorpresa a la vergüenza ajena, los presentes tuvieron que separar físicamente a los protagonistas del incidente. El Ayuntamiento, sin querer valorar un incidente que se califica por si mismo, mantuvo un prudente silencio.
«Homenaje parcial»
Por su parte, el presidente del grupo del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández, reclamó la dimisión del concejal republicano por un «esperpento» que le «inhabilita». De igual modo, y al margen de las banderas, Fernández lamentó que en una plaza que se llama «de les dones del 36» se homenajee sólo a una parte de las mujeres que vivieron esa época, y no a otras que también murieron, aunque «por su amor a España o por su fe católica». Xavier Trias (CiU) calificó el incidente de «lamentable».
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